(Germán Mangione para SURsuelo)
¿Qué acuerdos se ocultan tras los anuncios de inversiones, grandes rendimientos y gigantescas ganancias que realizaron en conjunto la multinacional Monsanto y el gobierno nacional? Enterate en este informe especial de SURsuelo.
Monsanto comenzó sus operaciones en Argentina en 1956, 55 años después de haber nacido como Monsanto Chemical Works en St. Louis, Estados Unidos, donde mantiene su sede. Este gigante de los agroquímicos actualmente emplea a 14 mil personas alrededor del mundo. Y aunque declara como objetivo “ayudar a alimentar a la creciente población mundial y preservar nuestra naturaleza y medioambiente a través de la más avanzada biotecnología”, lo que ha logrado cosechar en todo el globo han sido millares de detractores que denuncian sus agresivas políticas empresariales de desprecio a las economías y al medio ambiente local.
Su fundador, John Francis Queeny, empleado durante 30 años en la industria farmacéutica, comenzó su propio negocio fabricando productos para la industria alimenticia y farmacéutica. La compañía recibió el apellido de soltera de su esposa Olga Méndez Monsanto. El primer producto de la compañía fue la sacarina y, entre 1903 y 1905, su producción total fue enviada a una compañía de bebidas que se iniciaba en Georgia llamada Coca-Cola.
En sus comienzos en el país, Monsanto se dedicó a la producción y comercialización de productos químicos, en especial plásticos derivados del estireno, y en 1978 inauguró la planta acondicionadora de semillas híbridas (girasol) en Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Durante los primeros años de la década del ‘80, Monsanto empezó a formular y a envasar agroquímicos en la planta de Zárate hasta llegar a la producción de herbicidas entre los que se encontraba el que sería su producto estrella en la guerra por monopolizar la disputa mundial del mercado: el “Roundup”.
Sin embargo, a comienzos de la década del ‘90, los cañones comerciales de la multinacional no definían su blanco y dicha planta producía y comercializaba productos plásticos derivados del estireno y agroquímicos simultáneamente. Apostando en el ‘91 a los plásticos, se aliaron en la creación de Unistar con la empresa Pasa (Petroquímica Argentina S.A.). Pero esta sociedad duró hasta el ‘96, cuando el camino de Monsanto comenzaba a tomar el rumbo y el objetivo actual: ser el amo y señor de la agricultura mundial.
El negocio de Monsanto se concentró en tres áreas:
- Agrícola: dedicada a la producción de herbicidas y semillas, incluyendo productos de biotecnología.
- Nutrición y Consumo: orientada a la producción de una nueva generación de alimentos de consumo masivo.
- Farmacéutica: desarrollo, producción y comercialización de medicamentos.
Dentro de esta estrategia a nivel mundial, Monsanto Argentina contaba hacia 1996 con plantas de formulación y envasado de herbicidas Roundup (a base de glifosato), Harness y Guardian (a base de acetoclor), Flucsol (a base de fluorocloridona) y una planta de producción de edulcorantes (NutraSweet), desprendiéndose a nivel mundial del negocio de los plásticos, que en nuestro país significó disolver Unistar, vendiéndole su parte a Pasa.
Paralelamente, y pasando casi desapercibido para la mayoría de los argentinos, el entonces secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (y actual acompañante del kirchnerismo), Felipe Solá, aprobó con su firma el uso de una semilla que cambiaría para siempre la fisonomía y la economía de la Argentina: la soja RR (Roundup Ready), el primer cultivo genéticamente mejorado aprobado en nuestro país y tolerante al herbicida a base de glifosato.
En estos tiempos que corren, prácticamente el 100% de la soja que se cultivará será transgénica, resistente al herbicida glifosato (soja RR). En base al modelo matemático de simulación SIGMA desarrollado por el INTA, se calculan en más de 20 mil millones de dólares los beneficios económicos generados por la soja de Monsanto hasta el 2006.
En 1998 y profundizando el negocio de las semillas, Monsanto, que a esa altura facturaba alrededor de 7500 millones de dólares, compró las semilleras Dekalb Genetics Corporations y Delta & Pine Land Company, con la que un año antes se había asociado para la producción y comercialización de semillas de algodón mejoradas mediante ingeniería genética (sociedad que dio origen a Genética Mandiyú S.R.L). También suscribió ese año una carta de intención de asociación con el otro gran gigante del negocio de los alimentos en el mundo: Cargill.
El ‘98 fue el año de la “nacionalización” del glifosato. Se iniciaron en la planta de Zárate las obras de un plan de inversión de 136 millones de dólares en el negocio de agroquímicos, con el objetivo de instalar una planta de producción de glifosato (que hasta ese momento se importaba de los Estados Unidos), una línea de producción de herbicidas sólidos granulados (Roundup Dry) y una línea de envasado automático de Roundup.
Los proyectos de expansión finalizaron en el 2000 con la inauguración de la planta de glifosato con capacidad de producción de 120 millones de litros equivalentes de Roundup. Para acompañar “el crecimiento”, el menemismo le dio otro empujoncito a la multinacional aprobando la siembra, consumo y comercialización del maíz Bt y del algodón Bt. Y en 2001, mientras los argentinos empezábamos a pensar que se tenían que ir todos, el directorio de Monsanto festejaba quedarse a través de otra expansión de la mano del Estado: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación aprobó la siembra y comercialización del algodón RR, también con tolerancia al herbicida Roundup a base de glifosato.
En 2002, ya con gran parte de la Argentina y de América Latina inundada de las semillas modificadas por Monsanto, la empresa se transformó en una compañía única dedicada exclusivamente a la agricultura, concentrándose en la investigación, desarrollo y producción de herbicidas, semillas y productos de biotecnología. Dos años después, se repitió la historia. La empresa inauguró una planta de investigación y desarrollo de semillas y agroquímicos en Fontezuela, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires y, paralelamente, recibió del Estado la aprobación para la siembra, consumo y comercialización de un nuevo cultivo transgénico: el maíz RR.
En 2007, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación aprobó el primer evento doble para maíz (MGRR2) y en 2009 el primer evento apilado para el cultivo de algodón. Las variedades de algodón con tecnología BG/RR tienen, en la misma planta, dos modificaciones genéticas.
Finalmente, luego de firmar en agosto de 2009 un acuerdo con Syngenta para vender sus activos mundiales en girasol a esta compañía, Monsanto se enfocó en semillas y eventos biotecnológicos de sus cultivos claves -maíz, soja, algodón y vegetales- y firmó un Acuerdo de Colaboración con la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid).
Monsanto modelo 2012
Actualmente, repitiendo la historia de inversiones por aprobaciones, luego del anuncio de inversiones en Córdoba para una nueva planta industrial para la producción de semillas de maíz, Monsanto consiguió la firma del secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, que dispuso la liberación comercial de la soja “Intacta RR2 Pro”, modificada genéticamente para lograr un cultivo resistente al glifosato pero también al ataque de insectos. Una firma que promete profundizar el camino que arrancó en el ‘96 con la firma de Solá: más soja transgénica, más glifosato y más ganancias para la multinacional.
Desde aquella firma, la tierra sembrada con soja resistente a los herbicidas pasó de 370 mil hectáreas en 1996 a las actuales 18.8 millones de hectáreas. En Argentina se sembrarán en la próxima temporada 22 millones de hectáreas de soja transgénica bajo la técnica de siembra directa. Esto ha hecho que la compañía estadounidense gane fortunas. Monsanto declaró que las ganancias generales aumentaron un 44% en 2007 con respecto al año anterior y un 120% en el 2008 en relación con el 2007. Y en la primera mitad de su ejercicio fiscal 2012 ganó 1337 millones de dólares, el 30,2% más interanual, impulsado por el crecimiento de sus negocios en América Latina. Y es entendible. Este año se aplicarán más de 300 mil millones de litros de glifosato sobre toda la superficie cultivada con soja en Argentina (100 mil más que en 1996).
En 2011/2012, casi el 100% de la superficie de soja fue sembrada con soja tolerante al herbicida glifosato (18.8 millones de hectáreas), la superficie total de transgénicos fue de 23,6 millones de hectáreas, unas 0,8 millones de hectáreas más que en la campaña anterior (equivale a un aumento del 3,2%). Con el 15% de la superficie global de organismos genéticamente modificados (OGM), Argentina es el tercer país productor de transgénicos después de Estados Unidos y Brasil.
Pero el Gobierno nacional parece analizar desde otra óptica esta “nueva amistad”. Dinero fresco para el 2013, un año electoral. Según un trabajo realizado por el Dr. Eduardo Trigo para el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología, ArgenBio, este proceso de adopción le ha reportado al país a lo largo del período 1996/2010 un beneficio bruto acumulado de 72.645,52 millones de dólares. Norberto Yahuar, el actual ministro de Agricultura, afirmó que la aprobación de esta nueva soja transgénica permitirá incrementar en un 11% la producción del grano en la misma cantidad de suelo, según estudios ya realizados en Brasil.
Y ese parece ser el mayor atractivo de la alianza. Se prevé que en 2012/13 se siembre una superficie mayor a 22 millones de hectáreas que, en condiciones climáticas normales, arrojaría una cosecha de más de 60 millones de toneladas. El Estado argentino recauda unos 12 mil millones de dólares por año en concepto de retenciones a las exportaciones de soja, casi el 9% de la recaudación total. Y con esta aprobación aumentaría considerablemente la cifra al incrementarse la productividad por hectárea.
Ley a medida
Pero no todo fue siempre un idilio de ganancias millonarias y firmas regaladas entre la multinacional y el Estado argentino.
Como se mostró en el informe especial de la edición de enero de 2011 de SURsuelo sobre la discusión de la ley de semillas: “Monsanto no patentó la soja RR en Argentina cuando la introdujo, sino que en el 94/95 ‘dejó’ que ingresara a través de subsidiarias como Asgrow, Nidera o Syngenta. En aquel momento el negocio central de implantar la soja RR nada tenía que ver con las semillas sino, principalmente, con el gran negocio del glifosato, con un mercado casi monopólico por ser los únicos proveedores. Cuando se termina la patente sobre el glifosato, la empresa empieza a plantear la cuestión de la patente de la soja RR y el Inti aclara que no puede dársela porque no es novedad. Como no lograron avanzar en el chantaje a la Argentina, intentaron embargos en los destinos de nuestra producción de harina y aceite de soja en Holanda, Alemania, España y Bélgica. La UE le dice que primero no lo patentó en Argentina y especifica que en los barcos de harina de soja el ‘evento patentado’ no tiene ningún rol sino que tiene facultades en la semilla. No se puede extender por lo cual la petición no corresponde. Y en los cargamentos de granos tampoco corresponde el reclamo porque los mismos son utilizados para comida y materia prima, por lo cual no hay situación que proteger. De esta manera, Monsanto pierde una de las guerras comerciales más grandes de su historia”.
Segundo round
Pero ahora parece venir por la revancha, y esta vez atando los cabos que allá por 1996 quedaron sueltos.
La Ley de Semillas actual 20.247 se basa en dos pilares: la adopción del principio del derecho del obtentor como sistema de propiedad intelectual y la adhesión que hace la Argentina en 1978 al convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov/Acta 78) que refuerza como propiedad intelectual el derecho del obtentor. Según comentaba Luis Contigiani, actual secretario de los Sistemas Agropecuario, Agroalimentario y de Biocombustibles de la provincia de Santa Fe: “Desde la década del ‘90 existen fuertes presiones de las grandes corporaciones y multinacionales -principalmente ‘yanquis’- para equiparar el derecho del obtentor al derecho industrial o de patentes”.
En la ley actual, basándose en el principio del obtentor (aquel que ha creado, descubierto y puesto a punto una variedad), quien patenta un evento genético no se transforma en dueño de la semilla sino que le da exclusividad con fines comerciales. No puede limitar el uso propio ni la futura investigación. Hoy cuando el productor tiene su semilla fiscalizada y legal, la guarda y la vuelve a utilizar para sembrar en la nueva campaña agrícola o cuando es utilizada como materia prima sin finalidad de comercialización, no entra dentro del control del obtentor.
En cambio, con la Ley de Patentes (similar a la Ley de Patentes Industriales) que impulsan los grandes semilleros, apuntan a transformarse en dueños de todo. Y la tendencia es tratar de extender esa propiedad a los derivados de las semillas. Al ser dueños de la patente de una variedad, por lo cual son propietarios de determinada semilla, se les puede ocurrir pedir que en el derivado de esa semilla, su evento genético tenga algún efecto económico o de control, por lo que les daría derechos sobre ese derivado.
“Las señales que hemos visto recientemente del Gobierno argentino han sido muy contundentes y muy claras. La Argentina ha sido amigable con esta tecnología desde el principio y ahora está nuevamente tomando las medidas necesarias”, dijo el responsable de los negocios de Monsanto en el mundo, Jesús Madrasa.
Y en ese sentido resulta por lo menos sugerente que paralelamente a la aprobación de este nuevo evento transgénico (RR2 PRO), las autoridades nacionales anuncien la pronta aprobación de una nueva Ley de Semillas. Según la edición del 22 de agosto del diario Página/12: “El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, adelantó ayer que se enviará al Congreso para su tratamiento un proyecto de una nueva Ley de Semillas antes de fin de año. Anticipó que el núcleo de la iniciativa apuntará a ‘respetar la propiedad intelectual’”. Y completó: “Lo lógico es que todo el desarrollo que hacen tanto el Estado como empresas privadas tengan un respaldo en el resguardo de esa propiedad intelectual”.
En ese marco, la Federación Agraria denunció que la empresa comenzó antes de la aprobación de la nueva soja a realizar acuerdos privados con grandes productores en los que los compromete a una serie de condiciones leoninas para permitirles el uso de su semilla. Entre ellas, eliminar la posibilidad del uso propio o directamente limitar el uso de la semilla a quienes no hayan firmado ese acuerdo.
Lo preocupante de estas afirmaciones es cuál será el concepto de propiedad intelectual que se utilice. Si la nueva Ley de Semillas logra introducir, en aras de una supuesta modernización, conceptos similares a los utilizados en la industria sobre las patentes (como el de las regalías extendidas), Monsanto y los dueños mundiales del negocio de la genética habrán ganado otra batalla.
Menos agricultores, más contaminación, más Monsanto
Si la lucha de los pueblos fumigados por su salud y por una regulación que impida la contaminación masiva que sufren a lo largo y ancho del país y el avance de la frontera sojera sobre los territorios indígenas parecen importar poco en las cuentas del gobierno, menos parece importar que para profundizar el “modelo Monsanto” se necesiten menos productores y más concentración de tierras.
Como aclara el estudio de la consultora Morning Star, firmado por el analista Jeffrey Stafford al exponer las dificultades de la introducción de las semillas de Monsanto masivamente en China: “En nuestra opinión, una diferencia clave entre los mercados de semillas chinas y brasileñas es el tamaño de las granjas. La granja promedio en Brasil es mucho mayor que en China, grandes extensiones han llegado a dominar el paisaje agrícola en América del Sur. De hecho, las granjas en Brasil son generalmente más grandes que las de los Estados Unidos. En China, la mayoría de los productores de maíz sólo tienen unas pocas hectáreas de tierra y gran parte del trabajo se sigue haciendo a mano. Creemos que la capacidad de Monsanto para dirigir un menor número de agricultores en América del Sur ha llevado a la penetración acelerada. En China, la tasa de penetración de Monsanto en el mercado podría ser más baja al tener que tratar de cambiar las decisiones de compra de semillas de muchos más agricultores”.
Pero aquí, en Argentina, el camino parece estar liberado con la desaparición de más de 60 mil productores del 2002 al 2008, el desalojo de comunidades originarias, la invisibilización de los efectos perjudiciales a la salud de los agroquímicos, el reinado de los pooles de siembra y los terratenientes.
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