Hoy a las 18.00, en Plaza Libertad, se expresará rechazo al fallo de la mayoría de la SCJ que bloquea juicios por crímenes de la dictadura.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se instaló en el ojo de la tormenta como consecuencia de sus últimos pronunciamientos vinculados a los derechos humanos. El viernes hizo doble mérito: por un lado, rechazó la invitación de la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para explicar los motivos del traslado de la jueza Mariana Mota; por otro, confirmó el fallo que declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley Nº 18.831, interpretativa de la Ley de Caducidad.

La primera resolución se manejaba en los días previos. La SCJ declinó la invitación realizada por el Parlamento para explicar los fundamentos del traslado de la jueza Mariana Mota desde la órbita penal a la civil. El comunicado firmado por los cinco ministros recuerda otras oportunidades en las que la SCJ concurrió al Palacio Legislativo, aunque también menciona la pertinencia del pedido de informes ante este tipo de situaciones. A raíz de esto, dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) analizan la posibilidad del juicio político.

Esa misma mañana, la SCJ dictó la sentencia por la cual los artículos 2 y 3 de la ley Nº 18.831 fueron declarados inconstitucionales. Fue aprobada por cuatro votos a uno: avalaron esa posición los ministros Julio César Chalar, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Jorge Ruibal Pino, mientras que Ricardo Pérez Manrique votó en contra.

La mayoría de la SCJ sostiene, invocando principios doctrinarios e interpretación de las normas constitucionales del país, que las personas tienen derecho a que no se les apliquen, en forma retroactiva, normas penales más severas que las que estaban vigentes cuando ocurrieron los hechos de los que son acusadas, y a que no se les tipifiquen delitos que no existían en aquel momento en el ordenamiento jurídico.

Retroceso

La Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunciará hoy en rechazo a la declaración de inconstitucionalidad de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad. El Servicio Paz y Justicia de Uruguay expresó el viernes su “consternación e indignación” por el pronunciamiento de la SCJ. Calificó la decisión como un “gravísimo retroceso a la aplicación de la justicia frente a los horrores ocurridos en nuestro pasado reciente” y entendió que “incumple manifiestamente” la sentencia de la CIDH en el caso Gelman. También destaca el fallo discorde del ministro Ricardo Pérez Manrique.

A criterio de Chalar, Chediak, Larrieux y Ruibal Pino, este “valor absoluto” es una “garantía implícita e inherente a la personalidad humana o derivada de la forma republicana de gobierno”, que da seguridades “contra cualquier actuación arbitraria de la ley penal” y, por lo tanto, no es aceptable que la ley Nº 18.831 declare que una serie de delitos cometidos durante la dictadura son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben, porque se perpetraron cuando Uruguay aún no había aceptado las normas internacionales que definen esos crímenes como imprescriptibles.

Con respecto a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de la SCJ considera inadmisible que prevalezcan sobre la Constitución uruguaya, y se aventura incluso a discutir la interpretación, por parte de la CIDH, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El fallo sólo tiene efectos para el caso por el que fue presentado el recurso de inconstitucionalidad, pero es evidente que la opinión de la actual mayoría de la SCJ prevalecerá en todas las situaciones similares, de modo que en las causas reabiertas, iniciadas o a iniciarse se aplicaría el mismo criterio de que los delitos ya no pueden ser juzgados.

La posición minoritaria de Pérez Manrique se apoya en dos pilares básicos. Por una parte, señala que Uruguay incorporó los crímenes de lesa humanidad a su ordenamiento jurídico en 1945, cuando reconoció al Tribunal Militar Internacional formado para juzgar en Nürenberg las atrocidades cometidas por los nazis, y la existencia de los delitos imprescriptibles definidos por su Estatuto. A esto se suma que el Estado uruguayo ya ha reconocido expresamente que la dictadura cometió crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, recuerda que, cuando la propia SCJ declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en 2009, afirmó que “en la medida en que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana, ellos limitan la soberanía o potestad estatal, no pudiendo invocarse esta última para justificar su vulneración o para impedir su protección internacional, no pudiendo invocarse el principio de no intervención cuando se ponen en ejercicio las instituciones, los mecanismos y las garantías establecidas por la comunidad internacional para asegurar la protección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda persona y de todas las personas que forman parte de la humanidad”.

Los fundamentos de una y otra posición reeditan una larga polémica nacional e internacional, que de hecho comenzó también con los juicios de Nürenberg: hasta hoy hay quienes sostienen que fueron ilegítimos porque a los nazis se les tipificaron delitos que no existían en el ordenamiento jurídico alemán cuando cometieron genocidio, entre otros crímenes.

Los primeros casos

Las primeras causas que serían archivadas a raíz de este pronunciamiento son la del coronel Tranquilino Machado por el caso Ramón Peré, la del policía retirado Ricardo Zabala por el caso Julio Castro, y la de los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, quienes habían sido denunciados por Orlinda Falero y Julio Martínez, secuestrados y detenidos en el centro clandestino Automotores Orletti, en Buenos Aires, en 1976. No sucederá así con los procesos contra Miguel Dalmao por el caso Nibia Sabalsagaray y contra Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Gregorio Álvarez, ya que se les tipifica otros delitos que contaban con otra fecha de prescripción.

Cuidadito

El diputado nacionalista José Carlos Cardoso propondrá hoy al directorio del Partido Nacional (PN) analizar la convocatoria anunciada para las 18.00 en respuesta al fallo de la SCJ, que estableció como inconstitucional dos artículos de la ley que restableció la pretensión punitiva del Estado para los “delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”. Según Cardoso, en este caso se busca “movilizar para intimidar a los jueces”, dado que la convocatoria es en la plaza Libertad, donde se ubica la sede de la SCJ. “¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Festejar la independencia de poderes?”, ironizó el diputado, que advirtió que “se puede configurar atentado a la Constitución”. Según Cardoso, el PN debe “expresarse” sobre lo que acontecerá y defender a la SCJ en su “autonomía” y “soberanía” para resolver. “No hay que intimidarlos, sino dejarlos trabajar tranquilamente”, sostuvo, agregando además que los ministros “no están jugando a los políticos”.

Por su parte, la viuda de Hector Gutiérrez Ruiz y actual concejal del Municipio Ch de Montevideo, Matilde Rodríguez Larreta (Alianza Nacional), dijo que no concurrirá a la concentración, aunque expresó que cada ciudadano es “libre de manifestar su opinión”.

Consultado por la diaria, el constitucionalista José Korzeniak ratificó que la SCJ ignora la noción de “derecho internacional humanitario”. “Esa tendencia del derecho internacional establece que si hoy encuentran a un nazi que participó en el Holocausto lo llevan y le hacen un juicio, como les hicieron a otros. Esa tendencia del derecho internacional humanitario fue ratificada en el Tratado de Roma, al que Uruguay suscribió hace unos ocho o diez años”, explicó.

Respecto de la prescripción del delito de desaparición forzada, Korzeniak plantea que “si la víctima todavía está desaparecida la prescripción ni siquiera entró en vigencia, ya que empieza a correr cuando cesa el delito, si lo desaparecieron y no concluyó el delito no corre la prescripción”.

Estamos convocados

Organizaciones de defensa de los derechos humanos, el PIT-CNT y el Frente Amplio convocan una concentración a las 18.00 en la plaza Libertad para luego concurrir al Velódromo Municipal a un acto organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La oposición criticó esta convocatoria. El diputado nacionalista José Carlos Cardoso advirtió que se trataría de una posible configuración de “atentado a la Constitución” (ver recuadro). La senadora Lucía Topolansky respondió ayer, en declaraciones a El Espectador, que la posición del MPP es convocar a la manifestación en apoyo a la posición del juez Pérez Manrique y no en rechazo del fallo, lo cual no implicaría un atentado a la Constitución.

Las repercusiones favorables al fallo de la SCJ fueron las esperadas. Desde la cárcel de Domingo Arena Jorge Pajarito Silveira dijo a la agencia Reuters que criticaba la convocatoria al expresar que “van a hacer una manifestación porque el pueblo está en contra de lo que hizo la SCJ, y el pueblo, la mayoría del pueblo, es el que la ratificó dos veces con los votos”. Respecto del fallo de la SCJ, Silveira opinó que “primó la lógica” y pidió que finalicen las denuncias: “Nos tienen presos a nosotros, que se queden contentos”.

Las repercusiones por el fallo de la SCJ tuvieron alcance internacional. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (institución que ya había pedido información sobre el traslado de la jueza Mota a la Institución Nacional de Derechos Humanos), Navi Pillay, expresó en un comunicado su preocupación por la declaración de inconstitucionalidad de la ley Nº 18.831. “Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, afirmó la jerarca, quien está en su cargo desde 2008.

Galeano: “Corte de Justicia parece muy suprema pero en la injusticia”

“Los países o las personas presas del miedo no son en verdad libres. La vocación de esta tierra es de valentía y dignidad, que viene de los tiempos de Artigas cuyos mensajes siguen vivos entre nosotros”, dijo el poeta y escritor Eduardo Galeano, presente como miles de compatriotas en el acto cumplido en la Plaza de Cagancha y ante la Suprema Corte de Justicia.

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“Asisto a este acto con mucha indignación, porque ésta Suprema Corte de Justicia parece ser muy suprema pero en la injusticia”, enfatizó. “Están cumpliendo un triste papel para el país”.

También apuntó a “los políticos que les han encomendado: porque ellos fueron los que los han nombrado, quizás para borrar la memoria, para castigar la dignidad y para perpetuar el miedo”. Reconoció a “la gran cantidad de gente que se ha reunido, y a los muchos que no vinieron y que sin embargo, sin estar, están, son los que no quieren un país prisionero del miedo porque los países o las personas presas del miedo no son en verdad libres”.

Un recuerdo para los civiles cómplices

Para Galeano, “las dictaduras del cono Sur, fueron cívico-militares en el sentido de que contaron con apoyo de algunos civiles que se prestaron a ese juego y sirvieron a los militares”.

Recordó en tal sentido que “algunos políticos fueron los que los llamaron a limpiar la casa pensando que una vez hecha la tarea se iban a retirar a los cuarteles. Pero no: le tomaron el gustito al poder y se quedaron a matar para robar, algo que nunca tuvieron la franqueza de decir”, señaló en declaraciones que publica el diario La República.

El escritor acompañó las estrofas del Himno Nacional, con una multitud que después mantuvo el silencio acordado, no obstante lo cual decenas que le reconocieron, aprovecharon para saludar y rendir su homenaje a uno de los más destacados representantes de las letras uruguayas contemporáneas.

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El principal punto de conflicto fue el mantenimiento del contingente uruguayo en las tropas de la ONU que se encuentran en Haití, donde el MPP había votado la permanencia, como los demás sectores frenteamplistas.

Pérez dijo que las tropas lo que en realidad hacen en la nación caribeña es “participar de la intervención militar de un país soberano y reprimir a los obreros y los trabajadores”.

La vicepresidenta del Frente Amplio Ivonne Passada, dijo que la postura uruguaya sobre Haití, esta sustentada en resoluciones de la UNASUR, y que “Uruguay no puede salir de ese marco”. Reconoció no obstante que “Esteban es un militante en todos los ámbitos”, en referencia al legislador saliente.

MPP: “Es una cueva de lobos”

El dimitente recordó que no era el primero en abandonar al MPP, sino que ya Jorge Marenales lo había hecho en similares circunstancias por discrepar con el Ejecutivo del sector. “Es una cueva de lobos, el compañero es el lobo del compañero”, dijo Pérez, en declaraciones que publica el diario La República.

El sábado último el MPP decidió pasar a una comisión de ética, la disidencia de Pérez, pero al ponerse al tanto de las críticas que se le formularon, éste se limitó a anunciar su renuncia verbalmente.

El martes oficializó la dimisión y dijo que para cuando comience la próxima legislatura abandonará su banca.

Se trata del segundo diputado del MPP que abandona la banca el próximo 1º de marzo: también renuncia Álvaro Vega, aunque las circunstancias generales son diferentes, pero también por disentir con la cúpula del movimiento.