El jefe del Ministerio Público respaldó una demanda que va contra esa norma.
Alejandro Ordóñez pidió a la Corte Constitucional que tumbe la ley que castiga con cárcel a quien discrimine a una persona por su raza, su religión o su condición sexual por considerar que viola los derechos a la libre expresión y la libertad religiosa.
En un concepto, el Jefe del ministerio Público respaldó la demanda presentada por el abogado Víctor Velásquez contra la norma -conocida también como Ley Mira- y aseguró que es inconstitucional llevar a la cárcel a las personas solo por expresar posturas ideológicas, religiosas o morales.
El senador Carlos Baena, quien fue uno de los impulsores de la norma, señaló que la eventual caída de la misma "sería un retroceso, pues la ley es producto de una serie de tratados y compromisos en derechos humanos asumidos por Colombia".
Baena dice que no hay contradicción entre lo que establece la ley y las libertades constitucionales de cátedra, libre expresión y de culto. Y advierte que enseñar no es lo mismo que agredir o discriminar a una persona o a un sector por el mero hecho de su condición sexual, que es lo que sí castiga la ley.
El Procurador consideró que la forma como fue redactada la Ley "permite suponer que cobija conductas o situaciones que, al menos en principio, se encuentran permitidas por la Constitución, pues obedecen al ejercicio de derechos y libertades reconocidos en la misma Carta Política (...) y podrían conducir a nuevas e incluso a peores discriminaciones u hostigamientos que los que se pretenden sancionar".
Y agrega: "O peor, las normas demandadas incluso podrían impedir que los padres de familia eduquen libremente a sus hijos, ya sean niños o adolescentes, a pesar de que ésta es una libertad y un derecho que también se encuentra reconocido en la Constitución y en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos".
El demandante, citando pasajes bíblicos como el Génesis, Levítico, Deuteronomio, el Apocalipsis y la Carta de San Pablo a los Corintios, afirmó que los creyentes de todas las religiones y sus libros sagrados reprochan comportamientos como la homosexualidad y, agregó, algunas confesiones "prohíben relacionarse con esas personas", posiciones que por ser declaradas como delito, según la Ley Antidiscriminación, violan la libertad de expresión.
Lo mismo ocurriría con acciones de obispos o ministros de otras religiones en el momento que siguiendo las enseñanzas de sus profesiones decidan retirar a pastores o sacerdotes homosexuales, "porque desde el punto de vista religioso es un corrupto". Esta situación, a juicio del demandante vulnera la libertad religiosa.
La demanda también citó casos como el de un dirigente deportivo y un sacerdote que fueron obligados a retractarse por denunciar la presencia de homosexuales en el arbitraje del fútbol y mostrarse en contra de la adopción de niños por parte de parejas gay.
La norma demandada, la Ley 1482 del 2011, reforma el Código Penal y en ocho artículos protege los derechos de persona, comunidades o pueblos que son objeto de actos de racismo o discriminación y convierte esta conducta en delito.
Al igual que el demandante, Ordóñez cuestiona que se incluya como delito la discriminación por la orientación sexual en forma general y amplia. El tipo penal incluido en la ley, podría llevar a la cárcel a quien por razón de sus convicciones religiosas, ideológicas o políticas haga algún tipo de declaración o acto en contra de la opinión mayoritaria, advirtió el funcionario.
En su pronunciamiento consideró que el delito creado no establece un límite para ejercer la autonomía y libertad de conciencia, religiosa, de expresión, de educación o de cátedra.
Según Ordóñez, la Presidencia de la República, en su momento, objetó la Ley Antidiscriminación con un argumento similar al que él expuso en el concepto. El Congreso terminó aceptando los cuestionamientos del Ejecutivo y sus observaciones fueron acogidas en la redacción final del texto sancionado por el Primer Mandatario, indicó.
REDACCIÓN JUSTICIA
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