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General: Crece la polémica por el fallo de la Corte uruguaya .-
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| De: Ruben1919 (Missatge original) |
Enviat: 28/02/2013 12:25 |
DERECHOS HUMANOS Crece la polémica por el fallo de La Corte uruguaya
Una marcha multitudinaria alentada por la izquierda gobernante y una declaración conjunta de tres expresidentes conservadores elevaron el tono de la polémica desatada en Uruguay.El viernes pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional la ley que evitaba la prescripción de delitos cometidos durante la última dictadura.Miles de uruguayos se concentraron a última hora de la tarde en la Plaza Cagancha, en el centro de Montevideo, frente a la sede de la SCJ, y se mantuvieron casi una hora en lugar, en silencio, como demostración de rechazo a ésa y a otras decisiones adoptadas recientemente por el tribunal. La SCJ resolvió que es inconstitucional una ley que en 2011 declaró imprescriptibles las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura.La marcha fue convocada por el Frente Amplio (FA) gobernante y contó con la adhesión de la central obrera PIT-CNT y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin altavoces, discursos ni consignas de ningún tipo, los manifestantes se limitaron a conversar entre sí, y al final del acto la multitud, antes de disolverse, estalló en aplausos y entonó el Himno Nacional, describieron las agencias de noticias ANSA y EFE.
Entre los asistentes, de toda edad y condición, hubo dirigentes políticos y sociales como la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, el escritor Eduardo Galeano y el exvicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas, uruguayo de nacimiento.
“Aprendí hace muchos años que la vida consiste en elegir entre indignos e indignados, y yo estoy siempre con los indignados; me parece que ha sido indigna esta Suprema Corte, que practica la injusticia y que, además de practicarla, prohíbe la memoria y castiga la dignidad”, afirmó Galeano.
El viernes, la SCJ resolvió que es inconstitucional una ley que en 2011 declaró imprescriptibles las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura (1973-85).
"Me parece que ha sido indigna esta Suprema Corte, que practica la injusticia y que prohíbe la memoria y castiga la dignidad”
Eduardo Galeano
Según diversas interpretaciones, la medida restablecerá la vigencia de la Ley de Caducidad (amnistía, sancionada en 1986 y ratificada en plebiscitos en 1989 y 2009) y ocasionará seguramente el archivo de medio centenar de investigaciones judiciales y la libertad de dos ex militares que están en prisión.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) afirmó en una declaración difundida hoy en Montevideo que la resolución de la SCJ “representa una afrenta para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares” porque “amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse”.
No obstante, el comunicado reconoció que “el fallo mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales investiguen y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables”.
La crítica de AI se sumó a la que formuló ayer la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien manifestó que se sentía “sorprendida y preocupada” por la posibilidad de que “estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia”.
Paralelamente, los expresidentes conservadores Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle emitieron hoy una declaración conjunta en la que advirtieron que el “retorno de actitudes antidemocráticas” puede “arrastrar a tiempos de confrontación que no deben repetirse”.
“No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”, afirmaron.
Los colorados Sanguinetti (presidente en 1985-90 y 1995-2000) y Batlle (2000-05) y el blanco Lacalle (1990-95) gobernaron Uruguay durante los 20 años que mediaron entre la restauración de la democracia tras la última dictadura y el ascenso al poder del FA, con el entonces mandatario Tabaré Vázquez, antecesor de Mujica.
La tensión alrededor de la SCJ, que llevó a sectores del oficialismo a alentar la posibilidad de promover juicio político a sus miembros, comenzó el 15 de este mes, cuando el tribunal trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes relacionados con denuncias sobre la última dictadura.
Y se acrecentó la semana pasada, antes de la controvertida resolución del viernes, cuando declaró inconstitucional una ley impulsada por el FA que pretendía evitar la concentración de la propiedad de la tierra en el país.
Martes, 26 de febrero de 2013 |
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Recordemos lo que dice google de Tabaré Vázquez sobre la ley de caducidad :
Política de Derechos Humanos
Tabaré Vázquez (izquierda) y su vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, en automóvil descubierto desde el Palacio Legislativo (al fondo) hasta el Palacio Estévez, el 1 de marzo de 2005.
[editar] Delitos de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1985
Previo a asumir la Presidencia del Uruguay e incluso antes de ser elegido presidente, Vázquez promovía la idea de aclarar hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar entre los años 1973 y 1985, tales como desapariciones forzadas, torturas, sin castigar a los culpables. El 1 de marzo del 2005, fecha en que asume la presidencia, en su oratoria a la Asamblea General Vázquez dijo:
Reconozcamos que 20 años después de la recuperación de la democracia aún subsisten zonas oscuras[38]
También expresó que aclarar la verdad de lo acontecido era sumamente necesario para que aquello que sucedió en dicha época no vuelva a suceder. "Nunca más" dijo.
Las primeras medidas que tomó el gobierno frenteamplista en lo que a estos temas corresponde fueron la recolección de información extraoficial de algunos presuntos lugares donde militares habrían enterrado a sus víctimas luego de darlas por muertas, y la orden formal a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de que recabaran y comunicaran la información que existiera sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Los informes así recibidos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea confirmaron por primera vez la muerte en la tortura de 23 personas desaparecidas cuya detención nunca se había admitido, y la ejecución deliberada de dos mujeres en igual situación [39] Sobre la base de las informaciones recibidas se comenzó con la excavación de los lugares citados por las fuentes, a cargo de antropólogos nacionales e internacionales. Pero solo recién el 29 de noviembre del 2006, en una chacra de Pando aparecería el primer desaparecido, el militante comunista, Ubagesner Chávez Sosa.[40] La información de su paradero fue suministrada por militares de la Fuerza Aérea. Apenas unos días más tarde de la gran conmoción, aparecería, el 2 de diciembre el segundo (y hasta ahora el último) cuerpo encontrado. En este caso se trataba de Fernando Miranda, quién fue encontrado gracias a un anónimo que le hizo llegar a las Oficinas de Presidencia un mapa del lugar del entierro, en el Batallón 13.[41]
Durante todo este tiempo, el presidente Vázquez se ha mostrado firme en no anular la Ley de Caducidad,[42] que es una ley vigente en Uruguay mediante la cual se estableció que los delitos cometidos por militares, policías y civiles durante la dictadura quedaran amnistiados argumentando que fue el pueblo quién la votó en 1985 y no la derogó en 1989. De esta manera, era imposible que se cometiera justicia para con los culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años. Es entonces que el 31 de octubre del 2005, Vázquez deja afuera de la ley los casos de Washington Barrios y Horacio Ramos. Luego de estos casos se excluyó a otros como el de Claudia García de Gelman, el 12 de diciembre de ese año y de cuarenta y tres casos más hasta la fecha.[43]
Estas exclusiones de la Ley de Caducidad permitieron condenar a las "cabezas" de lo que fue la dictadura militar, tales como Nino Gavazzo, acusado de ser el responsable de la muerte de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ricardo Medina, José Silveira, el ex canciller Juan Carlos Blanco, y otros tantos más. Pero sin duda los procesamientos que más relevancia tuvieron dentro del país fueron los de los dos ex presidentes de facto que hoy en día viven, Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez. Álvarez negó conocer en absoluto el Plan Cóndor y dijo a la prensa que sabía que iba a morir en la cárcel.[44] Posteriormente el BPS suspendió la jubilación que ambos percibían como ex Presidentes de la República. "
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