URUGUAY: LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (SCJ) ACABA DE CONSUMAR EL GOLPE "BLANDO LEGAL"//Resolución de la SCJ provocará archivo de causas por delitos durante la dictadura//La SCJ cierra definitivamente investigaciones por derechos humanos//Suprema Corte no irá al Parlamento//Veja y Al Jazeera atacan a Mujica y a la Justicia uruguaya//PIT-CNT,FA,Familiares,HIJOS, organizaciones DDHH, FEUU,FUCVAN,CRYSOL organizaciones sociales convocan a concentración// LOS IMPUNES Y SUS CÓMPLICES CIVILES, NO PASARÁN!!!! PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY//PVP denunciará a la SCJ ante la Corte Interamericana//BAJO LA TOGA Y SIN PELUQUÍN. ¿QUIÉNES SON LOS MINISTROS DE LA SCJ? //Huidobro vuelve a buscar al "traidor"//Las suspicacias del avión de Airclass
URUGUAY: LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (SCJ)ACABA DE CONSUMAR EL GOLPE "BLANDO LEGAL"
Se acaba de consumar lo que ya se venía previendo: la Corte Suprema de INjusticia acaba de cerrar PARA SIEMPRE - SEGUN ELLOS - las investigaciones y procesos por los delitos de lesa humanidad y todas las violaciones a los DDHH. Y lo hace pisoteando la voluntad manifiesta de LA MITAD DEL ELECTORADO QUE EN SU MOMENTO SE PRONUNCIÓ POR TERMINAR CON LA IMPUNIDAD. Y los dinosaurios todavía se atreven a hablar en nombre de la democracia y del interés ciudadano. Qué hipócritas !.
Con ello se ha hecho realidad el GOLPE BLANDO estilo Honduras y Paraguay. Se acaba de LEGALIZAR EL FASCISMO, la SCJ acaba de resolver que NO ES ILEGAL asesinar personas por motivos políticos, asesinar prisioneros políticos, secuestrar y hacer desaparecer a opositores políticos, robar bebés de presuntos opositores al régimen, así como tampoco es ILEGAL la tortura masiva contra los prisioneros, las violaciones de los mismos, el encierro de los prisioneros en condiciones inhumanas durante mas de un decenio. La SCJ ha saltado al campo del fascismo MILITANTE tomando resoluciones e interviniendo en el proceso político. La SCJ cree que con ello cierra PARA SIEMPRE la investigación de todas las tropelías e ilegalidades del período dictactorial. Con esto acaba de LEGALIZAR AL FASCISMO.
La SCJ pasa DE HECHO Y POR RESOLUCIÓN a ser culpable de asistencia a la asociación ilicita para delinquir (la integrada por mafia militar secuestradora, desaparecedora y ladrona de bebés), la SCJ pasa a ser culpable del delito de incitación al delito de lesa humanidad en la medida que lo acaba de declarar IMPUNE, la SCJ es culpable de asistencia al atentado a la Constitución (ya no en grado de conspiración sino de CONSUMACIÓN), la SCJ ha tomado resoluciones atentatorias contra todas las resoluciones internacionales sobre CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, la SCJ viola esas disposiciones internacionales así como las convenciones internacionales contra la tortura, contra la desaparición forzada de personas y por crímenes de guerra y tratamiento a los prisioneros de guerra, Convenciones y tratados RATIFICADOS POR URUGUAY. La SCJ desde el ángulo del derecho internacional viola gravemente dichos tratados pertinentes que han sido firmados y ratificados por Uruguay. La SCJ se coloca en una situación muy dudosa desde el punto de vista del derecho internacionalmente aceptado ya que como es sabido estos tratados y convenciones están por encima de las disposiciones que cada país pueda hacer sobre los tópicos de referencia.
Políticamente y en lo nacional la SCJ sella una alianza con los pandilleros fascistas de las FFAA y pasa a actuar activamente junto a la ultraderecha que pretende, una vez más, sepultar los CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD a través de volver a hacer regir la IMPUNIDAD. En la medida que tales crimenes son de inspiración fascista las SCJ están aprobando la impunidad para el fascismo y de hecho ayudarlo a eludir sus responsabilidades penales. Aunque la SCJ se haga llamar democrática o se autodenomine legal, esa es la realidad.
La SCJ como también ya se habia adelantado esta sostenida por el conjunto de la derecha nacional, derecha en la que muchos sectores de una u otra manera no quieren ver que se investiguen a fondo las complicidades civiles durante el período dictatorial, que era el de una dictadura cívico-militar. Las FFAA apuntalan también este proceso de ocultamiento de la verdad y por la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus integrantes en el período pasado, entre otras cosas ocultando los archivos y registros y desinformando, utilizando para ello los métodos mafiosos de la "ley del silencio".
Este proceso está también sostenido por el imperialismo yanqui cuyo objetivo es hacer de Uruguay un centro de bases militares para la agresión a los países hermanos en la región, para reprimir protestas populares en Uruguay y como base para operaciones militares cuyo fin es robarse los recursos naturales de TODOS LOS PAÍSES DE LA REGIÓN INCLUYENDO AL URUGUAY. La utilización de las SCJ como supuestos árbitros con el derecho a la última palabra ya se ha aplicado para supuestamente legalizar los golpes militares en Honduras y en Paraguay. Lo que la SCJ hace hoy en día es implementar un golpe blando "legal".
Este proceso se ha visto favorecido por la actitud del Frente Amplio durante sus dos gobiernos. Impidiendo investigaciones y juicios, manteniendo la impunidad, saboteando el plebiscito de la rosada, torpedeando las votaciones en el parlamento, incluyendo la presencia a última hora del Presidente para intentar frenar a sus propios parlamentarios. Y como remate EL LLAMADO PÚBLICO DEL PRESIDENTE MUJICA A QUE LA SCJ INTERVINIERA SACANDO A LA JUEZA MOTA. Fué el Presidente Mujica quién los llamó a tomar medidas, quién fué el inspirador ideológico de la purga contra la jueza Mota no es otro que el Presidente Mujica. La SCJ cuando se decide a intervenir (después de garantizarse los apoyos políticos y militares) purga a Mota, le veta el impuesto-migajas en el agro de Mujica y por último DECLARA LA IMPUNIDAD PARA LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD. Todo en de una semana. El Presidente Mujica no puede desentenderse de su responsabilidad en estas decisiones de la SCJ ya que fué él mismo quien los llamó a tomar medidas. Aquí están a la vista los resultados de tal llamado.
Para el movimiento cívico por los DDHH y por la verdad y la justicia se abre un período negro. Ya que la SCJ al haber quemado todas las naves ante el movimiento democrático anuncia que seguirá en esa línea. Ya lo hemos visto en Honduras y Paraguay en donde a partir de la legalización del "golpe blando" han continuado cobijando y "legalizando" todo tipo de violaciones a la ley y a la Constitución en comandita con la derecha oligárquica, el imperio y las FFAA nacionales. En consecuencia se hace mas necesario que nunca la puesta en marcha de un MOVIMIENTO AMPLIO Y UNITARIO, DESDE LA BASE, SIN TUTELAJES NI CAPITANÍAS PARTIDARIAS, en defensa de la democracia, de las libertades públicas y de los DDHH, hoy y para el futuro, comenzando por la tarea de volver a voltear la impunidad y esta vez de manera completa para que se juzge y condene a los criminales de lesa humanidad que hoy han sido declarados impunes. Para que se sepa la suerte de los desaparecidos, de los bebés robados, y que sean juzgados los responsables de asesinatos, de asesinatos de prisioneros, de las torturas, las violaciones y los saqueos.
Se necesita una amplia unidad. Para hacerla posible - como ha sido siempre en nuestra historia - es el pueblo mismo el que tiene que ser el protagonista y quien decida, no frentes cuoteados partidariamente, debe de ser un movimiento amplio, desde abajo, para tener presencia permanente en la calle marcando a fuego al fascismo al que si no se lo detiene ahora después costará enormes esfuerzos y luchas prolongadas. Los desaparecidos,los bebés robados, los asesinados , los torturados, no pueden ser moneda de cambio para satisfacer intereses politiqueros partidarios y menos aun electoralistas. Debe de ser un movimiento auténtico cuyos únicos fines son las indicadas banderas de Verdad y Justicia.
Jorge Zabalza por el Blog Zurdatupa Alberto Cabrera por el Blog El Muerto Alberto Vidal por el Blog Noticias Uruguayas
Inconstitucionalidad provocará archivo de causas por delitos durante la dictadura
La Suprema Corte de Justicia declaró hoy inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad, según confirmó a EL PAÍS digital el vocero del organismo Raúl Oxandabarat. El vocero indicó que por cuatro votos contra uno, los ministros del organismo declararon que "los artículos 2 y 3 fueron declarados inconstitucionales", no así el artículo uno. En el artículo 2° se establece que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los "cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986". En el tercero se establece que "No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley" Expertos en el tema dijeron que la decisión determinará que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados por delitos cometidos en dictadura, deberán ser archivadas al entenderse que los mismos prescribieron. Esto implica que en las causas donde ya hubo procesados se podrá seguir investigando. Esto no comprenderá a nuevos individuos sino que a la misma persona se le podrán imputar más causas. En tanto, las causas que están abiertas deberán cerrarse y ser archivadas. El ministro que no dio su voto fue Ricardo Pérez Manrique. Oxandabarat recordó que los fallos de la Corte no tienen alcance general y explicó que el organismo declara inaplicables artículos de una norma o una norma completa. "La suerte de cada uno de los procedimientos o de los juicios en los que se investigan delitos de dictadura dependen del juez de la causa y en eso no puede intervenir SCJ. Por lo que no se puede saber en este momento qué va a pasar".
254. En consecuencia, el Estado (uruguayo) debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos - OEA (Sentencia Gelman v. Uruguay, 24 de febrero de 2011).
La SCJ cierra definitivamente investigaciones por derechos humanos
Fallo hace caer la ley interpretativa de la caducidad que aprobó el gobierno y entiende que los delitos prescribieron
A partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados por delitos cometidos en dictadura, deberán ser archivadas al entenderse que los mismos prescribieron. El ministro que no dio su voto fue Ricardo Pérez Manrique.
La Suprema Corte de Justicia declaró este viernes inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad. Luego de varias reuniones en las que los ministros debatieron si declarar inconstitucional la norma o declararla inaplicable, por 4 votos contra 1 los ministros declararon inconstitucional algunos artículos de la norma. Con esta decisión las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados deberán archivarse porque se entienden que los delitos prescribieron. El principal argumento que en el que coincidieron los ministros es que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley 18.831 restableció en el artículo 1 el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986. Además estableció que no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley. Por último declaró que los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. Este viernes los miembros de la Corte darán a conocer la primera sentencia.
Declaran inconstitucional ley interpretativa de la Caducidad
Suprema Corte ratificó sentencia anterior y falló en contra de los artículos 2 y 3 de la norma. Se restablece la Caducidad y cada juez determinará si reabre las causas La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley Interpretativa de la Caducidad en sus artículos 2 y 3, dijeron a Subrayado fuentes de la corporación. Esto implica el cierre de decenas de causas que habían sido reabiertas La votación fue cuatro a uno entre los ministros de la Corte. El hecho queda en manos de cada juez, quien interpretará en cada caso lo que acaba de fallar la SCJ. La ley Nº 18.831 había sido aprobada en 2011 en medio de fuertes controversias entre integrantes de la bancada de gobierno. La norma eliminó la prescripción de los delitos cometidos durante de la dictadura y abrió investigaciones que habían sido canceladas a partir de la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado del año 1986. La Suprema Corte ratificó en una sentencia –de fecha 6 de mayo de 2011– que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad por lo cual deben prescribir. La decisión de hoy ratifica esta postura. Una de las discusiones es si la Ley Interpretativa viola disposiciones constitucionales ya que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. El hecho se produce una semana después que el máximo órgano judicial trasladó a la jueza Mariana Mota a la órbita civil en una decisión que despertó controversias y manifestaciones contra la independencia dl Poder Judicial en Uruguay. Mota era la magistrada que más causas de lesa humanidad manejaba. Se estima que tenía a su cargo más de 40 causas. Su traslado no fue justificado oficialmente, aunque trascendió que había fuertes tensiones entre los ministros y Mota a raíz de varios temas como su presencia en la marcha de los desaparecidos del 20 de mayo de 2012. En el ámbito judicial se consideró perjudicial para la necesaria imparcialidad de la magistrado.
La ley restablece la vigencia de la ley de 1986.
Este es el texto de la ley:
Artículo 1º.- Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986.
Artículo 2º.- No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley.
Artículo 3º.- Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.
Artículo 4º.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.
La Suprema Corte de Justicia declaró este viernes inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad. Luego de varias reuniones en las que los ministros debatieron si declarar inconstitucional la norma o declararla inaplicable, por 4 votos contra 1 los ministros declararon inconstitucional algunos artículos de la norma. Con esta decisión las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados deberán archivarse porque se entienden que los delitos prescribieron. El principal argumento que en el que coincidieron los ministros es que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley 18.831 restableció en el artículo 1 el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986. Además estableció que no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley. Por último declaró que los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. Este viernes los miembros de la Corte darán a conocer la primera sentencia.
Nacional - CASO JUEZA MOTA
Suprema Corte no irá al Parlamento
Se declinó la invitación por unanimidad. Ruibal Pino contactó a Iturralde por teléfono para comunicarle la negativa
La Suprema Corte de Justicia declinó la invitación que el Parlamento le hizo para dar explicaciones sobre el traslado de la jueza Mariana Mota. Los magistrados tomaron esta decisión por unanimidad informó a El Observador el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat.
Jorge Ruibal Pino, presidente de la Suprema Corte, le comunicó a Pablo Iturralde, presidente de la Comisión, por teléfono la decisión tomada. La misma fue también enviada por en una carta (ver arriba). El traslado de la jueza Mota ha tomado relevancia a nivel nacional e internacional. Ayer, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) establece en un comunicado enviado este jueves que el traslado de la jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Civil no sigue "estándares para los nombramientos y permanencia" en el cargo de juez establecidos por la normativa internacional”. Mientras tanto, varios medios internacionales han hecho eco del caso.
Golpe a golpe: cayó el ICIR, cayó la jueza Mota y ahora la Suprema Corte de Justicia declara “inconstitucional” investigar a los violadores de DDHH en la dictadura
A contramano de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció lo imperioso de remover cualquier obstáculo que permita la impunidad dejando sin efecto normas que protejan a golpistas y torturadores, la Suprema Corte de Justicia uruguaya, declaró este viernes inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad.
Sábado 23 de febrero de 2013 | 00:42 La República uy
Por cuatro votos de los cinco ministros, la norma caerá con lo que las causas judiciales que están abiertas, donde no hayan sido ya procesados los militares deberán archivarse, en el entendido que los delitos prescribieron. Los magistrados entienden como argumento principal, que las leyes penales no pueden ser aplicadas retroactivamente.
Cuando el Estado recobró (y pierde) su pretensión punitiva
El artículo primero de la Ley 18.831 estableció que los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado, hasta el 1º de marzo de 1985, volvían al régimen del pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, lo que había sido dado de baja por la llamada “ley de caducidad”. Los delitos en cuestión eran los comprendidos en el artículo 1º de la Ley 15,848, cometidos “por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. También vuelven a estar vigentes los plazos procesales, de prescripción y de caducidad, entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de la norma ahora inconstitucional. En cuanto a los crímenes considerados de lesa humanidad, se actuará de conformidad a los tratados internacionales de los que la República es parte, aunque no existe detalle sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo amparo debería recurrirse ahora para investigar a los militares.
El caso del traslado de la jueza Mariana Mota ha trascendido fronteras. Un artículo en Veja de Brasil y otro en la cadena internacional de noticias, Al Jazeera, critican con dureza la democracia uruguaya y su forma de lidiar con los Derechos Humanos,
Una de las más respetadas publicaciones de política y actualidad de Brasil, Veja, publicó el pasado martes un artículo que reconstruye lo sucedido con la jueza Mariana Mota y, sin titubeos, titula que el presidente Mujica “aplastó” a la trasladada jueza. Fue escrito por el respetado periodista Luiz Cláudio Cunha, de larga trayectoria que se desempeñó en O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, O Globo, Correio Braziliense, Zero Hora, Diário da Indústria e Comércio, y las revistas Veja, IstoÉ. Se hizo precisamente conocido por sus reportajes investigativos sobre las dictaduras en el cono sur, el Plan Condor y los Derechos Humanos. Un trabajo relacionado, realizado junto con el fotógrafo J.B Scalco le rindió el Premio Esso de Periodismo, uno de los principales en la materia, en Brasil. El artículo, se titula “José Mujica, el presidente exguerrillero de Uruguay, aplasta jueza que enfrenta a los torturadores de la dictadura”. Y lo plantea al público de su país de la siguiente manera.
“Cierre los ojos e imagine la siguiente tragedia en tres actos:
Acto 1- La presidenta Dilma Rousseff, exguerrillera y presa política, es presionada por oficiales ligados a la línea dura del régimen militar, irritados con un juez de San Pablo que reconoce la muerte por torturas del periodista Vladimir Herzog en los sótanos del DOI-CODI (órgano de inteligencia del ejército brasilero en donde se lo torturó).
Acto 2. La presidenta Dilma Rousseff cede a la presión de los cuarteles, busca una revista semanal, cobra difusión y logra públicamente una reacción del Tribunal Supremo Federal en contra del magistrado que incomoda.
Acto 3. Sumiso, el Tribunal Suprema Federal, acata la queja del Palacio de Planalto (la Torre Ejecutiva) y castiga al juez que termina siendo trasladado a un inofensivo tribunal de causas menores, lejos de los derechos humanos, reforzando el blindaje de los torturadores y asegurando la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
Ahora abra los ojos porque ese drama, está claro, no sucedió en Brasil.
Pero acaba de asombrar a Uruguay, que llega al fondo del pozo de una guerra aparentemente perdida en el área crucial de los derechos humanos, gracias a un personaje hasta entonces insospechado: el ex líder de la guerrilla tupamara, el expreso político y actual presidente de la República, 'José “Pepe” Mujica'".
En el artículo se destaca cómo se sucedieron los hechos con la jueza Mota y destaca cada uno de sus casos más conocidos.
Dice que la SCJ, “reaccionando al dedo rígido y la lengua venenosa de Mujica, los cinco ministros removieron a la jueza Mariana Mota de repente. El largo artículo, de casi 15.000 caracteres, anda por cada uno de los detalles de la destitución y de la carrera de la jueza.
Finaliza diciendo que “Uruguay guardará para siempre el ejemplo de lucha de Mariana Mota. Ningún uruguayo jamás olvidará cómo José Mujica aplastó su propia biografía. Un peso Um peso abrumador en la conciencia del país. Como un dinosaurio”.
Este viernes, la cadena árabe Al Jazeera publica “La cultura de impunidad en Uruguay continúa con la frente en alto”. El artículo fue escrito por Francesca Lessa y Pierre-Louis Le Goff ambos investigadores de Derechos Humanos en la Universidad de Oxford.
Establecen que “el traslado de la jueza Mariana Mota muestra que la cultura de impunidad en el país de los crímenes de impunidad, todavía se mantienen”.
Y dicen que si bien en los últimos años Uruguay ha ganado aplausos por sus políticas progresistas que “la habían vuelto a colocar como la Suiza de América”, esta posición “cambió radicalmente el 13 de febrero cuando sin explicación mediante la Suprema Corte de Justicia decidió transferir a la Jueza Mariana Mota de su jurisdicción Penal a lo Civil.
De la misma forma que en la nota de la publicación brasilera, se recorre la historia reciente del Uruguay y los casos que trató la jueza Mota. “Por remover a Mota, la Justicia uruguaya ha demostrado que se está descarrilándose de sus esfuerzos por hacer justicia ante los crímenes militares, más allá de la revocación de la Ley de Caducidad en octubre de 2011.
Y finaliza estableciendo si Uruguay quiere mantener su imagen de “Suiza de América”, es fundamental que la independencia de los jueces como Mota, además de la ley, sea respetada. Jueces como Mota deben ser apoyados y acompañados en la pelea por la justicia, y no derrocados de sus trabajos. Sin esto, los oscuros años de la dictadura continuarán dejando una larga nube”
NO HABRÁ JUSTICIA, SOLO QUEDAN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
por José Luis Perera
La Suprema Corte de Injusticia acaba de declarar inconstitucional la ley interpretativa de la ley de impunidad.
Al parecer, el argumento central sería la no retroactividad de la ley penal.
Sin embargo, no hay duda que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil (en especial contra militantes de izquierda y dirigentes sindicales). Quiere decir que, aún en el caso de que la Justicia tipificara el delito de homicidio, por las circunstancias en que fue cometido lo transforman en un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible.
Lo mismo para los casos de tortura o cualquier otra violación de los derechos humanos cometida durante el período dictatorial, que ya eran delito en la jurisprudencia internacional en Tratados que habían sido ratificados por nuestro país.
Seguramente la Corte se referirá en su resolución a lo consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”.
Lo que no tiene en cuenta la SCI (Suprema corte de Injusticia), es que el derecho aplicable en estos casos es el derecho internacional. El numeral 2 del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice que “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”. Esto es, puede que el delito no esté aún tipificado en el derecho nacional (interno), pero si está tipificado en el derecho internacional, entonces el que comete el delito puede y debe ser condenado.
En su resolución de 1969 sobre el castigo de quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (Resolución 2583 – XXIV), la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que la "investigación rigurosa", así como la sanción de los responsables "son un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y para fomentar la confianza (...) y contribuir a la paz y la seguridad internacionales”.
Y no hay ninguna duda que al integrar la ONU, los Estados están obligados a cumplir con sus disposiciones. La página de las Naciones Unidas, en la Dependencia de Información al Público dice lo siguiente: “Los Artículos de la Carta tienen el valor de legislación internacional positiva ya que la Carta es un tratado y por lo tanto un documento vinculante. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de fomentar el respeto de los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para alcanzar este fin”.Por cierto, el Pacto internacional sobre derechos humanos ya era ley en nuestro país desde 1969 (Ley Nº 13751) y había sido sucrito en 1967.
Paradojalmente, el país que hoy preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Uruguay), no tiene en cuenta estas cuestiones dentro de su propio territorio.
Paradojalmente, en el país que hoy preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Uruguay), los ciudadanos no podrán acceder a la justicia en esa materia en su propio país (que algunos vuelven a calificar como la Suiza de América), y no tendrán otro camino que recurrir a tribunales internacionales, porque en su patria la justicia les está vedada.
Yo estuve sin estar porque vivo al norte.... Estuve por el futuro,por la esperanza. Estuve porque sólo guardando la memoria,buscando y conociendo la verdad, haciendo justicia podremos caminar hacia un mundo mejor. Estaré siempre.
María Elia Topolansky ci. 957 907-8 -------------------------------------
No estaba en Montevideo,trabajo en el interior,pero sí estuve y voy a estar apoyando a la Jueza Mota.-
Estrella Núñez. C I 962.609-5.
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No pude estar y me peso mucho no haber podido estar. Pero me considero representado por muchos cros y cras que conozco y que se que fueron. Frente a la pretensión de criminalizar a los manifestantes, debemos plantarnos con firmeza y dignidad ¡ La impunidad no pasara!
Yo estuve y me siento culpable de no haber entrado; eso fue porque no pude quedarme hasta el final. Me comprometo a seguir luchando contra la impunidad hasta merecer la condecoración de la judicialización de mi protesta por parte de la Suprema Corte de injusticia.
Gonzalo Abella CI 1 110 149 7.
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Yo estuve apoyando a la jueza Mariana Mota en la SCJ el 15/2/2013
A pesar de mis 63 años, todavía no he perdido mi capacidad a indignarme contra injusticia.
César Martinez-Barbosa CI 1.082.600 A
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No pude estar, pero hubiera querido, por todas las razones mil veces reiteradas y porque es decepcionante la imagen que la SCJ da de la justicia uruguaya, que parece todavía atrapada en la paranoia que alimentó la dictadura y los primeros gobiernos que la sucedieron.
El 13 de febrero del 2013 amanecí con la triste noticia que la Jueza Mariana Mota sería trasladada. Conozco muy bien a la Sra. Mota, tenía el expediente de la causa por homicidio político de mi padre, luego que fuera archivado en otro juzgado en dos oportunidades a pesar que el SCJ de entonces, había sentenciado que el caso estaba excluido de la Ley de Caducidad. Me tomó con sorpresa, a pesar de que tengo bien claro que se está obstaculizando toda investigación sobre los derechos humanos violados en dictadura. Tanto así, que el juzgado había mandado a pedir, al Ministerio de Defensa Nacional, los expedientes de los militares del km. 14 de Camino Maldonado que estaban en el momento que mi padre fallece, y nunca fueron enviados (como en tantos otros casos). El traslado de la jueza, implica otro duro golpe a los derechos humanos, implica que las causas se posterguen en el tiempo, implica que los criminales y sus cómplices vayan envejeciendo y muriendo, pero también nuestras viejas… Implica que el período de tiempo para que los crímenes de lesa humanidad sean juzgados, se vaya acortando. En definitiva… es uno de sus propósitos. También estuve el 15 de febrero en la puerta de la SCJ apoyando a la Jueza, codo a codo con todas las personas que tienen memoria y dignidad, porque no hay justificación posible para tal acto de impunidad y debíamos unirnos ante semejante golpe. Estuve como uruguaya, como demócrata, como denunciante, como víctima, como hija… Estuve porque a pesar de todo creo en la justicia, no en ésta, sino en la verdadera. Estuve con el ama desgarrada, con dolor, impotencia, decepción e indignación, pero sin odio, porque no soy igual que ellos, soy superior. No quiero venganza, porque ella no me devolvería nada, pero exijo Verdad y Justicia en el más amplio sentido de la palabra. Estuve, porque el amor por el prójimo, por el más débil, por el que sufre y sobre todo por mi padre, me lleva a estar presente ante cada acto de injusticia Verdad, Justicia, Juicio y Castigo por los desaparecidos, los asesinados, los torturados, los exiliados y los que debieron esconderse e inventar otra vida por pensar distinto. Pido por todas las familias destrozadas, generación tras generación, por todos ellos, por todos nosotros, por nuestros hijos y los que vendrán. Estuve para gritar en cuerpo y alma que no voy a permitir que otra vez sean pisoteados mis derechos, nuestros derechos.
Estoy y estaré siempre contra los atropellos y contra la impunidad, que está agazapada esperando relucirse ante tanta arbitrariedad. ¿Cómo pueden los jueces, fiscales y abogados hacer su trabajo con ética y responsabilidad ante la presión, persecución, hostigamiento y acoso ejercido por Ministros de la SCJ y determinados integrantes del Poder Ejecutivo? ¿Cómo podemos cerrar el pasado y avanzar hacia adelante, cuando no se respeta lo más esencial? La vida y los derechos. ¿Cómo estaremos seguros de transitar en democracia, cuando ésta debería ir fuertemente tomada de la mano de la justicia? En un país donde la libertad se obtuvo a sangre y fuego, dejando una estela de horror y la vida de muchos uruguayos por el camino, hoy, la misma “Justicia” obstruye los senderos para llegar a ella. Cómplice de otros que hicieron pactos y acuerdos en el pasado y hoy traicionan a sus propios “compañeros”. Quiero un Uruguay mejor para todos.
Sé muy bien diferenciar los problemas sociales y económicos de cada gobierno nacional. Jamás voy a apoyar a blancos y colorados, que nos llevaron a la más profunda miseria en estos sentidos. Creo tener un pensamiento socialista, pero soy totalmente crítica y lo digo. No voy a apoyar a ningún político, ni sector, ni gobierno, que no respete nuestro derecho a defender la verdad y la justicia, porque este derecho es fundamental para que “ese Uruguay” sea posible.
Yo estuve sin estar porque vivo al norte.... Estuve por el futuro,por la esperanza. Estuve porque sólo guardando la memoria,buscando y conociendo la verdad, haciendo justicia podremos caminar hacia un mundo mejor. Estaré siempre.
María Elia Topolansky ci. 957 907-8 -------------------------------------
No estaba en Montevideo,trabajo en el interior,pero sí estuve y voy a estar apoyando a la Jueza Mota.-
Estrella Núñez. C I 962.609-5.
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No pude estar y me peso mucho no haber podido estar. Pero me considero representado por muchos cros y cras que conozco y que se que fueron. Frente a la pretensión de criminalizar a los manifestantes, debemos plantarnos con firmeza y dignidad ¡ La impunidad no pasara!
Yo estuve y me siento culpable de no haber entrado; eso fue porque no pude quedarme hasta el final. Me comprometo a seguir luchando contra la impunidad hasta merecer la condecoración de la judicialización de mi protesta por parte de la Suprema Corte de injusticia.
Gonzalo Abella CI 1 110 149 7.
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Yo estuve apoyando a la jueza Mariana Mota en la SCJ el 15/2/2013
A pesar de mis 63 años, todavía no he perdido mi capacidad a indignarme contra injusticia.
César Martinez-Barbosa CI 1.082.600 A
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No pude estar, pero hubiera querido, por todas las razones mil veces reiteradas y porque es decepcionante la imagen que la SCJ da de la justicia uruguaya, que parece todavía atrapada en la paranoia que alimentó la dictadura y los primeros gobiernos que la sucedieron.
El 13 de febrero del 2013 amanecí con la triste noticia que la Jueza Mariana Mota sería trasladada. Conozco muy bien a la Sra. Mota, tenía el expediente de la causa por homicidio político de mi padre, luego que fuera archivado en otro juzgado en dos oportunidades a pesar que el SCJ de entonces, había sentenciado que el caso estaba excluido de la Ley de Caducidad. Me tomó con sorpresa, a pesar de que tengo bien claro que se está obstaculizando toda investigación sobre los derechos humanos violados en dictadura. Tanto así, que el juzgado había mandado a pedir, al Ministerio de Defensa Nacional, los expedientes de los militares del km. 14 de Camino Maldonado que estaban en el momento que mi padre fallece, y nunca fueron enviados (como en tantos otros casos). El traslado de la jueza, implica otro duro golpe a los derechos humanos, implica que las causas se posterguen en el tiempo, implica que los criminales y sus cómplices vayan envejeciendo y muriendo, pero también nuestras viejas… Implica que el período de tiempo para que los crímenes de lesa humanidad sean juzgados, se vaya acortando. En definitiva… es uno de sus propósitos. También estuve el 15 de febrero en la puerta de la SCJ apoyando a la Jueza, codo a codo con todas las personas que tienen memoria y dignidad, porque no hay justificación posible para tal acto de impunidad y debíamos unirnos ante semejante golpe. Estuve como uruguaya, como demócrata, como denunciante, como víctima, como hija… Estuve porque a pesar de todo creo en la justicia, no en ésta, sino en la verdadera. Estuve con el ama desgarrada, con dolor, impotencia, decepción e indignación, pero sin odio, porque no soy igual que ellos, soy superior. No quiero venganza, porque ella no me devolvería nada, pero exijo Verdad y Justicia en el más amplio sentido de la palabra. Estuve, porque el amor por el prójimo, por el más débil, por el que sufre y sobre todo por mi padre, me lleva a estar presente ante cada acto de injusticia Verdad, Justicia, Juicio y Castigo por los desaparecidos, los asesinados, los torturados, los exiliados y los que debieron esconderse e inventar otra vida por pensar distinto. Pido por todas las familias destrozadas, generación tras generación, por todos ellos, por todos nosotros, por nuestros hijos y los que vendrán. Estuve para gritar en cuerpo y alma que no voy a permitir que otra vez sean pisoteados mis derechos, nuestros derechos.
Estoy y estaré siempre contra los atropellos y contra la impunidad, que está agazapada esperando relucirse ante tanta arbitrariedad. ¿Cómo pueden los jueces, fiscales y abogados hacer su trabajo con ética y responsabilidad ante la presión, persecución, hostigamiento y acoso ejercido por Ministros de la SCJ y determinados integrantes del Poder Ejecutivo? ¿Cómo podemos cerrar el pasado y avanzar hacia adelante, cuando no se respeta lo más esencial? La vida y los derechos. ¿Cómo estaremos seguros de transitar en democracia, cuando ésta debería ir fuertemente tomada de la mano de la justicia? En un país donde la libertad se obtuvo a sangre y fuego, dejando una estela de horror y la vida de muchos uruguayos por el camino, hoy, la misma “Justicia” obstruye los senderos para llegar a ella. Cómplice de otros que hicieron pactos y acuerdos en el pasado y hoy traicionan a sus propios “compañeros”. Quiero un Uruguay mejor para todos.
Sé muy bien diferenciar los problemas sociales y económicos de cada gobierno nacional. Jamás voy a apoyar a blancos y colorados, que nos llevaron a la más profunda miseria en estos sentidos. Creo tener un pensamiento socialista, pero soy totalmente crítica y lo digo. No voy a apoyar a ningún político, ni sector, ni gobierno, que no respete nuestro derecho a defender la verdad y la justicia, porque este derecho es fundamental para que “ese Uruguay” sea posible.
Comunicado sobre convocatoria para el lunes 25 Date: Fri, 22 Feb 2013 18:46:55 +0100
Montevideo, 22 de febrero de 2013.
Ante el reciente fallo de inconstitucionalidad dictado por la Suprema Corte de Justicia, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos adhiere a la convocatoria del Frente Amplio, PIT-CNT y organizaciones sociales para concentrarse el próximo lunes 25 de febrero a las 18.30 hs. en Plaza Libertad, en rechazo a tan lamentable decisión que continúa perpetuando un régimen de impunidad en materia de graves violaciones a los DD.HH.
Asimismo invitamos a redoblar esfuerzos participando en la actividad ya prevista en el Velódromo Municipal, el lunes a partir de las 19.45 hs.
Ponete la camiseta!
POR VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA y NUNCA MÁS
TODOS SOMOS FAMILIARES
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Comunicado sobre convocatoria para el lunes 25 Date: Fri, 22 Feb 2013 18:46:55 +0100
Montevideo, 22 de febrero de 2013.
Ante el reciente fallo de inconstitucionalidad dictado por la Suprema Corte de Justicia, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos adhiere a la convocatoria del Frente Amplio, PIT-CNT y organizaciones sociales para concentrarse el próximo lunes 25 de febrero a las 18.30 hs. en Plaza Libertad, en rechazo a tan lamentable decisión que continúa perpetuando un régimen de impunidad en materia de graves violaciones a los DD.HH.
Asimismo invitamos a redoblar esfuerzos participando en la actividad ya prevista en el Velódromo Municipal, el lunes a partir de las 19.45 hs.
Ponete la camiseta!
POR VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA y NUNCA MÁS
TODOS SOMOS FAMILIARES
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Lesa Humanidad
FA, PIT-CNT y Familiares convocan a concentración contra fallo de la Suprema Corte
El Frente Amplio, junto al PIT-CNT y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, convocan a una concentración en la Plaza Libertad en rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar inconstitucionales los primeros artículos de la ley 18.831, que evita la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura.
Viernes 22 de febrero de 2013 | 19:16 La República uy
Suprema Corte de Justicia
La concentración a la que convoca la izquierda es para el próximo lunes 25 a la hora 19 en Plaza Libertad en silencio, limitándose a cantar el Himno Nacional y portando pabellones nacionales. El fallo de la Corte de Justicia provocó que el Partido Por la Victoria del Pueblo impulse la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema será analizado por la Mesa Política del Frente Amplio y se descarta que contará con el respaldo de toda la izquierda.
“Reaviva el dolor de la sociedad”
En ese marco, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, declaró a Montevideo Portal que el fallo de la SCJ “reaviva el dolor de la sociedad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura, así como las resistencias hacia la investigación de los hechos”. “La idea es encontrarnos todos los que hemos trabajado en esto, con banderas uruguayas y cantando el himno”, explicó la legisladora.
Por otro lado, explicó que durante la reunión de este viernes de la Mesa Política del FA, se comentó que “existía la posibilidad” de que el fallo de la SCJ se diera a conocer en la jornada. Sin embargo, la movilización se confirmó una vez terminada la sesión, cuando la corporación oficializó el dictamen.
DECLARACIÓN PÚBLICA
El Servicio Paz y Justicia de Uruguay manifiesta la más profunda consternación e indignación frente al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 que habilitaba al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
Esta decisión constituye un gravísimo retroceso a la aplicación de la justicia frente a los horrores ocurridos en nuestro pasado reciente e incumple manifiestamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman que obliga al Estado uruguayo a garantizar la investigación y a juzgarlos.
Así como en 1987 apoyamos los valientes pronunciamientos de la Dra. Jacinta Balbela y el Dr. Nelson García Otero declarando la inconstitucionalidad de Ley de Caducidad queremos destacar, en esta oportunidad, el fallo discorde del Dr. Ricardo C. Pérez Manrique que no dio lugar a la inconstitucionalidad de los artículos arriba mencionados. Por último, reafirmamos que no renunciaremos a la búsqueda de verdad y justicia ante las violaciones a los derechos humanos y a nuestra permanente lucha contra la impunidad.
Uruguay: protesta multitudinaria ante Corte por fallo a favor de militares
Infolatam/Efe Montevideo, 25 de febrero de 2013
Las claves
Este lunes, como habían anticipado sus convocantes, la marcha se desarrolló sin consignas verbales y los habituales megáfonos y altavoces brillaron por su ausencia.
Entre los asistentes a la manifestación estuvieron la senadora del FA Lucía Topolansky, que es esposa del presidente uruguayo, José Mujica, y el escritor Eduardo Galeano, reconocido defensor de los derechos humanos
Una multitud se congregó hoy ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay para mostrar su rechazo al fallo que amenaza con archivar las causas de la dictadura (1973-1985) tras declarar inconstitucional una ley oficialista que evitaba la prescripción de los delitos de aquella época.
Desde las 18.00 hora local (20.00 GMT) cientos de manifestantes de todas las edades convocados por el partido gubernamental Frente Amplio y organizaciones de derechos humanos fueron acercándose progresivamente a la plaza donde está el edificio del alto tribunal, fuertemente custodiado por la policía.
A falta de estimaciones oficiales, que ni las autoridades ni la policía ofrecen habitualmente en Uruguay, Efe pudo constatar en el lugar que en el momento culminante del acto llegaron a juntarse varios miles de personas.
Hace diez días, decenas de activistas ocuparon la sede de la SCJ para evitar que se concretara el traslado a un juzgado civil de la magistrada Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes de la dictadura, pero finalmente fueron desalojados sin incidentes por la policía.
Este lunes, como habían anticipado sus convocantes, la marcha se desarrolló sin consignas verbales y los habituales megáfonos y altavoces brillaron por su ausencia.
Sin embargo, algunos de los presentes mostraron carteles con leyendas como “Anular ya la ley de Caducidad”, “Basta de impunidad”, “Dónde están nuestros compañeros”, “La tortura es un crimen de lesa humanidad” y “Solidaridad con la jueza Mota”.
Muchos de los presentes ondearon banderas uruguayas y también pudo verse alguna del FA, cuyos dirigentes no realizaron ningún discurso.
Debido a esta manifestación fue cortada al tráfico de vehículos la Avenida 18 de Julio, la principal arteria del centro de la ciudad.
Menos de una hora después del inicio de la concentración llegó el momento central del acto, cuando los presentes cantaron el himno uruguayo y aplaudieron al unísono durante varios minutos.
Recordemos lo que dice google de Tabaré Vázquez sobre la ley de caducidad :
Política de Derechos Humanos
Tabaré Vázquez (izquierda) y su vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, en automóvil descubierto desde el Palacio Legislativo (al fondo) hasta el Palacio Estévez, el 1 de marzo de 2005.
[editar]Delitos de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1985
Previo a asumir la Presidencia del Uruguay e incluso antes de ser elegido presidente, Vázquez promovía la idea de aclarar hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar entre los años 1973 y 1985, tales como desapariciones forzadas, torturas, sin castigar a los culpables. El 1 de marzo del 2005, fecha en que asume la presidencia, en su oratoria a la Asamblea General Vázquez dijo:
Reconozcamos que 20 años después de la recuperación de la democracia aún subsisten zonas oscuras[38]
También expresó que aclarar la verdad de lo acontecido era sumamente necesario para que aquello que sucedió en dicha época no vuelva a suceder. "Nunca más" dijo.
Las primeras medidas que tomó el gobierno frenteamplista en lo que a estos temas corresponde fueron la recolección de información extraoficial de algunos presuntos lugares donde militares habrían enterrado a sus víctimas luego de darlas por muertas, y la orden formal a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de que recabaran y comunicaran la información que existiera sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Los informes así recibidos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea confirmaron por primera vez la muerte en la tortura de 23 personas desaparecidas cuya detención nunca se había admitido, y la ejecución deliberada de dos mujeres en igual situación [39] Sobre la base de las informaciones recibidas se comenzó con la excavación de los lugares citados por las fuentes, a cargo de antropólogos nacionales e internacionales. Pero solo recién el 29 de noviembre del 2006, en una chacra de Pando aparecería el primer desaparecido, el militante comunista, Ubagesner Chávez Sosa.[40] La información de su paradero fue suministrada por militares de la Fuerza Aérea. Apenas unos días más tarde de la gran conmoción, aparecería, el 2 de diciembre el segundo (y hasta ahora el último) cuerpo encontrado. En este caso se trataba de Fernando Miranda, quién fue encontrado gracias a un anónimo que le hizo llegar a las Oficinas de Presidencia un mapa del lugar del entierro, en el Batallón 13.[41]
Durante todo este tiempo, el presidente Vázquez se ha mostrado firme en no anular la Ley de Caducidad,[42] que es una ley vigente en Uruguay mediante la cual se estableció que los delitos cometidos por militares, policías y civiles durante la dictadura quedaran amnistiados argumentando que fue el pueblo quién la votó en 1985 y no la derogó en 1989. De esta manera, era imposible que se cometiera justicia para con los culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años. Es entonces que el 31 de octubre del 2005, Vázquez deja afuera de la ley los casos de Washington Barrios y Horacio Ramos. Luego de estos casos se excluyó a otros como el de Claudia García de Gelman, el 12 de diciembre de ese año y de cuarenta y tres casos más hasta la fecha.[43]
Estas exclusiones de la Ley de Caducidad permitieron condenar a las "cabezas" de lo que fue la dictadura militar, tales como Nino Gavazzo, acusado de ser el responsable de la muerte de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ricardo Medina, José Silveira, el ex canciller Juan Carlos Blanco, y otros tantos más. Pero sin duda los procesamientos que más relevancia tuvieron dentro del país fueron los de los dos ex presidentes de facto que hoy en día viven, Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez. Álvarez negó conocer en absoluto el Plan Cóndor y dijo a la prensa que sabía que iba a morir en la cárcel.[44] Posteriormente el BPS suspendió la jubilación que ambos percibían como ex Presidentes de la República. "
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