Por Eleazar Díaz Rangel
No creo que en la historia contemporánea se conozca de algún paciente que haya sido tan presionado, acosado y hostigado como el caso de Hugo Chávez Frías en el último mes y, particularmente, en los días desde que llegó de La Habana, donde estuvo sus últimas semanas convaleciendo.
Desde el interior y desde afuera se mueven esos factores de presión. Entre los más recientes, desde Washington se pretende no sólo interpretar la Constitución venezolana, sino recomendarnos qué hacer “si el Presidente queda incapacitado para gobernar”. Nadie tiene que decirnos a los venezolanos qué hacer en esa o en otra circunstancia, y así se lo respondió oportunamente el canciller Jaua, respuesta que el Departamento de Estado calificó de “desproporcionada”.
Si se trata de una abierta injerencia en cuestiones que sólo corresponde a los venezolanos resolver, ¿cómo debía contestar el MRE que no fuese denunciar la “nueva y grosera injerencia del gobierno de Washington en los asuntos internos de Venezuela”? Con los antecedentes que existen, que incluyen la creación de una oficina para examinar los problemas de la transición en 2002, ¿qué pretendían, que Venezuela guardara silencio, que le agradeciéramos su “cooperación”?
Y en cuanto al acoso criollo, ha tenido las expresiones más variadas y hasta irrespetuosas y groseras, de los más distintos orígenes y difundidas por los más diversos medios, incluidas las redes sociales, usadas reiteradamente con la mayor irresponsabilidad. Creo que el último ha sido la petición ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que lo juramente de inmediato y designe una junta médica, la cual, en todo caso, debe tener la aprobación de la Asamblea Nacional, de manera que es de suponer cual podría ser el destino final de esa iniciativa en el supuesto negado que el TSJ accediera.
En cuanto a la juramentación, la inapelable sentencia de la Sala Constitucional es bastante clara: dicho acto será fijado por el TSJ “una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido su juramentación”, los cuales, como resulta evidente, no han desaparecido. Y, por supuesto, eso lo saben bien los peticionarios.
Uno de los asuntos por resolver es si tiene vigencia la autorización aprobada por la Asamblea Nacional unánimemente; parece lógico suponer que una vez que ha regresado al país, cesa ese permiso, toda vez que se trató de una autorización para abandonar el territorio nacional por más de cinco días, y si en virtud de su tratamiento es indispensable retornar a Cuba, se solicitará nueva autorización. Supongo que no es necesario, dada la capacidad del Hospital Militar y del equipo médico y paramédico que le acompaña. En todo caso, si sus condiciones de salud lo exigieran, el propio Presidente podría decretar una ausencia temporal hasta por 90 días.
Como tantas otras batallas, siempre con el apoyo del pueblo, también les ganará ésta.
LOS DOMINGOS DE DIAZ RANGEL/Últimas Noticias
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