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01 de marzo de 2013, 01:04Por Odalys Troya Flores *
 La Habana (PL) La tierra, uno de los bienes comunes, de producción y de vida más importantes, en Colombia es parte esencial del conflicto armado, político y social que sufre el país desde hace más de medio siglo, y que tiene sus raíces en el colonialismo.
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Solucionar los graves problemas en la nación suramericana a raíz de su uso y tenencia es una prioridad en el diálogo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Desde el 19 de noviembre último, ambas partes platican en La Habana, Cuba, acerca de los caminos para poner fin a la guerra que aqueja a la nación suramericana y que pasa inexorablemente por el tema de la tierra.
¿Cómo redistribuirla con justicia, cómo trabajarla, quiénes la administrarán, cómo poner fin al latifundio o a la explotación irracional de las transnacionales mineras? Son algunos de los cuestionamientos de los colombianos en este proceso de paz.
La solución sin dudas es muy compleja porque, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el uno por ciento de los propietarios es el dueño de casi el 60 por ciento de unos 45 millones de hectáreas.
Se estima que Colombia tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero sólo se usan 3,7 millones. En cambio, 38,7 millones se emplean para la ganadería.
Otro reto es la entrega de al menos dos millones de hectáreas a los desplazados, con lo cual el Gobierno se comprometió a pesar de que no habla de expropiar los latifundios, como plantean las FARC-EP.
La tierra de los desplazados "esté hoy en manos de quien esté, se le va a devolver a sus dueños originales", ofreció el jefe de Estado recientemente.
El número prometido parece insignificante pues diversas fuentes aseguran que a este segmento de la población le han quitado al menos 10 millones de hectáreas.
Las dudas vagan en el aire: ¿Cómo será esa devolución, cederán los actuales dueños quienes, parafraseando al periodista y escritor Antonio Caballero, son los "narcoparamilitaroterratenientes", un nombre que por sí solo "estremece"?
¿Se van a dejar quitar mansamente esas fincas que tanta sangre les costó ganar? ¿O empezará otra guerra, esta vez con otras alianzas y el gobierno ��?, se pregunta Caballero, al tiempo que ironiza.
Son numerosas las causas del desplazamiento en Colombia. Para unos es la violencia bipartidista desde inicios del siglo XX, para otros es el conflicto armado o la irrupción de las transnacionales, los carteles de la droga y los grupos paramilitares. En los últimos días, el Gobierno acusó a las FARC-EP de arrebatar abundantes terrenos a los campesinos e indígenas durante estos años de guerra.
Tales acusaciones -asegura el alto mando de la insurgencia- forman parte de una "mendaz campaña mediática del gobierno Santos" para "escamotear la necesaria reforma agraria, ocultando y protegiendo a los victimarios latifundistas".
Las FARC-EP reiteraron la propuesta del comandante Timoléon Jiménez de conformar una comisión de alto nivel, integrada por delegados de las dos partes, con participación de gremios y organizaciones sociales, para que, en condiciones de seguridad, se encargue de visitar y verificar la situación real de los predios que se dicen arrebatados por la guerrilla.
Lo cierto es que no existen datos exactos que indiquen la distribución real de la tierra en Colombia, un país que importa más del 50 por ciento de los alimentos requeridos.
Con el fin de contribuir a superar este déficit en materia estadística, la guerrilla presentó a la opinión pública 10 propuestas mínimas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria, los desposeídos del campo y las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo.
Para Andrés París, miembro de la delegación de paz de los insurgentes, la violencia en Colombia iniciada por grupos de poder económico hace más de 60 años tiene un carácter anticampesino muy fuerte y está dirigida a la expropiación de los terrenos y contra los pequeños propietarios, de ahí que la paz dependa en extraordinaria medida de la solución a los problemas con la tierra.
Luego de más de tres meses de diálogos, aunque ambas partes coinciden en asegurar que "avanzan", aún no se conocen detalles de asuntos pactados -si es que hubiere- en este primer tema, pues el Gobierno y las FARC-EP acordaron mantener la mayor discreción.
La tierra para los colombianos es quizás su principal problema, lo que nos hace releer el artículo de William Ospina "Instrucciones para robar un diamante", publicado hace tres años en el diario colombiano El Espectador:
"En un país donde la más antigua tradición es el despojo de tierras, resulta asombroso oír hablar de la intención de devolver la tierra a sus propietarios", dice.
"La generosa intención no puede olvidar que estamos en un país donde la voluntad de los terratenientes se confundió siempre con la ley", señala el escritor.
La mesa de diálogo en La Habana intentará dar solución a este nudo gordiano que vio sus primeros atisbos de esperanzas en la Ley de Tierras de Alfonso López Pumarejo, presidente durante los períodos 1934-1938 y 1942-1945, aunque ya se habían hecho intentos desde los años 20 de esa centuria.
La legislación incluyó normas sobre la explotación de la tierra, los derechos de los arrendatarios y colonos sobre las tierras de los patronos y las condiciones laborales óptimas para los jornaleros.
Su frenazo por las clases adineradas del país, en particular por los terratenientes, contribuyó al llamado período de violencia de los años 50.
Más tarde, en 1961 en el gobierno de Alberto Lleras Camargo se expidió la Ley de Reforma Social Agraria impulsada por Carlos Lleras Restrepo, en ese momento senador de la República.
Entre 1971 y 1972 el denominado Pacto de Chicoral acabó con la iniciativa de los campesinos para hacer viable la anhelada reforma agraria.
El polémico acuerdo entre terratenientes y políticos institucionalizó la ganadería extensiva como la forma más adecuada para explotar la tierra y, según analistas, propició la guerra de las drogas que pervive en esta nación suramericana.
Ahora, el pueblo colombiano cifra sus anhelos en estas conversaciones, en las que tanto el Gobierno como la guerrilla han insistido en la participación popular para llegar a acuerdos concretos.
*Jefa de la redacción Suramérica de Prensa Latina.
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