El chavismo se ha propuesto darle oportunidad a los milagros para que ocurran. Uno, indiscutible, sería la comparecencia de Hugo Chávez este jueves a la sesión prevista para su juramento como presidente de Venezuela por tercer período consecutivo. Pero no parece probable, ni siquiera para sus más apasionados seguidores, ya que el pasado jueves el Gobierno, en un escueto comunicado, admitía que Chávez atravesaba una situación delicada de salud en Cuba como consecuencia de una infección pulmonar.

Así que los gestores oficialistas preparan el terreno para que la providencia haga su trabajo y permita al comandante retomar el poder en un momento posterior y, por ahora, indefinido. Para ello, resulta fundamental tener de su parte al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Se espera que el TSJ emita pronto su decisión sobre dos recursos de interpretación que fueron presentados en diciembre a los artículos de la Constitución que establecen los casos en que se considera la falta del primer mandatario nacional, y los modos en que se procedería a suplir su ausencia. “Antes del 10 de enero el Tribunal se pronunciará al respecto”, vaticinó el domingo en una entrevista concedida a la cadena TeleSUR el abogado constitucionalista, Hermán Escarrá, integrante por la bancada bolivariana de la Asamblea Constituyente que en 1999 redactó la actual Carta Magna.

No debe ser sólo una corazonada. Tras rupturas y reconciliaciones con Chávez, hoy Escarrá se ha convertido en el principal valedor de la tesis de la “continuidad”, que sostiene que el caudillo revolucionario ha sido reelecto y, si bien ahora permanece enfermo y con un permiso de la Asamblea Nacional, puede recuperar su salud para asumir el cargo; se trataría, así, de una circunstancia “sobrevenida” que la Constitución no previó y frente a la cual cualquier otra disposición, que no sea la misma muerte y que confíe este jueves el poder a cualquier otra autoridad, representaría un desconocimiento de la voluntad expresada por los ciudadanos en las elecciones del 7 de octubre.

Es la misma tesis que desde hace un par de semanas defiende Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y líder del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, y a la que el viernes se sumó oficialmente Nicolás Maduro, vicepresidente ejecutivo de la República y designado por Chávez como su sucesor en caso de falta.

Fuentes cercanas a la corte admiten que el pronunciamiento es inminente y apoyará la tesis del Gobierno. El fallo debe provenir de la Sala Constitucional, que desde 2003 nunca ha dictado un veredicto contrario a las posturas del Gobierno. Para mayor certeza, la ponencia se la ha reservado para sí la presidenta de esa Sala y del TSJ, Luisa Estella Morales, una partidaria de Chávez que ya en diciembre adelantó su criterio: “No es nuevo, es el mismo presidente, ¿verdad? y aquí hay un hecho muy importante que es la continuidad por la reelección del presidente”.

Un dictamen en ese sentido despojaría de cualquier significado jurídico y ceremonial el acto de toma de posesión ante la Asamblea Nacional, que debe realizarse este 10 de enero y que quedaría como una simple formalidad. Chávez ganaría tiempo para su eventual recuperación tras su cuarta intervención quirúrgica y, quizás, del cáncer que padece, para juramentarse apenas lo disponga. Y el chavismo también tendría un margen más amplio para dirimir sus contenciosos internos y preparar una transición ordenada, si se hiciera inevitable.

La oposición venezolana ya denunció que esa tesis “viola la Constitución”. Aun así, el domingo la procuradora general de la República, Cilia Flores, apoyó públicamente esa interpretación. Flores es esposa del vicepresidente Maduro, de la que estaba en proceso de separación antes de que la salud de Chávez se agravara.

Una decisión tan trascendental no puede dejarse al azar. Previendo ello, la Sala Constitucional de Morales se apresuró el 6 de diciembre a destituir a siete magistrados del TSJ cuyos períodos habían expirado o que habían solicitado su jubilación. Entre los siete magistrados separados de sus cargos se encuentran los más veteranos e independientes de la Corte. Al purgarlos, el Gobierno se aseguró que no habrá sorpresas en las consideraciones sobre la asunción del comandante Chávez. Lo llamativo es que la decisión contradice el criterio de continuidad que se enarbolará para el caso presidencial. Es tradición en el máximo tribunal que los magistrados en trámite de jubilación o cuyos períodos terminan, esperen a que la Asamblea Nacional designe a los nuevos magistrados que ocuparán sus lugares en la corte de 32 asientos.

Al mediodía de este lunes, una de las magistradas destituidas, Blanca Rosa Mármol de León, esperaba en su despacho para entregar el cargo a su sustituta. Mármol no tiene dudas de que la decisión, sin precedentes, que la separó prematuramente de su puesto se conecta con el papel que de manera inminente habrá de cumplir el TSJ en una transición. Si bien su cargo no tiene injerencia sobre la interpretación constitucional, potestad de la Sala correspondiente, la designación de la Junta Médica que tendría que certificar el estado de salud del presidente Chávez, y la designación crucial de un nuevo presidente del TSJ este mismo mes de enero, tocan al tribunal en pleno. En estas condiciones, siete votos impredecibles difícilmente se pueden consentir. “Si no fuera por eso”, subraya en entrevista telefónica con EL PAÍS, “no se explica por qué la decisión se adoptó en diciembre con carácter de urgencia, como lo dice su propio texto”.

La falta de jurisprudencia acerca de una situación tan inédita, y el férreo control que el chavismo se ha asegurado en todos los poderes del Estado, demuestran que por más que lo proclame, en temas de este calibre, la revolución no se confía solo a la fe.

EWALD SCHARFENBERG

Caracas