Llega la sentencia en el juicio por Mariano Ferreyra.
El viernes 19 de abril, el tribunal oral nº 21 dará a conocer la sentencia a los acusados por el homicidio del compañero Mariano Ferreyra y la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
Ya todos sabemos cómo fueron los hechos: la patota de Pedraza, respaldada por la empresa, acompañada y protegida por la policía, atacó a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y a las organizaciones que se solidarizaban con ellos.
Quedó muy claro, en estos casi 9 meses de debate oral, que el ataque del 20 de octubre de 2010 fue parte de un plan criminal en el que la patota, la policía y la empresa se repartieron las tareas con un objetivo común: defender los intereses, también comunes, de los tres socios de esa histórica alianza antiobrera. Las tres partes fueron fundamentales para que el plan pudiera ser llevado a cabo:
La patota: Así como los empresarios usan la tercerización del trabajo para profundizar la explotación, el gobierno terceriza la represión, para hacerla más eficaz y con menos costo político que cuando directamente manda sus policías y gendarmes. Los integrantes de la patota fueron los responsables materiales de la represión a los compañeros. Gracias a la enorme presión de la movilización popular, el secretario general de la Unión Ferroviaria enfrenta desde la cárcel la posibilidad cierta de una condena a prisión perpetua junto a sus subordinados, los integrantes del grupo de choque.
La empresa: Los intereses de los empresarios reunidos en la UGOFE se vieron amenazados con el plan de lucha por la reincorporación de los 150 compañeros despedidos y por el pase a planta de los tercerizados. Por ello, dieron franco a sus aliados de la burocracia sindical, que portaban celulares pagados por la patronal con los que se intercomunicaban los que apretaron el gatillo con sus jefes.
La policía: Prestó más que una “inestimable” colaboración, actuando como resorte logístico de los otros asesinos. Desde la querella que CORREPI integra con APEL, logramos impedir que se cristalizara la intención impulsada por la entonces fiscal Camaño de separar las causas de la patota y la policía. De esta manera, conseguimos que los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay, los oficiales Echavarría y Conti y el agente Villalba fueran juzgados junto a sus asociados de la UF. Aunque la fiscalía de juicio insistió con la tenue acusación por abandono de persona, las querellas los señalamos como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa.
Nos encontramos a las puertas de la sentencia por el homicidio del compañero Mariano. Esta fue una larga lucha, llevada a cabo enérgicamente en los tribunales y, más aún, en las calles, mediante enormes movilizaciones populares y demostraciones de solidaridad del conjunto de los trabajadores. La lucha continuará hacia los responsables políticos que quedaron fuera del banquillo, los funcionarios públicos y los directivos de la patronal, con las mismas banderas de organización y lucha.
Inundaciones: violencia es mentir.
No fue una tragedia climática ni sólo una lluvia sin precedentes. Fue un nuevo crimen social, una nueva masacre contra el pueblo, que encuentra a sus responsables en la misma gestión de los respectivos gobiernos de la ciudad, de la provincia y de la nación.
La explicación no está en la impericia o la incapacidad de gestión de los jefes de los distritos, sino en la lógica capitalista que los inspira, y en la que todas sus gestiones se desarrollan.
La ausencia de obras de infraestructura es una constante, como lo es el vertiginoso y no menos criminal criterio mega empresarial vinculado al negocio inmobiliario de sectores privilegiados, a costa del deterioro sistemático del medio ambiente que relega a "vivir como se pueda" a los sectores más pobres de nuestro pueblo.
La otra constante es el maquillaje para la religitimación electoralera y la naturalización de sus crímenes, para perpetuarse en el poder como gerentes de la clase dominante que tiene en el estado a su instrumento emblemático.
El dispositivo mediático que los acompaña, saturando con imágenes candorosas y distorsionadoras de la atávica solidaridad de nuestro pueblo, esconde precisamente la discusión y atribución de esas responsabilidades. Sobremanera cuando oculta el criterio disciplinador y represivo con el que se han desplegado las fuerzas de seguridad (y defensa) al amparo de declaraciones que fomentan el terror y alientan la concepción del enemigo interior como "las caras extrañas que han merodeado los barrios" según palabras de la propia presidenta. A un mismo tiempo se disponía, en la jurisdicción de Scioli, la participación del Batallón 601 del Ejército (reconocida asociación ilícita responsable de innumerables crímenes de lesa humanidad) y el despliegue amenazante y delictivo de la Metropolitana del procesado Macri por Saavedra. En ambos casos, no estuvo ausente la infaltable coordinación de la secretaría de Seguridad de la Nación a cargo del coronel Berni.
No hay manera de interpretar que ese despliegue responda a las necesidades de nuestro pueblo. Todo lo contrario. Entendemos y denunciamos que lo que intentan es acallar y disciplinar las enérgicas y claras atribuciones de responsabilidad que los afectados les han hecho al mentiroso intendente Bruera de La Plata, al marketing electoralero de Scioli, a las canalladas del procesado Macri y a la molesta retórica de la presidenta Fernández de Kirchner.
Vaya como ejemplo categórico, la indignación y la bronca que, convertidas en repudio, recibió la ministra de Acción Social de la Nación Alicia Kirchner, convenientemente custodiada por patovicas cuando desembarcó en La Plata. "No me molesta el enojo, me molesta la violencia" dijo la ministra. El pueblo le estaba diciendo lo mismo respecto a la mentira, que tantas veces pone cara de preocupación y circunstancias.
Desde CORREPI naturalizamos la indignación popular, naturalizamos la solidaridad de nuestro pueblo, nunca jamás la de los crímenes sociales de las mal denominadas "tragedias", ni la de los crímenes de estado, como el gatillo fácil, las desapariciones y torturas que ejecutan sus verdugos.
Garrahan: Un nuevo triunfo de la lucha popular.
El viernes 12 de abril, la lucha que sostuvieron los compañeros del hospital Garrahan junto muchas organizaciones del pueblo, asestó un nuevo golpe a la política de criminalización de la protesta que llevan adelante este gobierno y sus funcionarios.
El tribunal oral nº 29 absolvió a los cuatro delegados acusados desde 2005 por “amenazas coactivas” contra dos inspectores del ministerio de Trabajo, una denuncia que fue casi simultánea con la calificación de "terroristas sanitarios" que endilgó el gobierno, por boca del ministro de Salud a los trabajadores que llevaban a cabo una importante pelea por salario, por condiciones de trabajo y en defensa de la salud pública.
Después de 8 años de pelea, los jueces debieron dar marcha atrás con la iniciativa de querer aleccionar a los trabajadores que se organizan y salen a pelear por sus reivindicaciones.
Numerosas organizaciones nos movilizamos para acompañar el juicio y hoy festejamos esta sentencia, que no es más ni menos que nuestro triunfo, que puso en evidencia por qué y para qué se usan estas causas. La inspectora Iris Moyano, que inició formalmente esta causa cuando se presentó en una comisaría a denunciar que los compañeros Adriana Aguero, Gustavo Lerer, Marcelo Mansilla y Eduardo García, de la Junta Interna la habían amenazado de muerte y hostigado física y verbalmente, confesó durante la primera jornada del juicio que hizo esa denuncia, una semana después del supuesto ataque, cumpliendo una orden directa de la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. Tan evidente fue la maniobra, que hasta el fiscal tuvo que calificar esta causa, en su alegato, como un caso explícito del uso del aparato judicial por el gobierno para criminalizar un conflicto gremial.
No fue necesario que la defensa de los compañeros, integrada por compañeros de APEL, CeProDH, Liberpueblo, CAJ-CTA y CORREPI, convocara a los más de 200 testigos, trabajadores del hospital y referentes de las organizaciones que se solidarizaron con el conflicto, para demostrar la falsedad de la acusación y el fin coactivo de la causa. En una clara muestra de la inconsistencia de la acusación, la absolución fue pedida por el fiscal y aceptada por el tribunal con los mismos testimonios que se usaron para llegar al juicio.
Ahora debemos ir por más. Debemos seguir el camino de la pelea en las calles por los compañeros que aún continúan presos en Bariloche después de los saqueos de principios de año, debemos luchar por la absolución de los compañeros de Las Heras, que pronto enfrentarán un juicio con un pedido de perpetua a quienes salieron a enfrentar la represión a las luchas de los trabajadores petroleros en el 2006. Debemos seguir peleando por acabar con los procesamientos y las persecuciones todos a los luchadores sociales y políticos.
Hoy tenemos el orgullo de que los compañeros del Hospital Garrahan hayan sido absueltos. Ese triunfo nos da fuerzas para seguir peleando juntos.