Cientos de indígenas volvieron a protestar hoy en Brasilia contra la construcción de una inmensa represa en la Amazonía y entregaron al Gobierno un documento de rechazo apoyado por 604.000 firmas, aunque el ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, afirmó que no hay marcha atrás.

“La construcción será iniciada dentro de muy poco tiempo”, dijo a periodistas el titular de la cartera, mientras los indígenas se manifestaban frente a la sede del Congreso, a unos 300 metros de su ministerio.

“Garantías legales y ambientales”

Lobao reiteró que el Gobierno cuenta con las garantías “legales y ambientales” para avanzar en el proyecto y que la población de la zona que será afectada por la represa de Belo Monte, en el corazón de la Amazonía, será indemnizada y reubicada.

El polémico proyecto, protestado por indígenas, agricultores y grupos ecologistas, supone la construcción de una inmensa mole de hormigón que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, por detrás de la de Tres Gargantas (China) e Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay.

Belo Monte utilizará agua del río Xingú y será instalada en el municipio rural de Altamira, en el estado amazónico de Pará, que tiene unos 110.000 habitantes.

Impacto ecológico

La construcción de esta represa obligará a inundar un área equivalente a 506 kilómetros cuadrados y a desplazará de la zona a cerca de 50.000 indígenas y campesinos, según sostienen los movimientos sociales.

“No queremos Belo Monte, porque acabará con nuestros ríos, con la selva y nuestra vida”, dijo a Efe el cacique Raoni Metyktire, de la etnia kayapó y quien desde hace 30 años se opone al proyecto, que comenzó a gestarse en la década de 1970, cuando Brasil era gobernado por una dictadura.

Ireo Kayapó, otro de los indígenas presentes en la protesta, aseguró que no les han explicado el proyecto y aseguró que si son expulsados de sus tierras “habrá guerra y correrá sangre”.

Francisco Gomes Neto, un pequeño productor de cacao de 61 años que reside en la zona desde hace una década y deberá abandonarla en caso de que el proyecto avance, dijo a periodistas que hasta ahora ninguna autoridad le ha hecho una propuesta.

Esperando ser escuchados

Tras la protesta ante el Congreso, un grupo de unos diez indígenas y agricultores fue recibido por funcionarios de la Secretaría de la Presidencia en el Palacio de Planalto, a quienes entregaron unos documentos contra el proyecto apoyados por 604.000 firmas.

Pese a la declaración del ministro Lobao, los funcionarios se comprometieron a entregar los documentos a Rousseff y abrir un canal de diálogo con los movimientos sociales e incluso realizar una visita a la zona, dijeron a fuentes del movimiento Xingú Vivo.

Tras haber estado estancada durante décadas, la idea resurgió en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y ha sido asumida por su sucesora, Dilma Rousseff, como uno de los principales proyectos energéticos del país.