El Tribunal de Guatemala que había condenado el pasado 10 de mayo al dictador de este país, Efraín Ríos Montt, a 80 años de prisión por delitos de lesa humanidad y genocidio, sentencia que fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC) , declinó este lunes continuar con el juicio que se le sigue al genocida.
Los jueces Jazmín Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul, que integran el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que emitió la sentencia contra Ríos Montt, se excusaron de no continuar el proceso debido a que ya habían emitido una sentencia condenatoria.
Más temprano, una Sala de Apelaciones ratificó la resolución de la CC de "retrotraer el juicio a como se encontraba el 18 de abril pasado".
Sobre esto, el magistrado Frank Martínez, presidente de la Sala de Apelaciones, explicó que "la CC considera que se violentó el debido proceso, y en ese sentido debe reencausarse (el juicio) para que se le de trámite a la recusación, y se ordena que se deje sin efecto (lo actuado) a partir del 19 de abril".
La Sala de Apelaciones también ordenó que tramitar las recusaciones que el abogado Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt, para que los jueces Barrios y Xitumul dejen de formar parte del proceso.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió el pasado 20 de mayo un fallo que anula la condena al dictador guatemalteco, Ríos Montt, a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de guerra.
Los magistrados argumentaron que la medida de dejar sin efecto la sentencia, se tomó luego de analizar un recurso planteado por los abogados defensores, en el cual alegaban que el dictador se había quedado sin defensa porque el día 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la corte después de haber acusado al tribunal de parcialidad.
Durante la dictadura del general Ríos Montt (1982 -1983), quien actualmente se encuentra recluido en un hospital militar, murieron o desaparecieron 250 mil personas, la mayoría indígenas y civiles, y miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Según estableció la propia ONU, el 93 por ciento de aquellos crímenes fueron perpetrados por militares y paramilitares.