Todavía vestido con uniforme militar –lo podrá llevar hasta el momento en que sea declarado culpable-, Bradley Manning se ha sentado esta mañana frente a la juez que presidirá su consejo de guerra -sin jurado militar por expresa decisión del soldado-, acusado de ser responsable de la mayor filtración de documentos secretos del Gobierno de la historia de Estados Unidos y que difundió la organización WikiLeaks.

La corte marcial se abría tres años después de que el soldado fuera detenido en Irak en mayo de 2010 y tras rechazarse un acuerdo de último minuto, que abría la puerta en la base militar de Fort Meade (Maryland, a unos 50 kilómetros al noreste de Washington) a uno de los mayores procesos militares desde los casos surgidos a raíz de la masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam.

De 25 años, este soldado de Oklahoma destinado en Irak como analista de espionaje, ha admitido haber filtrado al grupo de Julian Assange más de 700.000 documentos clasificados y se ha declarado culpable de 10 de los 22 cargos que se le imputan y que le garantizan una sentencia de al menos 20 años de cárcel. La fiscalía busca probar que Manning ayudó al enemigo –lo que le supondría la cadena perpetua, tras alcanzar un acuerdo para que no sea la máxima pena- y violó la ley de Espionaje de 1917.

“Este es el caso de un soldado que sistemáticamente volcó información en internet y en las manos del enemigo”, ha declarado el capitán Joe Morrow, por parte de la acusación. “Este es un caso sobre lo que pasa cuando la arrogancia se junta con información privilegiada”, ha proseguido el miembro de la fiscalía, que ha asegurado que Manning dio información clasificada a la organización de Osama Bin Laden “sabiéndolo” y “consciente de que se beneficiaría de ella”.

“Si tienes acceso sin precedentes a una red clasificada 14 horas al día, siete días a la semana durante más de ocho meses… ¿qué harías?”, escribió retórico Manning bajo la firma bradass87 en un chat de internet con el hacker Adrian Lamo, que luego le entregaría a las autoridades. Esa frase ha sido utilizada hoy por la fiscalía como apertura de su alegato de presentación y prueba de que el soldado sabía perfectamente lo que hacía al copiar y entregar a Assange los documentos.

Manning, el héroe o el traidor –depende de con quién se hable-, parecía hoy más diminuto que nunca y cuesta imaginar que ese joven de aspecto aniñado sea el culpable de haber puesto en jaque a la diplomacía norteamericana y ridiculizado al Ejército de EEUU tras filtrar un vídeo en el que desde un helicóptero Apache los militares mataban a varios civiles en Irak en 2007 y acababan con la vida de dos periodistas de Reuters –un fotógrafo y un traductor-.

De Manning ha dicho en su defensa su abogado, David Coombs, que era “joven e ingenuo pero bien intencionado” cuando cometió los actos que se le imputan tratando de tener un impacto en la vida de otros. “Creyó que si el público tenía acceso a la información, podía hacer del mundo un lugar mejor”, ha explicado Coombs, alejado del podio y dando a su exposición de argumentos un aire teatral.

A finales de mayo, la juez militar, la coronel Denise Lind, cerraba un año y medio de vistas preparatorias y fijaba las reglas para un juicio que hoy ya ha dado una prueba de las medidas de seguridad que le rodearán. Muchas de las pruebas son material considerado clasificado, lo que significa que amplias partes del proceso se harán a puerta cerrada, sin público ni medios de comunicación. Ante las quejas, la juez consideró el uso de palabras claves para referirse a temas sensibles pero descartó la idea por considerar que no funcionaría y sólo complicaría las cosas.

El juicio a Manning es la mayor representación de la política de mano dura aplicada por la Administración de Barack Obama contra aquellos que filtran información gubernamental, que hasta el momento ha abierto seis casos bajo la Ley de Espionaje, más del doble de todas las efectuadas por todas las presidencias anteriores juntas y solo con Manning sentado en el banquillo de los acusados por ahora.

Se espera que el juicio dure 12 semanas –el 23 de agosto es la fecha fijada para su conclusión-, con el testimonio de más de 150 testigos, 24 de ellos lo harán de forma confidencial. La juez Lind tiene la facultad de bloquear con un botón el sonido que llega a la sala de prensa –que lleva 17 segundos de retraso- cuando considera que se ha dicho algo que pone en peligro la seguridad nacional. A la sala del juicio sólo se permite la entrada a 10 periodistas, provistos unicamente de papel y bolígrafo. Por primera vez desde que se iniciaron las vistas previas, y gracias a los activistas del caso, hoy ha habido un taquígrafo en la sala del tribunal para recoger para la historia los testimonios de los testigos.