Con la caja repleta de dinero por el último rescate europeo, el Gobierno griego se ha sentido lo bastante fuerte como para cometer un abuso de poder del que es difícil encontrar precedentes en la Europa democrática. En menos de un día, ha procedido al cierre por decreto de la radio y televisión públicas del país (ERT). La secuencia de acontecimientos ha sido fulgurante. A primera hora de la tarde del martes, un periódico anunció que el Gobierno estaba estudiando tomar esa medida, pero sin darla por hecho. Poco después, el portavoz del Gobierno la confirmó y anunció que se iba a producir unas horas después, a las doce de la noche. Una hora antes, y en mitad de la movilización de los trabajadores de la cadena, la pantalla se fue a negro en sus cinco canales (uno de ellos vía satélite y otro por cable).

Con las instalaciones ocupadas por los trabajadores, policías antidisturbios se ocuparon de cerrar las transmisiones desde los repetidores.

La cobertura legal de la medida es un decreto que ni siquiera ha tenido que pasar por el Parlamento. Es una medida unilateral del primer ministro Samaras y de su partido, el conservador Nueva Democracia (sic). Los otros dos socios en el Gobierno de coalición, el Pasok e Izquierda Democrática, han mostrado su oposición, pero de momento no han podido hacer mucho más. Sus líderes conocieron la noticia un día antes.

¿Qué sentido tiene formar parte de un Gobierno en el que te enteras de repente de una medida de tan amplio calado social? El cierre de ERT deja a ambos partidos pequeños ante la tesitura de inclinar la cabeza o tumbar al Gobierno. A ninguno de los dos les conviene la convocatoria de unas elecciones anticipadas, pero si ahora transigen, se arriesgan en el futuro no a un mal resultado electoral, sino a desaparecer, sobre todo en el caso del Pasok.

Samaras ha pretendido solventar la penosa impresión causada por el fracaso de la privatización de la empresa pública de gas. Lo había apostado todo a las negociaciones con el gigante Gazprom, una alternativa casi inviable de entrada porque ni tenía garantías de que los rusos iban a querer participar en la subasta ni las autoridades de competencia de la UE estaban por la labor de autorizar su entrada en el accionariado para adquirir una posición de control a cambio de 800 millones. Pero era su única idea y de momento ha quedado en nada.

Todo partía de una imposición europea tan contradictoria en sí misma como tantas otras medidas de la eurozona. La troika exigía que Atenas recaudara 2.600 millones de euros este año en un programa de privatizaciones. Al mismo tiempo se advertía a Grecia que no debía malvender sus posesiones públicas.

La noticia habría originado otra sucesión de declaraciones de políticos o analistas sobre la inviabilidad de todo el programa de rescate de Grecia, precisamente ahora que el Gobierno de Samaras estaba extendiendo entre sus compatriotas la idea de que había pasado lo peor y de que el país, muy poco a poco, empezaba a enderezar el rumbo (¿les suena por algo que hayan oído en España?). No es que las cifras confirmaran esa impresión. Era sólo que un periodo de cierta calma social, que más bien habría que llamar de agotamiento social, había permitido al Gobierno sacar pecho y cambiar de mensaje propagandístico.

El cierre por decreto y apagón preventivo y el despido inmediato de cerca de 2.800 trabajadores eran una forma de enviar eso que se llama con frecuencia un mensaje a los mercados, y fundamentalmente a Bruselas, Berlín y Frankfurt. Casi desde su llegada al poder, los conservadores no se habían atrevido a reducir el número de funcionarios como habían prometido hacer (y debían despedir a 2.000 este verano), entre otras cosas porque no se atrevían a tocar las redes clientelares con las que Nueva Democracia y Pasok han engordado las nóminas de la Administración desde hace décadas.

Denunciar este inaudito abuso de poder no puede llevar a negar la evidencia. ERT era un organismo sobredimensionado con una plantilla excesiva y una estructura creada con criterios no profesionales. Para un país de 11 millones de habitantes, tenía por ejemplo 19 emisoras regionales de radio, un caso bastante obvio de contratación inflada para complacer los deseos de los caciques de Nueva Democracia y el Pasok.

Necesitaba ser reducido con los inevitables despidos y con una reestructuración se supone que basada en criterios racionales, no con el gesto de soberbia de un Gobierno que pretendía borrar la impresión de un fracaso anterior.

Es un gesto de humillación, uno más en la larga lista que están sufriendo los griegos. Supone una extraña forma de sacar a un país de la depresión económica.

Por cierto, el partido neonazi Amanecer Dorado fue el único que apoyó en la tarde del martes la medida del Gobierno de Samaras.