Parece inevitable sentir desasosiego después del fallo de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura. Y no tanto por la sentencia en sí, que venía cantada, sino por el festejo mediático y la ceguera de una oposición necia y clasista que no es la que necesita esta república.

Esta decisión del máximo tribunal pivotea alrededor de por lo menos dos paradojas: por un lado, el fallo se refiere a un instituto jurídico que ha demostrado larga y sobradamente su inutilidad, al que aun con defectos era y sigue siendo necesario cambiar y por qué no por el voto de la ciudadanía.

Y por el otro, la gravedad que entraña el hecho de que una ley votada en el Poder Legislativo sea vetada –ipso facto– en y por el Poder Judicial. Que yo sepa, esto nunca se había visto en el constitucionalismo argentino y asombra el silencio al respecto.

Podrán cuestionarse algunos aspectos de la reforma judicial que bien se ha dado en llamar “democratización de la Justicia” –porque eso es–, pero lo que asombra es que una vez más las fuerzas corporativas parecen lograr que la tensión sea extrema y la vida política nacional se juegue a todo o nada. No en vano andan excitadísimos con la declaración de inconstitucionalidad las corporaciones más poderosas del país: los grupos hiperconcentrados de la economía, el poder multimediático de Clarín y La Nación y lo más conservador y rancio de la administración de justicia.

Y tan eufóricas están las corporaciones que ya claman “ir por más”, verbigratia que la Corte “derogue” (vocablo absurdo porque a ese tribunal no le competen derogaciones) las demás leyes de la reforma judicial aprobadas por el Congreso.

Es inevitable pensar que cuando la Justicia cogobierna o pretende ser la que impone las reglas, algo anda mal en un país. Se supone que las normas de la Constitución Nacional son inmutables y es por eso que se han tenido por inmanentes las formas tradicionales de separación de los poderes. Pero en ningún artículo la Constitución dice que esa separación significa superioridad aristocrática de ningún poder. Y, sin embargo, en la Argentina hay todavía uno que sí se organizó y se sostuvo como verdadera oligarquía judicial, siempre funcional a los intereses de los ricos y en general de espaldas a los sectores populares.

Eso, precisamente, fue lo que vino a cambiar este gobierno. Que casi siempre comunica muy mal y suele ser bastante torpe, cierto, pero que muchas más veces es desoído por necedad, o directamente atacado con prejuicios de clase.

Y así, en medio del diálogo de sordos en que sobre todo algunos grandes diarios y su telebasura han logrado convertir a la política nacional, parece que ni siquiera la hasta ahora tan respetada Corte Suprema supo resguardarse de ese griterío que es, literalmente, ensordecedor.

“Epur si muove”, diría Galilei: es imperioso cambiar el “sistema” judicial argentino, resista quien se resista. Pésimas investigaciones, sumarios lentos y “empiojados”, dudosos sorteos de juzgados, demoras o aceleraciones inexplicables, recursos infinitos, lenguaje críptico y arcaico, formalismos ridículos que anulan la esencia del Derecho, cautelares que se prodigan como bombones y presiones tan mediáticas como vergonzantes, son hoy indesmentibles y constituyen la realidad cotidiana de nuestra (in) Justicia.

Mientras tanto, el descreimiento de la sociedad es tan grande como el tropiezo de esta Corte Suprema que venía siendo vista como una garantía. No hay forma de justificar que la cautelar en favor de Clarín lleva cuatro años “en estudio”, pero un cambio fundamental como el voto popular para elegir los miembros del Consejo de la Magistratura es rechazado en menos de dos semanas. Es lo mismo que recordar que en las cárceles hay más de 50.000 ciudadanos presos en condiciones inhumanas y sobre ellos sólo hay mora y silencio, pero fue expedito el pronunciamiento para favorecer a la Chevron.

Cómo no va a ser irritante el escenario si justo cuando parece que van a cambiar las cosas –y por ley de la nación democráticamente aprobada– vemos que la máxima jerarquía del Poder Judicial también se resiste a los cambios como gato panza arriba, para decirlo como en mi barrio.

Con su estilo desprolijo y provocador, el Gobierno no ha hecho otra cosa que seguir adelante en su voluntad de modificar un sistema que no da para más y que es evidente (y saludable) que está cambiando, y a paso redoblado. Enhorabuena.

Y es que no hay dudas de que volver terrenal lo que parecía divino es un buen signo del avance de los tiempos. Durante un siglo y medio la Justicia en la Argentina estuvo siempre “allá arriba”, intocable y mayestática como una diosa (que además se pretendía ciega y equilibrada). Bueno, ahora ha empezado a conocer las asperezas del suelo que pisamos todos. Y eso no está nada mal.

De ahí que quizá se estén equivocando en su pesimismo los que ven el vaso medio vacío. Porque la verdad es que ese vaso estuvo vacío durante 160 años, y ahora tenerlo a la mitad bien merece ser visto como un triunfo político notable.

Un día de éstos habrá que reconocerlo, aunque hoy sus mismos partidarios todavía no terminan de darse cuenta: desprolija y chocante a veces, contradictoria y altanera, CFK lo hizo.

“Vamos a seguir trabajando en profundizar la identificación de prácticas corporativas en el seno del Poder Judicial, a ver si logramos modificarlo definitivamente”, dijo la jueza María Laura Garrigós de Rébori, titular de “Justicia legítima”, después del fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de los artículos centrales de la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, advirtió Garrigós, la propia Corte no sólo invalidó la norma votada por el Congreso y anuló la elección popular de consejeros, sino que “tampoco toma las iniciativas necesarias para aplicar las otras leyes que apuntan a la democratización: ni para implementar el examen de ingreso igualitario, ni para que se difundan todas las sentencias en su propio portal, ya que elige sólo algunas, ni para que se conozcan las declaraciones juradas”.

Por lo pronto, la organización “Justicia legítima” planea manifestarse de algún modo contra el fallo supremo, y todo indica que lo hará con una movilización el miércoles próximo. “Lo que a la Corte le interesaba principalmente era decir que los jueces no pueden mezclarse con la política, y en consecuencia, el pueblo no puede votarlos (como consejeros). El razonamiento es que a los jueces, la legitimidad sólo se las da la Constitución, no la forma en que fueron elegidos. Pero ¿no es la Constitución expresión del voto popular? Dicen que si el Consejo queda integrado por seis legisladores, seis académicos, tres abogados y tres jueces no hay equilibrio. Eso es corporativismo, que no quieren representación partidaria, es simple”, insistió Garrigós.

La decisión de la Corte, con una mayoría de seis votos y la disidencia de Raúl Zaffaroni (que avaló la reforma), anuló la convocatoria a elección popular de consejeros de la Magistratura y declaró la inconstitucionalidad de los artículos clave de la ley que establecía su reforma: invalidó la ampliación de la representación de académicos y científicos, y la elevación del número de integrantes del organismo a 19; dijo que al ser todos los consejeros elegidos directa o indirectamente por voto popular se altera el equilibrio; que a los jueces, abogados y académicos sólo los eligen sus corporaciones. Advirtió que el Congreso no puede determinar el mecanismo de elección de los consejeros y que el voto popular queda reservado a las autoridades políticas, y que la postulación de jueces por partidos políticos compromete su independencia.

Mientras en ciertas áreas del gobierno nacional evalúan la conveniencia de que alguna ONG presente algún recurso en una instancia internacional como la Comisión Interamericana, en “Justicia legítima” prefieren pensar alternativas más bien locales, que puedan mantener vivo el debate sobre la democratización del Poder Judicial.

Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación Penal, recordó que está pendiente la discusión sobe la implementación del juicio por jurados. Su evaluación es la siguiente: “De algún modo, el análisis de lo resuelto por la Corte nos lleva al problema de la teología jurídica y el principio de infalibilidad papal. La voz de Dios es otra, no es la voz de la Corte –ironiza– aunque sea el último intérprete, no reúne la verdad”. “El protagonismo y la participación ciudadana en el sistema de Justicia se construyen socialmente y al amparo de la Constitución vigente, la herramienta más sencilla es la herramienta del juicio por jurados. Esto no admite ninguna duda, y garantiza la participación ciudadana en el Poder Judicial, que es lo que niega la sentencia de la Corte, que sostiene que el Derecho, o la justicia, sólo quedan en cabeza de los letrados, pero no es el modelo que recepta la Constitución, porque la justicia somos todos. Hay proyectos de juicio por jurados con estado parlamentario”, sostiene Slokar.

El fiscal general, Javier De Luca, sostuvo que el fallo de la Corte puso en juego dos visiones de la Constitución nacional: “Una que la ve como si fuese un producto terminado, acabado, que no permite una interpretación dinámica, aggiornada, conforme a las cosas que van pasando en la sociedad y los cambios culturales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el voto popular y un ejercicio más actualizado de la soberanía popular a través del autogobierno de los ciudadanos”. “La otra visión –explicó De Luca– es una visión joven, una visión dinámica, que proyecta un futuro. Es la visión de un estadista, es una visión de Estado que se ve claramente en el dictamen de la procuradora (Alejandra Gils Carbó) y en el voto de Zaffaroni.” Lo que el fiscal traduce es que del fallo supremo se desprende que las reformas sólo se podrían concretar modificando la Constitución. A su entender la Corte hizo una “interpretación intrasistémica” de la Constitución, “analizan el sentido de cada palabra pero omiten considerar los cambios que se han producido en la sociedad”.

Señores ministros de la Corte Suprema:

Desde hace tiempo, ¡mucho tiempo!, la “Justicia”, o más precisamente el “Poder Judicial”, está en el centro de la escena política.

Se dice que desde la “división de poderes” se pretende que cada uno de los tres poderes sea independiente del anterior. Y se me ocurren algunas cosas:

No es muy creativo destacar que el Poder Judicial goza de privilegios de los que carece toda otra instancia de la Patria: no son elegidos por el pueblo (¡en una democracia!), no lo son por un “período”, sino que son vitalicios, e incluso están por encima de la misma ley (que haya miembros de la Corte que superen los 75 años me resulta patético, ¡ni entre el Episcopado se da semejante cosa!).

No hace falta que les diga la incredibilidad de la que “gozan” ante la sociedad. Aunque creo que eso no les importa, ya que parecen considerarse “suprahumanos”. La sensación que tiene el pueblo es que la Justicia no es para ellos salvo que sea para sancionarlos o condenarlos. Cosa habitual entre los pobres.

Es serio que a uno de los tres poderes de la República sólo se pueda acceder siendo abogado, ¿no les parece? ¿No es un “pueblo = demos” excesivamente elitista ése?

Una cosa son los “Poderes” que conforman el Estado, pero eso no implica que sean los únicos poderes que hay en la Patria. Hay un “cuarto poder”, hay un “poder económico”, y –para ser sinceros– nunca parecen haberse preocupado de mostrarse independientes de los mismos. Es más, ¡son tantas las veces en las que parece que la Justicia sólo beneficia a los poderosos! (por si no se dan cuenta, eso quiere decir, a los que tienen poder).

Soy de aquellos que celebraron la nueva composición (no totalmente nueva, por cierto) de la Corte Suprema. Soy de los que lamenta haber celebrado.

Sinceramente ya no espero justicia, y menos del “Poder Judicial”, y quizá deba agradecerles por eso. Habrá –quizás– eventuales “maníes para los monos”, pero no espero Justicia.

Viendo el alarde de inJusticia del que gozamos, creo que ahora nos falta esperar que:

- Declaren que el Grupo Clarín debe ser el dueño de todos los medios de la Argentina;

- Declaren que las PASO deben anularse ya que en la experiencia pasada fue evidente cómo terminarían las elecciones;

- Declaren que la Mesa de Enlace debe hacerse cargo de los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Educación;

- Declaren prohibida en todo el territorio nacional la enseñanza de cualquier historia que no sea coherente con la que “Mitre nos legó”;

- Declaren que se debe anular la Asignación Universal por Hijo, porque conduce por los canales del juego y la droga;

- Declaren al alcalde de Buenos Aires único candidato para las próximas elecciones nacionales;

- Declaren el cierre inmediato de las nuevas universidades y hospitales;

- Y finalmente declaren nulo el 54,11 por ciento de las pasadas elecciones.

Así habrá justicia y Sus Señorías podrán seguir en la estratosfera ajenos al mundo y, sobre todo, bien distantes del pueblo, no sea cosa que éste gobierne.

El kirchnerismo advirtió que, a pesar de que acatará el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la reforma del Consejo de la Magistratura y suspendió la elección popular de miembros de ese órgano, las reformas del Poder Judicial propuestas por Cristina Fernández de Kirchner podrían continuar a través de otras medidas y medios diferentes. En sintonía con lo que planteó la Presidenta en el acto por los 400 años de la Universidad de Córdoba, el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que la decisión del máximo tribunal es un escollo más en el “desafío de democratizar el único Poder que el pueblo no tiene posibilidad de votar” y anticipó nuevos pasos en ese sentido, al asegurar que “las luchas por la democratización nunca han sido fáciles”. En tanto, gobernadores alineados con la Casa Rosada y otros dirigentes políticos y sindicales criticaron la decisión de los magistrados y señalaron que ese mismo fallo es una prueba de la necesidad de avanzar con más cambios sobre los tribunales.

“Esperábamos que la Corte sacara una sentencia más democrática”, admitió Alak ayer al ser consultado por la decisión de la Corte Suprema. “¿Por qué tienen miedo de dejar que la gente vote, cuál es el problema?”, se preguntó el funcionario, que también sostuvo que “el pueblo nunca se equivoca y el voto es la base de la democracia”. Según recordó el ministro, la Argentina es “una república representativa” tal como establece la Constitución Nacional, pero sostuvo que, si un estamento puede elegir sus representantes sin la intermediación del voto popular, “no es democracia sino aristocracia”.

Otro miembro del gabinete que vertió su opinión sobre el asunto fue el titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, quien dijo que el fallo “legitima la legalidad corporativa, dejando de lado la legitimidad popular”. Para el ex jefe de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados (rol que cumplía cuando se aprobó la ley suspendida), “es malo que desestime como fuente de poder legítima la voluntad popular”, pero advirtió que “se seguirá debatiendo generando consensos” respecto del funcionamiento del Poder Judicial.

Por su parte, dos miembros del Consejo de la Magistratura alineados con el oficialismo criticaron en duros términos la decisión cortesana. “En el fallo de la Corte subyace un triple desprecio: a la soberanía popular expresada por el voto universal, al Congreso de la Nación en sus facultades y a los partidos políticos en general, a los que descalifica colocándolos como condicionantes de la independencia judicial”, dijo el senador Marcelo Fuentes. Para el neuquino, la sentencia implica “sostener” que “el voto debe ser calificado” y “sólo puede explicarse por una actitud en defensa del interés corporativo” de jueces y abogados.

“El debate en torno de la democratización de la Justicia continúa”, advirtió el legislador, anticipando también nuevas medidas sobre este tema. Hernán Ordiales, compañero de Fuentes en el Consejo como representante ante ese órgano del Poder Ejecutivo, fue más allá al afirmar que pese al fallo adverso de la Corte Suprema “no quedará en la nada” la reforma del Poder Judicial. “Creo que si la idea fuerza de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es suficientemente importante, como yo creo que es desde el punto de vista de la filosofía política, va a terminar por consolidarse.”

El gobierno nacional también recibió el apoyo de gobernadores aliados, quienes criticaron asimismo a la Corte. Es el caso del tucumano José Alperovich, quien sostuvo que la sentencia “viola la voluntad popular” porque suspende “una ley aprobada en ambas Cámaras”. Por su parte, el mandatario de Jujuy, Eduardo Fellner, consideró que “con el fallo pierde la sociedad argentina en su conjunto”. En tanto, el entrerriano Sergio Urribarri calificó la decisión del máximo tribunal como “un resabio del pasado”, pero advirtió: “En modo alguno quiere decir que vayamos a renunciar a seguir accionando desde la política para democratizar las instituciones del país”.

El senador Aníbal Fernández insistió sobre la misma idea: “No nos vamos a detener; hay que seguir luchando hasta conseguir que sea la voluntad popular la que elija a los representantes en el Consejo de la Magistratura”. En tanto, el diputado Carlos Kunkel fue más allá y acusó al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de utilizar este fallo de “trampolín para dar un salto a la política” por sus “aspiraciones de llegar a la presidencia de la Nación”.

El titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, manifestó su desacuerdo con el fallo (ver aparte) y también lo hizo Adriana Puiggrós, titular del Frente Grande, parte de la coalición oficialista: la diputada acusó al máximo tribunal de estar “preocupado y ocupado en mantener sus privilegios corporativos desconociendo el verdadero sentido de la Constitución Nacional”.

Cuando Cristina k . está librando la gran batalla contra unos medios de comunicación al servicio de laas minorías  y contra un poder judicial  , en las altas esferas corrompido y que no consulta los intereses de las mayorías ... y cuando dolida pero segura dice que :

 

“Más temprano que tarde vamos a poder votar”

 

El " revolucionario trosko " su enemigo desde que expropio la Repsol  lo que dice es :

 

De: Quico º

Enviado: 21/06/2013 08:07

“Más temprano que tarde vamos a poder votar”   Ah, síiiii y eso... ¿para cuando las gallinas meen?

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Será que se necesita ser uno muy inteligente para  entender lo que escupe el maricón de Antella contra nuestra heroina del Sur ....  que lucha por la dignificación de nuestros pueblos ?  repito  para quien si es cegatón y por ello grita y pone las letras grandecitas  jajajajajajaj