El Gobierno de Brasil se prepara para una posible marcha atrás. La propuesta de reforma constitucional que anunció el lunes la presidenta Dilma Rousseff no ha convencido ni a la oposición ni a destacados miembros del poder jurídico. Y a la calle la dejó indiferente. Rousseff propuso la convocatoria de un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre la creación de una Asamblea Constituyente con poderes para modificar la Constitución de 1988. Su objetivo era emprender una gran reforma política con el respaldo del voto popular. Pero el rechazo entre los partidos opositores ha sido tan unánime que el Gobierno baraja otras opciones.
El presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Marcus Vinícius Coelho, acudió el martes al palacio presidencial de Planalto con la propuesta de modificar la Ley de Elecciones y la de Partidos Políticos sin alterar la Constitución. Su proyecto contempla consultar al pueblo mediante un referéndum acerca de las medidas concretas de la reforma, pero no sobre la opción de convocar una Asamblea Constituyente.
Al cabo de dos horas, Vinícius Coelho salió de su encuentro con Rousseff declarando que la presidenta había entendido que impulsar una Constituyente no es lo más adecuado porque retrasaría la reforma política. Sin embargo, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, señaló que la opción de Vinícius Coelho era interesante y que se estudiaría junto a otras sugerencias. No habló de marcha atrás. La presidencia emitió también un comunicado en el que calificaba la propuesta como una “contribución importante”, pero aclaró que el Gobierno no ha tomado aún ninguna decisión y continuaría escuchando propuestas.
Luís Roberto Barroso, un juez que se acaba de incorporar esta semana al Tribunal Supremo, ya se pronunció en 2011 en contra de esa opción como medio para emprender una reforma política. “No es posible, la teoría constitucional no conseguiría explicar una Constituyente parcial”, indicó entonces Barroso. “La idea del Poder Constituyente es de un poder soberano, un poder que no debe su fundamento de legitimidad a ningún poder que no sea la propia soberanía popular que lo impulsó. De modo que nadie puede convocar un Poder Constituyente para establecer previamente cuál es la agenda de ese Poder Constituyente. El Poder Constituyente no tiene la agenda prefijada”.
Varios dirigentes opositores también calificaron la propuesta de innecesaria, al entender que se puede reformar el sistema político con una simple enmienda constitucional. Para la oposición, Rousseff sólo trata de desviar la presión de la calle hacia el Congreso –la institución que debería aprobar la convocatoria de la Constituyente-- mientras elude adoptar medidas concretas que sólo dependen de ella y no del Congreso.
El senador opositor Aécio Neves declaró que la presidenta sólo intenta desviar la atención y “transferir a terceros sus propias responsabilidades (…) Olvidó que su partido gobierna el país desde hace más de diez años. No se termina de entender cómo este Gobierno, que controla el 80% de las cámaras, todavía no ha impulsado el debate y aprobado una reforma”, añadió. Neves, posible candidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centro derecha, recomendó a la presidenta reducir a la mitad el número de ministerios y los “más de 22.000 cargos comisionados, de los cuales 4.000 están ligados directamente a la presidencia”.
El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), también del PSDB, señaló que las reformas políticas mediante plebiscitos son propias de “regímenes autoritarios”. El exgobernador de São Paulo, José Serra, del PSDB, calificó la propuesta de absurda, fuera de la realidad y sin pies ni cabeza. “Primero se tiene que aprobar una ley en el Congreso. Si se aprueba, hay que fijar la fecha para que el pueblo vote. ¿Cuánto se tarda en eso? ¿Seis meses? Después es necesario elegir a los miembros de la Constituyente. ¿Y toda esa confusión se produciría en pleno año electoral –las presidenciales se celebrarán en octubre de 2014—porque ella oyó hablar de reforma política?”, preguntó.
En el campo de la justicia el recibimiento tampoco fue mucho más esperanzador para Rousseff. El mismo día que recibió al presidente del Supremo, Joaquim Barbosa, para exponerle su proyecto, las críticas también arreciaron desde el ámbito jurídico. Marco Aurélio Mello, uno de los diez integrantes del Supremo, declaró abiertamente que el país “no necesita nuevas leyes, sino hombres públicos que cumplan la Constitución”.
Y mientras tanto, las manifestaciones no cesan. Son mucho menos multitudinarias –2.000 personas en Río de Janeiro el pasado lunes-, pero continúan gestándose en las redes sociales.
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