Campesinos del municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), denunciaron este martes la militarización de esa zona, como parte de la política represiva emprendida por el Gobierno colombiano, que el pasado sábado cobró la vida de dos labriegos y dejó un saldo de más de 16 heridos.

El corresponsal de teleSUR en Colombia, Milton Henao, precisó que los habitantes de esa entidad informaron sobre la presencia de varios aviones Hércules que transportaron a aproximadamente 200 efectivos castrenses del escuadrón antidisturbios, que arribaron acompañados de la Policía Nacional para reprimir las protestas que llevan a cabo -desde el pasado 11 de junio- agricultores que han salido a la calle a pronunciarse por el abandono estatal.

En referencia a la comisión de alto nivel enviada por el presidente Juan Manuel Santos, indicó que se tiene previsto que en las próximas horas llegue al municipio de Tibú para tratar de entablar un nuevo diálogo con los labriegos.

Henao informó que en el Catatumbo existe mucha “incertidumbre” respecto a la posibilidad de una negociación entre las partes, pues los agricultores sostienen que no habrá posibilidades de diálogo si el Ejecutivo continúa condicionando las circunstancias de esta reunión.

El periodista de teleSUR adelantó que dicha delegación está encabezada por el ministro consejero, Luis Gerardo Garzón; tres viceministros y los alcaldes de Norte de Santander.

La víspera, el ministro de Interior colombiano, Fernando Carrillo, afirmó que el Gobierno comenzará a dialogar con los labriegos en el Catatumbo “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”.

Tras un encuentro en la Casa de Nariño -sede de la Presidencia- con siete alcaldes de esa zona de Norte de Santander, el gobernador de esa región y el presidente Juan Manuel Santos, Carrillo subrayó que en la mesa de concertación "solo se discutirán los temas puntuales sobre condiciones sociales del área afectada y con los voceros legítimos de las comunidades", según reseñó un diario local.

Entre otras reivindicaciones, el campesinado de la región del Catatumbo pide que la definición de una Zona de Reserva y la sustitución gradual de cultivos ilícitos mediante proyectos productivos sostenibles.

Durante las jornadas de movilización, la policía, el Ejército y miembros del escuadrón antidisturbios reprimieron a los manifestantes con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y balas de fusil, con un saldo de dos muertos, más de 16 heridos y varios detenidos.

Mientras tanto, un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, difundido este lunes por la Agencia de Prensa Rural, condenó la represión de la fuerza pública y exigió el cese inmediato de las hostilidades.

“Expresamos nuestra preocupación por la judicialización de los manifestantes detenidos, que refleja la criminalización de la protesta social en Colombia”, apunta el texto.