La organización civil Servicio Paz y Justicia
(Serpaj) de Paraguay denunció este jueves las vejaciones y violaciones
de derechos humanos y civiles cometidas por la Policía Nacional sobre
familias campesinas de la localidad de Tacuatí, en el central
departamento de San Pedro.
La organización humanitaria visitó la localidad e hizo públicas las
denuncias de los campesinos de la zona, quienes aseguran ser víctimas de
constantes atropellos perpetrados por fuerzas policiales, e incluso
sufrir arrestos arbitrarios sin la existencia de cargos penales en su
contra.
En un informe divulgado en Asunción, el ONG denuncia que al menos 400
familias campesinas son sometidas al acoso de elementos policiales,
quienes “se introducen en sus domicilios y usan la violencia para
incriminarles con falsedades”, además de robarles pertenencias.
“Los trabajadores rurales son constantemente amenazados de
detenciones y maltratados, con el objetivo de vincularlos con hechos de
violencia”, expone el texto.
Igualmente, el movimiento civil denunció las arbitrariedades
cometidas por las autoridades en la zona donde fue asesinado, el pasado
31 de mayo, el ganadero Luis Lindstron.
En principio, el Gobierno y los hermanos de Lindstron habían acusado
del crimen a un grupo armado que opera en la zona bajo la denominación
de Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), pero ahora las investigaciones
apuntan hacia políticos enemigos del ganadero.
La declaración de Paz y Justicia coincidió con una carta abierta
escrita desde prisión por seis dirigentes del campo, encarcelados por su
supuesta participación en el secuestro y muerte de la hija de un
político local.
Estos seis campesinos denuncian que su condena, hoy día en apelación,
fue hecha “en medio del golpe parlamentario con el cual se destituyó
hace un año al presidente constitucional, Fernando Lugo”.
Asimismo, subrayaron que son inocentes de las acusaciones hechas
contra ellos y adjudican las sanciones a las persecuciones oficiales
contra los luchadores por la vigencia de los derechos del campesinado.
En la misiva, los dirigentes rurales también recordaron que “en
Paraguay el Estado de derecho es letra muerta para los pobres”, un hecho
que se demuestra en su caso, pues llevan siete años y dos meses en
prisión sin una condena firme.
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