(Editorial de Nuestra Propuesta del 4 de julio de 2013)

En esta nueva situación hay que ubicar al capital concentra- do, sea extranjero o de origen nativo, como el enemigo princi- pal, y avanzar decididamente desde el Estado y con el pueblo contra todos los que se oponen a radicalizar los cambios. Hay consenso social y también recur- sos humanos y financieros para que no se dilate más la decisión de tomar el control absoluto de las áreas de transporte, energía, salud y educación, establecien- do las regulaciones necesarias en todas las áreas de la producción y el manejo directo del comer- cio exterior y la banca.

La pregunta que debemos hacernos quienes conformamos el campo popular, es hasta dónde alcanza con las expresiones de deseo y la voluntad de cambio si no se dan pasos concretos en la transformación de una matriz productiva profundamente determinada por la lógica de mercado y la iniciativa privada. Dos ejes de viejos y nuevos liberalismos, que al ser tolerados en su existencia y consecuencias, alejan las pretensiones de una economía social fuera de esos parámetros. Y peor aun, consolidan las intenciones regresivas de los capitales concentrados del agro, la industria y las finanzas, que comandan la economía y vetan los progresos democráticos.

Vivimos y sufrimos la época del imperialismo, y ese es el «capitalismo real» que vaporiza galimatías sobre un capitalismo bueno, inclusivo y respetuoso. Por el contrario, no hay cómo escaparle a la tendencia a la centralización y concentración del capital tal como se muestra en gran parte del mundo capitalista, donde un puñado de ricos decide los destinos de miles de millones de individuos.

Sin embargo, es un hecho que en muchos casos cambian los gobiernos de derecha por otros de perfil progresista, pero la dirección de la economía continúa en manos de una u otra élite empresaria, quienes se benefician de un sinnúmero de debilidades e indefiniciones que presentan esos progresismos a la hora de establecer acciones para contrarrestar su poder omnímodo.

En nuestro país es básico, si se quiere sostener un proceso de desarrollo y cambio estructural, tener un plan para la infraestructura de servicios sociales, transporte y energía. Sin embargo, hasta ahora solo hay líneas gruesas, buenas intenciones y algunas medidas correctas, que no terminan de conciliarse en un plan maestro que defina metas, evalúe recursos, determine vías de financiamiento y sobre todo, establezca el sentido social y el interés público de áreas imprescindibles que no deben permanecer en manos privadas.

Nadie discute que el estado desastroso de la infraestructura se originó en las nefastas políticas de destrucción del Estado impuestas por la dictadura cívico-militar, que más tarde alcanzó el broche de oro durante la gestión menemista y luego con la Alianza, pero en la actualidad ese discurso ya no alcanza para justificar lo que no se ha hecho en los últimos diez años, como por ejemplo no haber cambiado el paradigma de gestión operativa de los ferrocarriles.

Todo indica que es hora de cambiar el rumbo, reforzando las tendencias subversivas que mostró el kirchnerismo y expurgando lastres conservadores; caso contrario, estamos ante un punto de inflexión que podría estar señalando el fin de una etapa auspiciosa y la apertura del camino para el retorno del neoliberalismo.

Interpelar al pueblo es sin duda un gran paso y proclamar objetivos que hacen a una revolución democrática y nacional un salto cultural, pero es insuficiente si no se acompaña de la constitución de un frente que contenga a todas las fuerzas y organizaciones que coinciden en que en esta etapa se debe profundizar en una línea de cambios estructurales, que consoliden lo que se ha avanzado y den paso a una transición hacia superiores estándares de igualdad, justicia y soberanía.