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15 de julio de 2013, 16:26Por Maylín Vidal
Bogotá, 15 jul (PL)La izquierda colombiana calificó de trascendental e histórica la decisión del Consejo de Estado de devolverle la personería jurídica a la Unión Patriótica (UP,) por considerar que abre un nuevo capítulo para esa fuerza masacrada en los años 90.
El fallo, emitido por el Alto Tribunal el pasado 9 de julio, sentenció que no se podía despojar de la legalidad a esa organización por no presentarse a elecciones legislativas en 2002, "tras reconocer que el exterminio sistemático contra dirigentes y militantes de ese partido fue la principal causa".
Dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y otros miles de militantes fueron asesinados por grupos paramilitares en cuatro años, y centenares de ellos se vieron obligados a abandonar el país.
Según datos oficiales, la masacre sumó, hasta 1994, tres mil 500 masacrados sin contar varios miles de torturados, encarcelados, víctimas de atentados y desaparecidos, cuya cifra exacta se investiga hasta hoy día.
En medio de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, la noticia es un hecho alentador para la izquierda en el país, aunque persisten interrogantes sobre qué sucederá en los comicios de 2014.
Con la restitución de la personería jurídica a este movimiento, nacido a raíz del proceso de paz de 1985, el panorama político cambia en el país, se convierte en el segundo partido de izquierda junto al Polo Democrático Alternativo.
Para el presidente de la UP, Olmer Calderón, el fallo del Consejo de Estado es un reconocimiento del genocidio cometió por razones políticas contra una agrupación de izquierda.
En una reciente entrevista publicada en la revista Semana, consideró que, a pesar de lo que pueda ocurrir en las urnas en 2014, "la personería jurídica mantiene su vigencia independientemente de los resultados electorales hasta tanto la persecución y estigmatización contra esa organización y otras fuerzas progresistas en el país no cambie".
Lo logrado es solo una pequeña parte de los reclamos de justicia y reparación para las víctimas de la Unión Patriótica. Pedimos a la Fiscalía que considere, como un caso emblemático y colectivo, los crímenes sistemáticos a nuestros dirigentes, expresó.
La reparación, sostuvo, implica tres medidas: el reconocimiento del Estado por acción y omisión, la difusión de la verdad en los medios de comunicación y la creación de una cátedra docente que narre esta experiencia a las nuevas generaciones.
El congresista Iván Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda, fue uno de los asesinados, declaró que lo ocurrido "es un gesto trascendental de justicia y reparación para las víctimas de la violencia política en Colombia, pero se trata apenas de una cuota inicial de lo que debe ser una verdadera reparación".
No solo es necesario devolver la personería, argumentó, sino también rodear con garantías a este movimiento sometido a un cruento genocidio".
Cepeda opinó que el hecho en si mismo debe suscitar una reflexión en momentos en que se discute la participación política en los diálogos de paz que transcurren en Cuba.
Los movimientos que surjan, tras un eventual acuerdo, no pueden correr la misma suerte que la UP, tiene que haber garantías plenas y democracia en Colombia, resaltó.
Por su parte Calderón explicó que iniciarán asambleas para consultar a las bases sobre la posibilidad de reanudar la actividad electoral.
Dependiendo de las condiciones políticas y de seguridad, no descartamos explorar algunas candidaturas en zonas como los departamentos de Arauca, Guaviare y Meta, donde la UP tuvo mayor influencia, añadió.
El jefe del equipo de paz de las FARC-EP, Iván Márquez -quien fuera representante a la Cámara por el Caquetá, cuando formó parte de la UP- opina que el fallo, aunque tardío, es una buena señal, pero requiere la democratización del país, "el fin del excluyente bipartidismo del Frente Nacional, tolerancia y pedagogía política".
Es lo que piden la guerrilla e innumerables organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, afrodescendientes y partidos políticos, que reclamaron aquí, en un reciente foro político, la urgente necesidad de poner fin a las persecuciones y oportunidades para todos en las urnas.
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