Se cae la estantería del cartel de la contratación en el Concejo. Hace un año y siete meses que la Fiscalía llamó a interrogatorio a 17 concejales presuntamente relacionados con el robo a Bogotá y, después de muchos rumores sobre acciones judiciales, en menos de una semana se les imputaron cargos al exconcejal de la U Hipólito Moreno y al concejal verde José Juan Rodríguez y se anunció la misma diligencia en contra de Orlando Parada y Andrés Camacho Casado, ambos concejales de la U. Ellos dos también concejales en ejercicio.

Fuentes que conocen el proceso dicen que para ello fue determinante la colaboración que hace unas semanas comenzó en la Fiscalía Hipólito, quien confesó haber participado en el carrusel, pidió perdón y está entregando pruebas en contra de sus excolegas. Y también están declarando los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, otros miembros confesos del cartel.

Con el remezón que tiene temblando al Concejo gana la ciudad que, una vez haya condenas, se librará de las figuras que la saquearon por años. Pero además, la tormenta en la corporación genera, por lo pronto, dos efectos políticos inmediatos: por un lado, con una imputación de cargos encima queda prácticamente deslegitimado Orlando Parada, quien acaso sea el principal opositor del alcalde Petro en el Concejo y en el debate público. Y, por otro lado, tal y como ya lo había explicado La Silla, se refuerza el argumento de Petro de que ahí está el brazo político de las mafias.

Con ambas consecuencias, el alcalde de Bogotá se anota una victoria política en momentos en los que avanza en su contra un proceso de revocatoria y una investigación disciplinaria en la Procuraduría que, según algunas versiones de prensa, podría terminar con su destitución.

Este punto político que se anota Petro no implica, sin embargo, un cambio en la correlación de fuerzas en el Concejo (que es mayoritariamente de oposición), en donde hoy se discuten proyectos clave como la actualización del POT, la valorización y un cupo de endeudamiento para obras.

Hoy un juez concedió a la Fiscalía su petición de privar de la libertad a José Juan Rodríguez, quien dormirá en La Picota. No obstante, ni si esto se hiciera también con Camacho Casado y con Parada (tal y como ya dijo la Fiscalía que lo pedirá) la oposición dejaría de ser mayoría en la corporación, pues ahí no aplica la figura de la silla vacía. Eso quiere decir que si son condenados los entrarían a reemplazar otros miembros de sus respectivos partidos, que hacen oposición y responden a una disciplina de bancada.

Eso sí: mientras alguno de ellos esté detenido sin condena sigue siendo dueño de su curul, pero en ausencia no podría votar, lo cual sí significaría menos votos para la coalición opositora. Por ahora sólo habría un voto menos: el de José Juan Rodríguez. Y como las audiencias de imputación de Camacho Casado y Parada están citadas para el 11 de julio, seguramente ellos votarán sin problemas lo que se discute en el Concejo por estos días.

Gustavo Petro se anota una victoria política con la caída de los concejales, pero esto no cambia inmediatamente su relación con el Concejo.

Foto: Juan Pablo Pino

Hipólito Moreno y su acuerdo con la Fiscalía han sido claves en este proceso.

Foto: Fiscalía

La joven presidenta del Concejo, María Clara Name, seguramente tendrá que referirse al desprestigio de la corporación.

Foto: Juan Pablo Pino

Orlando Parada es el más antipetrista de los concejales en líos y lo es incluso desde la campaña presidencial de Petro en 2010, cuando demandó esa candidatura argumentando que el aspirante estaba inhabilitado para ser elegido por haber sido condenado por porte ilegal de armas durante su militancia en el M-19. Un asunto en el que la justicia falló a favor de Petro.

Su oposición es con votos en el Concejo: Parada fue clave para hundirle a Petro, por ejemplo, su anterior proyecto de cupo de endeudamiento y la deuda que pedía para su metro ligero: Parada argumenta y es capaz de ir de puesto en puesto convenciendo a sus colegas de la inconveniencia de ciertas iniciativas del Gobierno.

Pero Parada también hace oposición en el debate público: durante la campaña a la Alcaldía, Parada lanzó una cuña en contra de Petro por haber sido guerrillero y, una vez elegido el alcalde, acudió al director de entonces en su partido (La U), Juan Lozano, para impulsar la coalición opositora a Petro que finalmente se armó.

De familia de policías y él mismo un policía de la reserva, y declarado discípulo de Álvaro Uribe, este concejal es la antítesis de Petro y su oposición es también ideológica.

Aunque claro, también está el tema de la corrupción: a Parada la Fiscalía lo está involucrando en temas de corrupción en la Unidad de Mantenimiento Vial de la que eran “dueños” supuestamente Camacho Casado e Hipólito, durante la dirección de Iván Hernández, quien también fue llamado a audiencia de imputación de cargos.

Durante varios meses hubo rumores que señalaron que tiene cuotas en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, en Corabastos, en la Personería y en varias alcaldías locales y que su rechazo al alcalde podría deberse a que éste le ha ido quitando poder. Sin embargo, Parada siempre ha negado esos señalamientos.

Uno de sus principales patrocinadores es su gran amigo, el abogado Manuel Sánchez, y esa amistad ha sido públicamente reconocida por Parada. Sánchez ha sido mencionado como uno de los interrogantes del cartel, pues su nombre ha salido a la luz en boca de Germán Olano, el ex secretario jurídico del IDU Inocencio Meléndez y el propio Gustavo Petro.

En sus declaraciones a la Fiscalía, Olano y Meléndez han dicho que Sánchez fue uno de los principales financiadores de Samuel Moreno y que alcanzó a participar en la repartición de las Secretarías del Distrito entre los contratistas, pero que fue desplazado del círculo interno de Samuel por Álvaro Dávila y Julio Gómez, como lo contó hace un tiempo La Silla. Esto también ha sido negado por Parada.

Casi desde el mismo momento en el que la Fiscalía llamó a indagatoria a 17 concejales por el cartel comenzaron los rumores sobre eventuales capturas. Dos nombres se repetían una y otra vez: los de Andrés Camacho Casado y José Juan Rodríguez. Hoy con sus imputaciones de cargos se demuestra que sí hay indicios graves para que la justicia los llame.

A Camacho le imputarán los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos (los mismos que le imputarán a Parada) por su supuesta participación en el cartel a través de fundaciones que eran de él y tenían como negocio el tema de los convenios interadministrativos. Según dijo la revista Semana, Camacho era el concejal de Julio Gómez y el mejor amigo de Iván Hernández, el también procesado exdirector de Malla Vial. Su nombre lo han mencionado en la Fiscalía Emilio Tapia y Alejandro Botero, exsubcontratista del IDU.

Camacho es de La U y comenzó su carrera política en 2000, cuando el entonces alcalde Enrique Peñalosa lo designó alcalde local de Kennedy. En las pasadas elecciones salieron elegidos ocho de sus candidatos a edil.

Por su parte, a Rodríguez le imputaron cuatro cargos distintos relacionados con el interés indebido en contratos y la Fiscalía lo investiga por ser uno de los concejales dueños del IDU. Una fuente que conoce el proceso le dijo a La Silla que José Juan era muy allegado a Julio Gómez y que intervino y sacó tajada de muchos contratos del IDU cuando esa entidad estaba en cabeza de Liliana Pardo, su compañera sentimental a quien él promovió para ese puesto durante la alcaldía de ‘Lucho’ Garzón.

José Juan fue expulsado anoche del Partido Verde, luego de que un juez concediera a la Fiscalía su petición de privarlo de la libertad y recluirlo en La Picota, a pesar de que el concejal a su vez pidió que le dieran la domiciliaria argumentando que es padre cabeza de familia.

Llegó al Concejo por el Movimiento Nacional que lideraba su padre (el exsenador Gustavo Rodríguez), de quien heredó su caudal electoral. Luego se pasó a Alas Equipo Colombia y finalmente aterrizó en el Partido Verde en donde Enrique Peñalosa intervino para que no le quitaran el aval, antes de que estallara el escándalo.