BOGOTÁ.— Sectores cafetaleros, arroceros, cacaoteros, ganaderos, y de la salud, camioneros y mineros, entre otros, cumplieron su palabra y cesaron sus actividades este lunes por tiempo indefinido en Colombia, y durante todo el día emprendieron movilizaciones de carácter pacífico, aunque se registraron algunos bloqueos de carreteras a pesar de las amenazas del Gobierno contra quienes actuaran en ese sentido.
Tal como habían anunciado en días anteriores, movimientos populares y agrarios cansados de las políticas económicas, emprendieron un paro nacional y salieron a protestar de manera pacífica para exigir, entre otras cosas, la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria e inversión social en la población rural y urbana en materia de educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Al hacerse pública la protesta, el presidente Juan Manuel Santos había advertido que ordenaría a la fuerza pública actuar con total contundencia contra quienes bloquearan las vías y advirtió que quienes fomentaran la violación serían llevados a juicio.
Para ello se desplegaron más de 16 000 efectivos policíacos, que han detenido ya a más de 50 personas, mientras los bloqueos, mediante vehículos atravesados, árboles cortados y neumáticos incinerados, se presentaban en algunas carreteras de los departamentos de Cauca, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca. Entre los detenidos se encuentran manifestantes y periodistas de medios alternativos, dijo PL.
No obstante, el director de la Policía Nacional de Colombia habló sobre la detención de solamente 22 personas, según reportó Telesur.
La propia cadena multinacional informó también que en el norteño departamento de Antioquia, —donde ya se registran un herido por armas de fuego y otros cuatro por bombas de aturdimientos—, los líderes de la protesta han recibido amenazas. En ese sentido, antes de iniciar la jornada el Comando Nacional de Paros, en rueda de prensa, afirmó que el Gobierno no daba las garantías para ejercer el derecho a la protesta.
«Ya no vivimos del agro, vivimos del milagro», eran algunos de los letreros que portaban los manifestantes, quienes rechazan las políticas del Estado que, dicen, «promueven la extranjerización de la tierra, acaban con la producción nacional a través de los tratados de libre comercio, encarecen los precios de la canasta familiar, elevan los precios de combustibles, profundizando así la actual crisis económica que ellos mismos no reconocen».
Desde La Habana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) también respaldaron el paro y pidieron al Gobierno de Juan Manuel Santos abstenerse de masacrar las protestas.
Antes de iniciar un nuevo ciclo del diálogo de paz que se sigue en el Palacio de Convenciones de la capital cubana, el jefe de la delegación guerrillera, Iván Márquez, al referirse a los «desafortunados anuncios oficiales de represión», exigió a nombre de su organización que «no se criminalice» el paro indefinido.
Respecto a las constantes alusiones y acusaciones que el ejecutivo colombiano ha hecho a la insurgencia de incentivar y estimular las acciones de protesta en el país, como las de la región del Catatumbo, Márquez pidió no «fabricar, y señalar responsables» de la paralización de miles de productores agrícolas que solo «levantan su voz contra la injusticia».
Según el guerrillero, el paro nacional también es la ocasión para pedir al Gobierno que inicie la revisión de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que firmó con países como EE.UU. sin consulta popular ni «consideración de la realidad económica nacional y desconociendo la situación precaria» de muchos sectores productivos.
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