“Responsabilizamos a Enrique Peña Nieto y a Ángel Aguirre de los asesinatos extrajudiciales de nuestros compañeros” gritó Jonathan Hernández, dirigente del Partido Comunista de México (PCM).

El 5 de agosto, los cuerpos de Samuel Vargas, Miguel Solano y Raymundo Velázquez, fueron encontrados con impactos de bala y señales de tortura en el estado de Guerrero. El vehículo en el que se transportaban estaba incinerado a unos metros de distancia.

El sábado 3 de agosto, después de participar en una reunión del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en Cuernavaca , Morelos. Los tres hombres partieron rumbo a Chilpancingo, donde tendrían otro encuentro para llevar, de viva voz, las resoluciones acordadas el día anterior. La última comunicación que se tuvo con los tres dirigentes campesinos, fue cuando se encontraban en Coyuca de Benítez.

Raymundo era líder del Partido Comunista, dirigente de la Línea Agraria del Sur Emiliano Zapata y representante estatal del Frente de Izquierda Revolucionaria.

Durante su trayecto político recibió una serie de amenazas: “o le bajas a tu desmadre o te va a cargar la chingada”, le advirtieron al dirigente vía telefónica en el mes de mayo del presente año. La advertencia se cumplió.

“Es rabia la que sentimos; que nuestros compañeros que plantean y denuncian las diferencias de clase y desigualdades en el estado de Guerrero, hayan sido asesinados por eso”, señaló con voz melancólica la representante del FIR.

Asimismo, Jonathan Hernández, señaló que no creían en las condolencias “hipócritas” que había hecho públicas la diputada Merlín -del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, puesto que la funcionaria pública boicoteó varias reuniones del Partido Comunista en Guerrero.

Los manifestantes, que en la última parte del mitin bloquearon la calle de Arquímedes, exigieron castigo a los responsables y esclarecimiento inmediato de los asesinatos. A pesar del gran golpe que sufrió su movimiento, seguirán en la lucha contra el sistema y por un México más justo.

Estos asesinatos traen a colación lo sucedido el pasado 2 de agosto, cuando Noé Vázquez fue asesinado en Veracruz, quien Pertenecía al Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), a través de un comunicado, condenó los asesinatos de los luchadora sociales.

“Es inaceptable que el gobierno en sus tres niveles continúe sin garantizar la seguridad a las organizaciones sociales, puesto que ellas son referentes básicos de la democracia”, explicó Edith Meneces, a través de un comunicado.

Estos asesinatos se suman a lo acontecido a principios del mes de junio en el mismo estado, cuando en Iguala desaparecieron 8 miembros del movimiento Unidad Popular y tres de ellos fueron asesinados y torturados.