La presentación se hará a primera hora, luego de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia rechazara el per saltumsolicitado por el Poder Ejecutivo, confirmara la extensión de la medida cautelar dictada por la Cámara Federal y ratificara que los plazos de adecuación a la ley por parte de todos los grupos de medios ya están cumplidos.

Sabbatella confió no tener "muchas expectativas sobre lo que la Cámara Civil y Comercial diga", por ser uno de espacios judiciales "colonizados" por las corporaciones.

En ese sentido, agregó: "Teníamos un poco más de expectativa respecto de lo que la Corte pudiera definir, esperábamos una situación distinta porque esta es una ley debatida, que indiscutiblemente viene a democratizar la palabra".

En tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, había considerado que "la estrategia final del grupo Clarín es extender la cautelar y la indefinición de la constitucionalidad de la ley hasta las próximas elecciones, con la esperanza de que se modifique la composición del Congreso y que se deroguen los artículos".

La presentación para que se habilite la feria la hará a primera hora la Jefatura de Gabinete de Ministros que, con el patrocinio de la Procuración General del Tesoro ûel cuerpo de abogados del Estado- se sumará al reclamo realizado la semana pasada por la Afsca.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia rechazó el per saltum solicitado por el Poder Ejecutivo para avocarse a la cuestión de fondo de la constitucionalidad de dos artículos de la norma y, simultáneamente, confirmó la extensión de la medida cautelar que mantiene bloqueada la ley para el grupo Clarín.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió su dictamen a favor de la constitucionalidad de la ley 26.522 en la causa iniciada por el Grupo Clarín. A partir de ahora, la Corte Suprema de Justicia está en condiciones de emitir el fallo definitivo sobre los artículos cuestionados de la norma, que fue aprobada en 2009 por el Congreso Nacional. Gils Carbó pidió revocar el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que benefició al multimedios al declarar inconstitucional parte del artículo 45, que establece los límites a las licencias, y el artículo 48, que impide alegar "derechos adquiridos" en materia de licencias de comunicación audiovisual.

"Evidencia graves defectos de fundamentación y razonamiento que impiden considerarla como acto jurisdiccional válido", dijo la procuradora sobre ese fallo, y agregó que esa declaración de inconstitucionalidad "es el resultado de un apartamiento de los fines previstos por el legislador, que fueron sustituidos por el tribunal arrogándose facultades ajenas".

El dictamen destaca que en la actualidad el sector de los medios audiovisuales "por su propia naturaleza y por la evolución tecnológica" se transformó "en un campo propicio para las concentraciones económicas". En ese sentido, la procuradora cuestiona que la sentencia de segunda instancia se enfoca en "preservar los intereses patrimoniales de los demandantes" y no en "respetar los derechos de la ciudadanía a contar con una mayor pluralidad informativa, de ideas y de contenidos".

"La libertad de empresa en materia de medios de comunicación no puede ser efectiva sin un desarrollo normativo que la ponga al servicio de los derechos y valores fundamentales", remarcó Gils Carbó. En ese sentido, rechazó los argumentos de la Cámara Civil y Comercial que afirmaba que el tema de la concentración en los medios es una cuestión que corresponde a los organismos de defensa de la competencia. "La función que en una sociedad democrática desempeñan los medios de comunicación demanda que exista una regulación y una autoridad específica", explicó.

Puntualmente sobre el artículo 45 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el dictamen considera que este es uno de los puntos centrales de la normativa para lograr "un reparto más equitativo del derecho a la libertad de expresión frente al paradigma de la sociedad actual que tiende a la concentración mediática". Sostiene que la distinción hecha por la Cámara entre las licencias que ocupan espacio radioeléctrico y aquellas que no lo hacen es "arbitraria" porque omite tener en cuenta que en la actualidad las dificultades para la pluralidad y la diversidad de actores mediáticos no responden sólo a la escasez del aire sino a "un conjunto de obstáculos económicos, técnicos y políticos".

Gils Carbó remarca que debido a los niveles de concentración existentes, el Grupo Clarín está en una posición de "enorme ventaja competitiva". Además, destaca que el multimedios no acreditó que las limitaciones del artículo 45 vulneren su derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, cuestiona el peritaje y el "análisis de sustentabilidad económica" en el que se basó el fallo de la Cámara, debido a que "se expide sobre la conveniencia económica de la concentración horizontal y vertical" pero no considera "los perjuicios que ella causa al resto de la población" en su derecho a "participar en el debate público y a recibir información plural".

Sobre el artículo 48, también declarado inconstitucional por los camaristas, el dictamen recuerda que allí se apunta a que los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual no pueden "sustraerse del acatamiento de las normas en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia". Al respecto, la procuradora opina que ello respeta la jurisprudencia de la Corte Suprema, que considera que "nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos".

La audiencia pública se realizará el miércoles de la semana próxima a partir de las 10 en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, y en ella expondrán representante de las partes acompañadas por hasta cinco ONGs, que actuarán como amicus curiae.

Por razones de limitación de espacio físico, la Corte indicó que acreditará por medio un solo periodista y fotógrafo --medios gráficos, radiales y sitios de Internet-- o un solo equipo periodístico --cronista y camarógrafo--, hasta el día previo a la audiencia.

Los fotógrafos podrán realizar tomas al comienzo de la audiencia y al inicio de la exposición de cada orador, mientras que el (CIJ) pondrá a disposición de los medios fotografías en alta definición sobre la audiencia.

"Los canales de televisión que consideren oportuno realizar transmisiones en vivo, deberán presentarse a las 8.00 del 28 de agosto para garantizar todos los requerimientos operativos", destaca el comunicado.

La Coalición por una Comunicación Democrática, que agrupa a diversas asociaciones que participaron en el debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, realizó una convocatoria abierta para el 28 de agosto en Tribunales en defensa de esa ley. Néstor Piccone, uno de los organizadores del evento, afirmó: “Además de convocar a una dudosa Audiencia Pública, Lorenzetti (titular de la Corte) debería revisar la historia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que nació del pueblo, que fue escrita y avalada por más de 300 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de radiodifusores, comunitarias, cooperativas, micro y pequeñas empresas de arraigo local, de Pueblos Originarios, en miles de audiencias y foros populares”. Varias de estas agrupaciones, desde la CTA, la Sociedad de Locutores o la Federación de Músicos Independientes, entre muchas otras, se sumaron a la convocatoria para el 28 de agosto. “Si Lorenzetti cree –agrega Piccone– que está fallando salomónicamente entre una disputa del Gobierno con Clarín, se equivoca, porque un fallo favorable al grupo impondrá un cepo histórico al derecho humano a la libertad de expresión y al acceso a la información.” La Coalición destacó en su comunicado que quienes quieran adherir podrán hacerlo con sus respectivas consignas y formas, e “invitamos a compartir este acto unitario”.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS  

(Gran Papiyo)          

Sabbatella remarcó la "gravedad institucional" que implica que una "ley de la democracia, votada por la mayoría del Parlamento, lleve cuatro años frenada" por un grupo económico que "no quiere renunciar a sus privilegios". "Espero que la audiencia pública sea el paso previo a la resolución definitiva de esta situación y que la ley pueda aplicarse en forma integral", señaló.

La ley 26.522 fue aprobada el 10 de octubre de 2009 en el Senado de la Nación, con 44 votos a favor y 24 en contra, en reemplazo del decreto-ley 22.285 sancionado durante la última dictadura militar. Sin embargo, la nueva norma no puede aplicarse plenamente debido a que el grupo Clarín cuestionó ante la Justicia la constitucionalidad de dos artículos. Una medida cautelar otorgada al multimedios dejó en suspenso la aplicación de los artículos 45 y 161 de la norma, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación.

"A partir de ese momento, hubo cinco opiniones de la Justicia, cuatro de ellas fueron a favor de la constitucionalidad de los artículos (fiscal de primera instancia, juez de primera instancia, fiscal de la cámara y Procuración General de Justicia de la Nación) y una sola plantea la inconstitucionalidad (la Cámara)", sintetizó Sabbatella.

Ahora será la Corte Suprema la que defina si mantiene el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, que declaró la inconstitucionalidad del núcleo antimonopólico de la ley (parte de los artículos 45 y 48) y confirmó la validez de los artículos 41 y 161. "La Corte entendió que necesitaba esta audiencia pública, y nosotros colaboramos en acercarles los elementos necesarios", consignó el titular de la Afsca sobre la convocatoria hecha por el Máximo Tribunal.

El próximo miércoles 28 de agosto a las 10, representantes del Estado nacional y del Grupo Clarín se darán cita en el cuarto piso del Palacio de Tribunales convocados por la Corte Suprema de Justicia, para presentar sus argumentos respecto a la constitucionalidad de la Ley de Medios que defiende el Poder Ejecutivo, y la inconstitucionalidad que plantea el grupo mediático. Esta audiencia será de carácter informativo y contará con la participación de diez organizaciones intermedias bajo la modalidad de amicus curiae (amigo de la corte), que son terceros que sin tener parte directa en el litigio argumentan a favor o en contra de los artículos cuestionados, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

Habrá cinco organizaciones de cada lado (a favor y en contra), que dispondrán cada una de 15 minutos para exponer sobre aspectos específicos de los puntos de la norma que siguen bajo controversia: el límite a la cantidad de licencias, la utilización del espectro radioeléctrico, la posición dominante en el mercado de la TV por suscripción y la cláusula de desinversión que permanece todavía frenada judicialmente por el Grupo Clarín. La audiencia estará presidida por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, e integrada por los ministros Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.