Departamento del Chocó, Pacífico de Colombia
Antes vivían en libertad y según las leyes de su conservada cultura ancestral en el litoral del río San Juan, en la selva pacífica del departamento del Chocó, Colombia. Hoy, los 48 integrantes de la familia Cabezón, perteneciente a la comunidad indígena Wounaan, viven por imposición de las circunstancias políticas nacionales en una pequeña y húmeda casa en Ciudad Bolívar, una de las localidades más marginales y con mayores índices de violencia de Bogotá.
El caso específico de la familia Cabezón no es más que la evidencia de una problemática que se extiende a toda la comunidad. Los Wounaan se suman hoy al total de 32 pueblos indígenas en vías de extinción, según el Ministerio del Interior del país. Y aunque en otras épocas fue uno de los más numerosos de Colombia, hoy tan solo quedan en pie 16.000 de sus integrantes.
Como las demás comunidades originarias de América Latina los Wounaan comenzaron a enfrentarse a la violencia y al exterminio ajeno y directo de su cultura con la llegada de la colonia española. En la actualidad, el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los paramilitares del Estado, el abandono sistemático de las autoridades, las nuevas políticas de agricultura basadas en la fumigación con glifosato para erradicar los cultivos de coca, la creciente aceleración de los megaproyectos mineros para la extracción de oro, niquel, hierro, plata o petróleo y la contaminación, en consecuencia, de la zona, les han convertido en víctimas del desplazamiento forzado.
Los Wounaan arrastran ya 500 años de despojos, de lucha contra la destrucción de sus raíces, de masacres y migraciones forzadas. Una historia que parece no acabarse nunca. Según los registros del Departamento Nacional de Estadística (DANE) en 2005, un total de 44.127 personas manifestaron ser indígenas en el departamento del Chocó, un territorio biodiverso, de selva húmeda, planicies costeras, valles aluviales y cordilleras. Según el estudio oficial, en el departamento tienen asiento cinco etnias indígenas: Embera, Embera Chamí, Embera Katío, Tule y Wounaan. Todos ellos comparten hoy la misma problemática social y humanitaria, según según Marcel Andrés Giraldo, miembro de la Alta Consejeria para los derechos de las víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de la ciudad.
Ciudad Bolivar, Bogotá. Fotografía de Noelia Vera
Mujer de la familia Cabezon, Ciudad Bolivar. Fotografía de Noelia Vera
LA RAÍZ DEL DESPLAZAMIENTO
1. Conflictos armados
Aunque los grupos guerrilleros se instalaron en el Chocó en los años sesenta, no fue hasta los noventa cuando las prácticas violentas se incrementaron debido a la política gubernamental de lucha contra dichas bandas ilegales. La situación geográfica del departamento, estratégica debido a su fácil comunicación entre Ecuador y Panamá y a su naturaleza selvática – que dificulta la entrada de fuerzas estatales- lo convierte en un paso vital para las fuerzas armadas revolucionarias. Y en consecuencia y según ACNUR, Colombia ya es el segundo país del mundo (después de Sudán), en número de desplazados civiles. Según fuentes oficiales del Estado, esta cifra se eleva aproximadamente a 2.500.000 de personas; según los estudios de agencias de cooperación internacional, organizaciones sociales y ONGs como CODHES, asciende a 4.500.000.
2. Narcotráfico
A finales del 2006 las autodefensas se desmovilizaron, sin embargo, esto produjo el ingreso a la zona a bandas criminales al servicio del narcotráfico. Grupos como “Las Águilas negras” y “Los Rastrojos” son quienes ahora intentan dominar la zona para poder movilizarse y proteger las rutas de transporte y la comercialización de la droga y armas. Por esto, la violencia que genera el conflicto armado interno colombiano y su constante movimiento por zonas fronterizas afecta en grandes magnitudes la vida y desarrollo de los pueblos indígenas, en especial a las tribus que se encuentran dentro de las delimitaciones del territorio colombiano.
Desde la constitución del 1991 el Estado ha intentado reconocerles a los pueblos indígenas gran número de derechos de autonomía y autodeterminación, exigencias propuestas por dichas minorías étnicas.
3. Multinacionales mineras
Cada vez es más común ver asentarse en el Chocó a grandes multinacionales para desarrollar megaproyectos de minería a favor del “desarrollo económico” del país. En consecuencia, las continuas leyes y normas jurídicas del Estado, se popularizan con la intención de desplazar a las comunidades indígenas de sus territorios. Hasta el año 210 se entregaron 157 títulos mineros por 30 años y prorrogables por otros 60 años más para la explotación minera en el departamento chocoano. La mayoría de estos títulos fueron otorgados a la multinacional AngloGold Ashanti.
La contaminación del agua usada habitualmente para el sustento de comunidades y pueblos de la región, independientemente del secuestro de las tierras, está provocando que miles de personas tengan que huir hacia otras zonas tras manifestarse en la población síntomas como vómitos, erupciones en la piel y distintos tipos de cáncer.
4. ¿Glifosato o coca?
El glifosato es un herbicida comercializado por la empresa estadounidense Monsanto que se usa para la eliminación de hierbas y arbustos y que, al ser absorbido por las hojas, imposibilita a la planta para crear aminoácidos aromáticos; hecho que produce la muerte súbita de la planta y que, en Colombia, sirve para la eliminación de los cultivos de coca.
Son varios los estudios que se han desarrollado para analizar los efectos secundarios del plaguicida en animales, plantas y en el ser humano. Según la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), con el paso del tiempo el glifosato provoca irritaciones en la piel, mucosas y cédulas cancerígenas.
LA FAMILIA CABEZON
Vídeo: Noelia Vera. Hemisferio Zero.
El caso de esta familia, liderada por el abuelo Americo, es uno de tantos ejemplos de grupos civiles que se han convertido en víctimas de todas las prácticas nombradas en el apartado anterior. El primer desplazamiento para ellos tuvo lugar en el año 2006 y el segundo, en el 2009, cuando se instalan definitivamente en la localidad de Ciudad Bolivar, Bogotá.
Aproximadamente el 20% de la totalidad de la población en Ciudad Bolívar es desplazada, siendo éste el barrio más marginal de la capital colombiana con un total de un millón de habitantes, según Marcel Andrés Giraldo, miembro de la Alta Consejeria para los derechos de las víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de la ciudad.
Hoy, varios de los menores de edad de la familia han contraído enfermedades como tuberculosis, h1n1 y desnutrición severa, como consecuencia de las precarias condiciones de vida que sobrellevan y el estancamiento de agua tras las lluvias.
Cuando vivían en su territorio chocoano, la familia aumentaba sus ingresos con la venta de artesanías hechas con materia prima propia del lugar. En la actualidad basan su subsistencia en esta práctica, sin embargo, la dificultad para encontrar esos materiales en la gran ciudad, complica aún más su situación.
Hoy, aceptando que las amenazas contra la integridad física de Américo impedirán el regreso a su lugar de origen por parte de las fuerzas ilegales instaladas en su interior, solicitan al Estado la restitución de sus derechos y la reparación de su situación socioeconómica otorgándoles un nuevo lugar para habitar sin miedo a ser robados, ultrajados o tentados a la drogadicción o al vandalismo común ya en Ciudad Bolivar.