Por ese dinero, estaría a punto de ser llamado a juicio por dos delitos.

Tres contadores de la Fiscalía examinaron las finanzas y bienes del general de la Policía Flavio Buitrago y de su esposa, Elba Alieth Pulido, y concluyeron que en esas cuentas hay 670 millones de pesos que no tienen un origen justificado.

Por esa plata, el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe está a punto de ser llamado a juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El exoficial y su esposa aparecen en el expediente que tiene la Fiscalía contra los supuestos socios y testaferros del confeso narcotraficante Marco Antonio Gil, alias el ‘Papero’.

Gil, que por años fungió como uno de los más poderosos comerciantes de la Central de Abastos de Bogotá, aceptó los cargos de lavado de activos, narcotráfico y enriquecimiento ilícito, y se convirtió en testigo de la Fiscalía. Uno de los puntos de su acuerdo fue revelar los alcances de su relación con el general Buitrago.

Tras el rastreo de cuentas y propiedades, el equipo de investigadores consideró que hay “enriquecimiento ilícito de particulares”. Como parte del estudio se examinaron las declaraciones de renta de Buitrago entre el 2004 y el 2011 y las de su esposa entre 1998 y el 2011.

Para el próximo 12 de septiembre, la esposa del general Buitrago está citada en la Fiscalía a una indagatoria en la que se le notificarán los hallazgos penales.

Buitrago está citado para cumplir tres días antes la misma diligencia. Desde que estalló el escándalo, a comienzos de este año, Flavio Buitrago ha defendido su inocencia. Dice que conoció a Gil como un reconocido empresario en medio de su labor como oficial de la Policía.

La Fiscalía sigue en el trámite de lograr la declaración en una cárcel de Estados Unidos de Jaime Dib Mor Saab, quien desde el 2010 paga una condena de 70 meses en un penal de Nueva York por lavado de activos. En una primera declaración, Mor ya anticipó que Buitrago, cuando era coronel, supuestamente le entregó en Bogotá entre 600.000 y 700.000 dólares, que terminaron invertidos en empresas de fachada en EE. UU.

REDACCIÓN JUSTICIA