La noticia más reciente dice que en París incautaron 1.382 kilogramos de cocaína en 31 maletas que atravesaron el Atlántico en un vuelo de Air France procedente del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Pero antes ocurrieron otros escandalosos decomisos de alijos en Venezuela: 5,5 toneladas de esa misma sustancia embarcadas al lado de la rampa presidencial en un avión que fue capturado en Ciudad del Carmen, México (2006); dos toneladas, también de cocaína, en el aeródromo de isla de Margarita que irían a Sierra Leona (2007); casi 1.200 kilos de esa droga acarreados en una avioneta que despegó de la base aérea La Carlota, en Caracas (2012); otros 1.400 kilos que volaron hasta Tenerife desde el aeropuerto de Valencia, en el estado Carabobo. La lista podría engrosarse con incautaciones más discretas como la encontrada el pasado lunes dentro de una talla religiosa que enviarían en un vuelo de Iberia con destino a Madrid, o los 584 kilos de cocaína retenidos ese mismo día por las autoridades en un punto de control del estado Zulia. El diario venezolano El Nacional afirma que desde el año pasado se han decomisado 19 alijos que han salido de la principal terminal venezolana.

Son anuncios tan frecuentes que ya permiten aventurar una hipótesis: Venezuela ya no es sólo un territorio de paso de la droga fabricada en Colombia y que se distribuye en América del Norte o Europa. Este país ahora ofrece las condiciones ideales para que estas operaciones clandestinas coronen su misión con éxito fuera de los caminos verdes. Los expertos advierten una conjunción de factores para que eso sea posible: la policía local está aislada del resto de la comunidad internacional, porque el gobierno considera que la actuación de cuerpos de otros países en territorio nacional viola la soberanía local; militares corruptos que han facilitado a los grandes carteles mexicanos el uso de los principales puertos y aeropuertos para despachar su ilegal carga, y una generalizada desinstitucionalización del país que ha devenido en el apogeo de la impunidad.

El ex ministro de Estado y Presidente de la Comisión contra el Uso Ilícito de las Drogas, Carlos Tablante, ha utilizado el término “Estado delincuente” para advertir que el narcotráfico ya no necesita pistas clandestinas para transportar la droga. “Ahora los carteles mexicanos infiltraron los aeropuertos nacionales y utilizan las pistas con la complicidad de las autoridades que los administran”, afirma. “La pregunta es cuántas maletas más habrán pasado”, agrega.

Es injusto achacar al chavismo la presencia del crimen organizado en Venezuela, pero no lo es afirmar que bajo su hegemonía el país ha visto cómo se incrementan los delitos de esa naturaleza. Valga un ejemplo que lo ilustra. El año pasado un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, acusó en Estados Unidos a altos cargos del Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez de relaciones con el narcotráfico, entre ellos el ex ministro de la Defensa y actual gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva, el general Clíver Alcalá Cordones, ex comandante de la poderosa IV División Blindada, y el general Hugo Carvajal, director de Inteligencia Militar. Mencionó además un episodio que ilustra hasta qué punto algunas individualidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están comprometidas con el narcotráfico. Dijo el magistrado que recibió presiones del alto gobierno para liberar a un subalterno del comandante Pedro Maggino, acusado en 2005 por la aparición de dos toneladas de drogas en un batallón de cazadores del estado de Lara.

La participación de militares en el negocio de la droga, que tampoco es nueva, ha dado pie esta vez para toda clase de comentarios. Están aquellos que aseguran que toda la institución está penetrada por el narcotráfico, hasta las voces más cautas que matizan la situación y apuntan que se trata solo de individualidades corruptas. Aunque no se tiene constancia de su existencia como organización criminal algunos analistas locales dan fe del poder del llamado Cartel de los Soles, en referencia a las condecoraciones que exhiben los oficiales en la solapa de su uniforme de gala.

En un artículo escrito para la Carta Politológica Simón Bolívar Analytic en 2012, el periodista Javier Ignacio Mayorca afirmó que es un error aplicar el concepto de cartel a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “Si una parte del generalato venezolano se ha corrompido de forma profunda, concertada y continuada, sería posible estudiar el asunto como el producto de una asociación para delinquir”.

Tablante coincide con esa apreciación. En Venezuela, dice, no hay mafias establecidas, sino organizaciones flexibles que se arman y desarman de acuerdo con el ilícito que cometen. En sus palabras: un Estado secuestrado por la corrupción y que amenaza con devorarse al gobierno. El abogado Bayardo Ramírez Monagas agrega por su parte que Venezuela ya no es sólo un país de tránsito sino de almacenamiento de droga.

Frente a las críticas de la oposición, el Gobierno, que rompió sus vínculos con la DEA en 2005, presume de grandes logros: mayores cantidades de droga decomisada desde entonces –en 2012 incautaron 45 toneladas- y un respetable número de capos capturados y deportados a sus países. Son nombres gruesos a juzgar por la importancia de los detenidos: Beto Rentería, el último jefe del Cártel del Norte del Valle; alias “Valenciano”, relacionado con Los Zetas, alias “Martín Llanos” o Diego Pérez Henao, jefe de la banda “Los Rastrojos”. La mayoría de esas capturas se produjeron luego de que en 2008 los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez relanzaron las relaciones binacionales, lo que incrementó el intercambio de información clasificada que permitió a Venezuela encontrar a los solicitados. El Informe Mundial sobre las Drogas de 2011, sin embargo, no es tan halagador. Según sus cálculos hasta 2010 habían descendido las cantidades de estupefacientes incautados en el país. De 59 toneladas métricas en 2005 bajaron a casi la mitad en 2010.

Mientras tanto las investigaciones para determinar cómo se embarcó la droga en el avión de Air France continuaron en Venezuela y Francia. En las próximas horas la Fiscalía venezolana presentaría ante los tribunales a un teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, que se desempeñaba como Director de Seguridad del Aeropuerto de Maiquetía, a otros siete militares de baja graduación, todos de la Guardia Nacional, y al gerente adjunto de Air France. Son 17 personas en total supuestamente relacionadas con la operación que posibilitó el viaje de droga en un vuelo comercial. En Francia fueron arrestados tres italianos y dos británicos en el marco de la investigación, todos supuestamente relacionados con la mafia calabresa. El precio de la cocaína interceptada hubiera sido de unos 50 millones de euros en el mercado mayorista, pero vendida al detalle hubiera llegado a entre 250 y 350 millones de euros. La aerolínea francesa ha puesto en marcha una investigación interna para verificar irregularidades.