Píldoras para la memoria

Pese a haber sido duro crítico del proceso del Caguán, cuyo fracaso le pavimentó el camino a la victoria, Uribe dejó abierta la posibilidad de negociar con las Farc —y con otros grupos armados— y en su discurso de posesión anunció que había pedido los buenos oficios del secretario general de la ONU, Kofi Annan, para restablecer contactos con esa guerrilla.

Los contactos se restablecieron, pero los intentos de diálogo fracasaron, no obstante que el Gobierno llegó a firmar una carta de intención con las Farc para hacer una asamblea constituyente. Semejante perla fue revelada en julio de 2007 por la revista La Otra Verdad —dirigida por Pedro Juan Moreno, entonces distanciado de Uribe—, pero en abril de este la resucitó el periodista William Calderón —no propiamente un defensor del gobierno Santos—, en su columna de El Nuevo Siglo. Según el documento de cinco puntos, la asamblea estaría compuesta 50% “por ilustres personalidades de la vida nacional, escogidas por el alto Gobierno”, y 50% por miembros de las Farc; no sería elegida por voto popular, “con el fin de evitar riesgos de que caiga en manos del clientelismo tradicional”, y el texto no sería sometido a referendo.

Con respecto a las Auc, conviene refrescar la memoria de quienes hoy le hacen coro al expresidente y se rasgan las vestiduras con el Marco Jurídico para la Paz porque lo consideran una ley de impunidad, pero callaron hace 10 años cuando el gobierno de la seguridad democrática intentó que el Congreso le aprobara el “proyecto de alternatividad penal”, una especie de amnistía disfrazada para los victimarios. Los paramilitares que luego de desmovilizarse mostraran buena conducta —incluidos los autores de crímenes de guerra o de lesa humanidad— podían quedar libres, no estaban condicionados los beneficios a la efectiva satisfacción de los derechos de las víctimas, y dejaba en manos del presidente la facultad de pedir la suspensión de la pena privativa de la libertad y sustituirla por un castigo alternativo pagadero en lugares geográficos determinados.

En defensa del proyecto, durante un seminario en Washington*, el entonces comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, negó que fuera para la impunidad, y aunque aceptó la modificación con respecto a la pena de cárcel, acusó a los críticos de tergiversarlo, simplificarlo, adulterarlo, caricaturizarlo. Pero la oleada de críticas obligó al Gobierno a retirarlo y a presentar uno nuevo, el que tras un complejo trámite se convirtió en la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. El Gobierno pasó así de rechazar el castigo penal a establecer una pena leve —entre cinco y ocho años—, y del silencio sobre los derechos de las víctimas, a su reconocimiento y a la exigencia de verdad y reparación.

No obstante, la nueva ley —criticada como una de sutil impunidad— fue demandada ante la Corte Constitucional, que la consideró exequible, pero tumbó artículos que abrían un gran margen de impunidad y acogió los argumentos de la demanda interpuesta por los autores de un proyecto alternativo al del Gobierno (los congresistas Rafael Pardo, Gina Parody, Rodrigo Rivera, Luis Fernando Velasco, Carlos Gaviria y Germán Navas), centrado en garantizar los derechos de las víctimas.

Píldoras para la memoria, para recordar que Uribe, que le apuesta al fracaso del proceso de La Habana y cobra cada hecho de violencia, les ofreció a las Farc la mitad de la representación en una Constituyente.

* “Conflicto y paz en Colombia: consecuencias y perspectivas para el futuro”, Washington, septiembre 22 de 2003.