El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la expulsión del Encargado de Negocios de Venezuela en Washington, Calixto Ortega, y de otros dos funcionarios, en respuesta a una medida similar adoptada el día anterior por Caracas contra tres diplomáticos estadounidenses.
El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dio 48 horas para salir del país a los funcionarios Kelly Keiderling, Encargada de Negocios, David Moo, vicecónsul, y Elizabeth Hoffman, secretaria adjunta de Asuntos Políticos. De acuerdo al mandatario, los diplomáticos habrían participado en actividades conspirativas y contrarias a las leyes internacionales.
“Recojan sus macundales (enseres o pertenencias, en el castellano coloquial de Venezuela)”, dijo este martes el presidente Nicolás Maduro a los representantes estadounidenses a través de una cadena nacional de radio y televisión. Aunque más sosegado que en la víspera, el mandatario venezolano justificó de nuevo la medida por la presunta implicación de los funcionarios –Keiderling, el vicecónsul David Moo y la secretaria Adjunta de Asuntos Políticos, Elizabeth Hoffman- en reuniones de coordinación con líderes opositores en el estado Bolívar (región de Guayana, al sureste de Venezuela).
La provincia, a orillas del río Orinoco, aloja el núcleo de la industria pesada del país, que incluye actividades de extracción de minerales y de su transformación en productos de valor agregado. Desde hace diez días la dirección sindical de la siderúrgica estatal Sidor mantiene paralizada la producción de la acería, en protesta por la renuencia del gobierno a aceptar sus solicitudes salariales. Mientras, las instalaciones del complejo han sido puestas bajo control militar.
Maduro hizo notar que el conflicto estalló con la visita de los diplomáticos, que se reunieron en Ciudad Bolívar, la capital estatal, y Ciudad Guayana, la principal ciudad de la región por su actividad industrial y comercial, con diputados opositores a la Asamblea Nacional de la circunscripción, líderes sindicales y representantes de organizaciones no gubernamentales. Para Maduro, que mostró fotografías tomadas por los servicios de inteligencia a los diplomáticos y un vídeo que los medios oficiales empezaron a exhibir bajo el título de Yankees, go home, la agenda de los estadounidenses en el estado Bolívar fue “descaradamente intervencionista”. “Querían hacer de Bolívar la Bengasi de Venezuela”, dijo en alusión a la ciudad libia que sirvió de baluarte de las fuerzas rebeldes durante el levantamiento contra el dictador Muamar El Gadafi.
Poco antes, el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua, había denunciado que esta no había sido la primera vez en la que los diplomáticos norteamericanos habían sido descubiertos en vinculación con movimientos subversivos venezolanos. Sugirió que los disturbios ocurridos hace dos semanas en la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (sur de Venezuela, gobernado por la oposición), sucedieron después de una visita de la misma delegación de la Embajada de Estados Unidos. Según Jaua, los visitantes habrían intentado encender una revuelta entre los nativos de la zona, de población mayoritariamente amerindia.
Durante su intervención televisada, el presidente Maduro reveló otros planes que el trío norteamericano buscaría impulsar, con apoyo financiero y logístico, en la región guayanesa. Dijo que trataban de reanudar las protestas por los resultados de las elecciones locales de diciembre pasado, cuando el gobernador en funciones, el chavista Francisco Rangel Gómez, derrotó por un margen mínimo y entre denuncias de irregularidades al candidato opositor. También aseguró que se tramaba la interrupción del servicio eléctrico desde la represa del Guri, que abastece de energía al 60% del territorio venezolano.
A estas acusaciones salió al paso la propia Kelly Keiderling, que ofreció una rueda de prensa en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, horas antes de dejar el país. Keiderling fue designada Encargada de Negocios en 2011 y desde entonces figuró como la oficial de más alto rango de la delegación norteamericana ante el gobierno bolivariano, ya que ambas administraciones retiraron a sus respectivos embajadores en 2010. En su español de claro acento caribeño, Keiderling buscó quitarle hierro a la situación al asegurar que las labores consulares de la Embajada estadounidense, así como el intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos –el principal cliente del petróleo venezolano- seguirían funcionando sin contratiempos.
“Si la acusación es que nos reunimos con venezolanos, es verdad, nos reunimos”, aceptó, aunque explicó que se trata de la misión normal de todo diplomático. “Por más importante que sea un gobierno, no nos relacionamos solo con él, también buscamos reunirnos con otros sectores del país para conocer mejor los problemas de la gente”, dijo.
Desde que en 1999 Hugo Chávez llegó al poder, las tensas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se mueven entre el pragmatismo de su simbiótico comercio energético y las declaraciones de principios. El heredero de Chávez en la presidencia venezolana desde abril pasado, Nicolás Maduro, no se ha ahorrado gestos que comuniquen su interés en normalizar esas relaciones. En julio, el canciller Jaua y el secretario de Estado, John Kerry, se reunieron en la ciudad de Antigua, Guatemala, en busca de vías para relanzar la convivencia, pero el nuevo incidente pone en entredicho la mera factibilidad de los contactos diplomáticos entre ambas capitales.
El Gobierno de Obama ha optado por la revancha en lugar de la contención. "En respuesta a la decisión de Gobierno de Venezuela de declarar a tres funcionarios estadounidenses de nuestra embajada en Caracas, el encargado de negocios de Venezuela en EE UU Calixto Ortega fue notificado que en concordancia con la convención de relaciones diplomáticas de Viena y el articulo 23 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, ha declarado a Ortega, a la segunda secretaria, Mónica Alejandra Sánchez Morales, de la Embajada en Washington y a la cónsul en Houston, Marisol Gutiérrez de Almeida como personae non gratae. Tienen 48 horas para irse de EE UU", dijo un portavoz del Departamento de Estado, informan agencias internacionales.
La respuesta augura una escalada en esta nueva escaramuza entre Caracas y Washington. La Asamblea Nacional de Venezuela –dominada por los diputados afectos al chavismo gobernante- aprobó este martes una declaración de respaldo a la medida de expulsión. Durante el debate, la bancada del Partido Comunista de Venezuela (PCV), miembro de la alianza gubernamental, pidió al Ejecutivo que también se decretara la expulsión de los jefes de las oficinas en Caracas de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
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