Cuando no existe transparencia, queda una puerta abierta para el robo y la corrupción. En Cuba el concepto de funcionario público está tergiversado. Los mandarines se consideran una casta superior. Intocables. Diferentes.

Que de hecho lo son. Viven mejor que el resto de los ciudadanos. Tienen prebendas especiales. Y miran a la ciudad y sus penurias desde los cristales polarizados de sus coches particulares.

No es que tengan cuentas millonarias secretas en Suiza, que los habrá. De lo que se trata es que su discurso a favor de los desposeídos y las injusticias no es compatible con su modo de vida.

Empecemos por los Castro. Tienen una red de cotos de caza y casas de descanso por todo el país, como cualquier jeque árabe. Manejan el presupuesto estatal como una cuenta privada.

Las cifras de dinero que paga el contribuyente en su seguridad personal, gastos para reprimir disidentes, sobresueldos y regalías a altos oficiales del ejército son secreto de Estado.

Un ciudadano simple no tiene manera de conocer de dónde provienen los fondos de sociedades anónimas como RAFIN (propiedad de los hermanos Castro) y se pregunta de dónde sale el capital de inversión para que empresas militares establezcan sus negocios.

Los gestores públicos en una sociedad democrática y moderna se deben a sus ciudadanos. En Cuba es todo lo contrario. En la isla se vive rodeado de secretismo.

ETECSA, única empresa de telecomunicaciones, guarda bajo llave los datos de sus ganancias e inversiones. El ministro de Salud Pública no considera útil debatir con sus empleados por qué el régimen, a pesar de ingresar entre 8 y 10 mil millones de dólares por concepto de exportación de servicios médicos, el personal de salud en la isla devenga salarios miserables y los hospitales se encuentran desvencijados.

Nunca, en una reunión del poder popular, un delegado de barrio hace un balance del dinero que ingresó el municipio por concepto de impuestos y cuáles son los proyectos o en qué lugares se harán nuevas inversiones.

Marino Murillo, el obeso zar de las tímidas reformas económica, no le dice a la población el monto de dinero ingresado por las cadenas de tiendas y centros de ocio en moneda dura administrados por el Estado.

Sin ir más lejos. La gente desconoce la cantidad de dólares que entró a Cuba en el primer semestre de 2013 por las remesas familiares. Hay esperar a que organismos internacionales ofrezcan el estimado. Datos que no publican los medios nacionales: tienes que buscarlos en internet.

Quizás el Sultán de Brunei o el Emir de Qatar gocen de iguales privilegios, como los que tienen  el General Raúl Castro y sus funcionarios, a la hora de manejar los asuntos económicos.

La primera gran reforma que se debiera hacer en Cuba es desterrar el misterio, el silencio y el secretismo. Todos los cubanos, cualquiera que sea su tendencia ideológica, tenemos derecho a saber cifras, políticas y proyectos futuros en materia financiera.

Mientras los funcionarios estatales sigan gobernando como si fuesen accionistas corporativos, manejando sin rendir cuenta de los ingresos del país, el robo y saqueo del erario público siempre será una tentación.

El sistema de finanzas y la bondad de la prensa oficial propician la corrupción y poca transparencia en la gestión económica.

Dentro de tres años, Raúl Castro y sus viejos camaradas deben pasar a retiro. ¿Se mantendrá el sistema político y sus reglas de juego?

Los nuevos tecnócratas pudieran intentar cambiar de estilo. Una radical reforma económica desde los cimientos es necesaria, pero antes se debe desclasificar información de interés público.

Transparencias, rendición de cuentas monetarias  y severas leyes anticorrupción son la mejor medicina preventiva para los presuntos delincuentes de cuello blanco.

Cuando el presidente de Cuba y sus ministros dejen de utilizar a los medios como un eco amplificador de consignas huecas y respondan preguntas incómodas, comenzarán a ganarse el respeto de la ciudadanía.

La credibilidad se gana con juego limpio. Y practicando eso que se llama democracia.