“¡Diríjase rápido a La Moneda; se sublevó la Marina, compañero!” Así fue la orden de Salvador Allende Gossens hacia
su chofer, Julio Hernán Soto Céspedes, a las 7.35 del 11 de septiembre de 1973, cuando el primer presidente de izquierda que tuvo Chile comenzaba el último viaje de su vida rumbo a la sede del gobierno. El alzamiento no era sólo de la Armada: se extendía al Ejército, la Aviación y los Carabineros.
El 4 de septiembre de 1970, la Unidad Popular (UP), coalición conformada por distintos partidos de izquierda y encabezada por Allende, le ganaba por 39 mil votos al candidato derechista Jorge Alessandri Rodríguez (Partido Nacional). Desde ese mismo momento, la política chilena entró en un estado conspirativo permanente.
El golpe militar fue el punto culminante de una larga serie de operaciones que tuvo al gobierno de Estados Unidos como artífice fundamental. Los archivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), desclasificados en 1998, permiten conocer muchos detalles sobre esa fuerte intervención norteamericana en los asuntos internos del país.
El “proyecto Fubelt”
“Hay que impedir que Chile se vaya a las alcantarillas”, le dijo Henry Kissinger –asesor de seguridad nacional de Richard Nixon– al entonces director de la CIA, Richard Helms. Mientras ellos hablaban, en las calles de Santiago aún festejaban el apretado triunfo de la UP.
Cuando Allende asumió como presidente, no dejó lugar a las ambigüedades: “Triunfamos para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para controlar el comercio exterior, pilar que hará posible el progreso de Chile”. Al gobierno de Richard Nixon, esas palabras le daban motivos suficientes para poner en marcha los planes Track I y Track II, porque “un gobierno de Allende no era aceptable para Estados Unidos”.
El plan Track I implicaba una “solución parlamentaria”: tras el triunfo de Allende, la Democracia Cristiana tenía que apoyar en el Congreso a Alessandri, que luego renunciaría y allanaría así el camino para la vuelta de Eduardo Frei Montalva. El presidente saliente despertó la simpatía de la derecha al manifestarse contrario a la izquierda que representaba Allende, pero su posición quedó sólo en palabras: el hombre clave de la solución parlamentaria no ejerció su influencia entre los demócratacristianos, que el 24 de octubre de 1970, tras firmar un “Estatuto de Garantías Constitucionales” con la UP, le dieron sus votos al socialista.
Mientras la opción Track I quedaba condenada al fracaso, continuó la aplicación de la alternativa Track II, que comprendía operaciones de desestabilización política, económica y psicológica tendientes a crear el clima necesario para una “solución militar”. El núcleo de esa estrategia fue conocido con el nombre en código de Proyecto Fubelt.
Las maniobras para sabotear la confirmación de Allende en el Congreso Pleno también incluyeron graves actos de violencia política, como el atentado contra el jefe del Ejército, René Schneider Chereau, a pocas horas de la asamblea parlamentaria. Aunque el hecho fue perpetrado por un comando de ultraderecha, la sospecha recayó en un comienzo sobre grupos de ultraizquierda, igualmente muy activos con sus acciones armadas. Ambos extremos, a sangre y fuego, hacían su contribución para complicar la vía constitucional.
Un lugar para golpear
Los esfuerzos norteamericanos para obstaculizar el proyecto de Allende operaron con fuerza en el plano económico, privándolo de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Eximbank. La multinacional International Telephone and Telegraph (ITT) fue una de las más activas a la hora de conspirar contra el gobierno, a partir de sus vínculos con la CIA.
El 15 de julio de 1971, el Congreso chileno aprobó la nacionalización del cobre. Allende previó que esto sería otro golpe a la relación con Estados Unidos y en uno de sus discursos le envió un mensaje a ese país: “Esto no es una agresión al pueblo ni al gobierno norteamericano. Utilizaremos la ley e indemnizaremos según lo justo, a través de los organismos del Estado chileno y de las propias empresas”.
“Quizá deberíamos encontrar un lugar para golpear a alguien en el trasero”, reflexionó Nixon frente a la osadía de Allende. Desde el sur, seguían llegando novedades de un gobierno que estaba dispuesto a redoblar la apuesta. El 5 de octubre de 1971, el gobierno norteamericano tomó la decisión definitiva de “golpear”. El “impuesto al exceso de ganancias” aplicado sobre las compañías mineras Anaconda y Kennecott, sin compensarlas por nacionalizar sus minas, fue la gota que colmó el vaso. Nixon le dijo entonces a Kissinger: “He decidido remover a Allende”.
La vía chilena al socialismo
La “vía chilena al socialismo” de Allende no consideraba que Chile reuniera las condiciones para una “dictadura del proletariado”, el partido único o la violencia insurreccional como único método para provocar la revolución. Pero esa estrategia no era compartida por buena parte de la izquierda.
Durante un plenario nacional del Partido Socialista, en 1972, Allende respondió a las críticas internas sobre la marcha del gobierno: “Nadie puede ilusionarse en cambiar un régimen social y económico de la noche a la mañana. Puede cambiarse en unos días la forma institucional de un Estado, eso sí. Pero la estructura económica, no”.
“¿Cómo puede pretenderse que hay que destruir, quebrar –lo que presupone la violencia– el aparato de la administración pública, cuando en estos momentos es un instrumento para actuar, cambiar y crear al servicio de los trabajadores?”, se preguntaba el líder de la UP ante sus camaradas.
Mientras las discusiones ideológicas internas se acentuaban, el complot contra el gobierno seguía su curso. El mediodía del 11 de septiembre de 1973, Santiago de Chile quedó ensombrecido por densas columnas de humo. Las bombas que caían sobre el Palacio de la Moneda terminaban de pulverizar las últimas ilusiones de la vía chilena al socialismo.
*Periodista, investigador adscripto en el programa Historia Política de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados de la UNC (CEA).