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17 de octubre de 2013, 01:03Por Damy Vales *
 La Habana (PL) La incorporación de las 15 naciones miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) a la Corte Caribeña de Justicia (CCJ) como tribunal final de apelaciones, completaría el círculo de la soberanía del área, según Irwin LaRocque, secretario general del bloque.
Aunque son visibles los logros integracionistas en la región, aún existen estados que se resisten a asumir la CCJ como ente judicial propio de apelaciones.
En conferencia de prensa ofrecida en la Universidad de las Indias Occidentales a mediados de este octubre, LaRocque recordó el papel integrador de ese tribunal encargado de garantizar que las decisiones de la Comunidad sean cumplidas.
Advirtió que si bien existe preocupación por la demora de algunos estados miembros de la Comunidad del Caribe en incorporarse a la CCJ, no es anormal que tome tiempo llevar litigios ante esa jurisdicción.
En enero último, el gobierno de Dominica pidió sumarse a esa entidad de apelaciones.
El presidente de la CCJ, el magistrado Dennis Byron, acogió con satisfacción esa decisión y confió en que en un futuro no muy lejano, otras administraciones de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) seguirán ese ejemplo de liderazgo.
Por su parte Granada tiene previsto celebrar un referéndum sobre una nueva constitución en el 2014, de acuerdo con la gobernadora general Cecile-Dame La Grenade.
Según anunció recientemente, entre los temas que podrían ser considerados incluyen la "estructura y la composición" del Parlamento y la adhesión a la Corte Caribeña de Justicia, entre otras cuestiones relevantes.
Granada actualmente envía sus apelaciones finales ante el Comité Judicial del Consejo Privado en el Reino Unido.
La Grenade consideró que el referéndum sería un "momento decisivo de la Nación y una oportunidad que debe ser plenamente comprendida por todos los ciudadanos."
Para unirse a esa institución judicial, los países interesados deben tramitar su desvinculación del Consejo Privado de Londres, un mecanismo de apelaciones que data de la época colonial y que varios estados caribeños acordaron sustituir por uno propio.
Es por ello que el tema renace en estos meses, cuando la Caricom ha resuelto promover una campaña para reclamar una compensación económica por esclavitud y genocidio a pueblos nativos, y prepararse con vista a lo que será una prolongada batalla jurídica con los gobiernos del Reino Unido, Francia y los Países Bajos.
"La principal razón del subdesarrollo en el Caribe y América Latina es el legado del genocidio nativo y la esclavitud africana (...) La disculpa es importante, pero totalmente insuficiente", señaló Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas.
Ante tales motivos, sin excluir el antaño Consejo Privado de Londres, un claro mecanismo de colonización, las naciones miembros de la Caricom acordaron unánimemente a principios de julio reunirse en Trinidad y Tobago para comenzar una batalla jurídica conjunta contra los países que se beneficiaron con la esclavitud.
La CCJ fue establecida como tribunal judicial regional el 14 de febrero de 2001, por acuerdo firmado por los estados miembros de la Comunidad y posee jurisdicción internacional, reconocida por otras organizaciones de derecho.
El Convenio Constitutivo del Tribunal de Justicia del Caribe entró en vigor el 23 de julio de 2003, y la CCJ fue inaugurada el 16 de abril de 2005 en Puerto España, Trinidad y Tobago, sede de la Corte.
La CCJ es a la vez un tribunal regional de última instancia, e internacional con jurisdicción obligatoria y exclusiva para interpretar y aplicar el Tratado de Chaguaramas, que constituyó la Caricom.
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, conforman en la actualidad ese grupo integracionista.
Durante años, los ciudadanos de los 15 países que integran ese bloque se han quejado de la discriminación experimentada en los controles fronterizos de los países de cada uno.
Esta discriminación se ha extendido en muchos casos a un extenso interrogatorio antes de ser permitida la entrada por un período limitado, a la denegación arbitraria de la entrada y la expulsión inmediata.
El 3 de octubre último, en una decisión histórica, la CCJ logró un fin legal a esa situación y a la negación del derecho de entrada a los nacionales de la Comunidad del Caribe.
De acuerdo con la decisión de la CCJ, los nacionales de la Comunidad del Caribe están legalmente autorizados a entrar y permanecer en cualquiera de esos países hasta seis meses sin restricción alguna.
Desde 2011, Barbados, Belice y Guyana han sustituido a la jurisdicción de apelación del Consejo Privado con la de la CCJ, y ahora Dominica y Granada optan por ella, a fin de completar su independencia política de Reino Unido.
En el contexto del aniversario 50 de la emancipación de Jamaica el pasado 6 de agosto, el gobierno manifestó su intención de cortar vínculos coloniales con la entidad británica.
Previamente, juristas jamaicanos pidieron a la administración de la primera ministra, Portia Simpson-Miller, realizar un referendo para reemplazar a la CCJ por el llamado Privy Council.
Para la directora ejecutiva del grupo Jamaicanos por la Justicia, Carolyn Gomes, resulta vital que sus coterráneos decidan sustituir al Consejo Privado de Londres.
La incorporación a la entidad regional y el surgimiento de Jamaica como República, que implica la ruptura de todos los lazos con la monarquía británica, representan propósitos principales anunciados por la administración de Simpson-Miller.
Estos avances advierten que las naciones del área han comenzado a concienciar la importancia de asumir la CCJ como un camino más para alcanzar la plena soberanía.
*Periodista de la redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina.
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