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17 de octubre de 2013, 01:02Por Antonio Cuesta *
 Atenas (PL) A punto de cumplirse un mes del asesinato del joven músico y militante antifascista Pavlos Fyssas, ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre, el gobierno de Grecia aún no presentó ninguna medida legal para tratar de desarticular la organización neofascista Amanecer Dorado (AD), cuyos miembros fueron los presuntos responsables del crimen.
La celeridad con que la justicia y la policía iniciaron sus investigaciones para determinar las responsabilidades en el suceso y la complicidad de agentes y ciudadanos en otros actos delictivos perpetrados por AD, contrastan con la dilación del primer ministro, Antonis Samarás, para proponer cambios legislativos contra la violencia del partido de extrema derecha.
La presión desde Europa y las multitudinarias manifestaciones antifascistas llevaron al ejecutivo a prometer en los primeros momentos la adopción de medidas encaminadas a detener las agresiones racistas y a impedir la financiación pública de los partidos que las cometen.
Hasta el momento, el partido de Samarás, Nueva Democracia (ND), sigue aplazando la presentación ante el Parlamento de una ley que tipifique los delitos de odio racial, como ya hizo hace meses con el borrador presentado por el entonces ministro de Justicia, Antonis Rupakiotis, de Izquierda Democrática, cuando este partido integraba la coalición de gobierno.
En una entrevista concedida al rotativo español El Periódico, Rupakiotis culpó de la negativa a su proyecto de ley "al ala más dura y derechista de ND, así como los curas, militares y oficiales de policía más reaccionarios, todos ellos sectores donde ND busca su voto".
El exministro consideró que quienes integran este sector "son contrarios a tratar el problema de la inmigración respetando las convenciones internacionales y el derecho", y entre ellos se encuentran destacados parlamentarios, asesores de Samarás e, incluso, algunos ministros actuales.
En el pasado, algunos de ellos plantearon públicamente la conveniencia de que el ejecutivo pudiera integrar a AD en una futura coalición, habida cuenta de la caída en picado que está experimentando su actual socio de gobierno, el Pasok, pero el asesinato de Fyssas dio al traste con tales pretensiones.
El interés del gobierno se ha centrado durante las últimas semanas en alimentar la llamada "teoría de los dos extremos", tratando de equiparar a las organizaciones de izquierda con el partido neonazi, criminalizando sus actividades y tratando con ello de conseguir votos hasta ahora en el ámbito de la extrema derecha.
Esta campaña fue denunciada a Prensa Latina por Kostas Isijós, responsable de relaciones internacionales de Syriza, quien aseguró contar con evidencias de que los servicios de inteligencia del país estaban siendo usados por Samarás contra la izquierda del país.
Isijós dijo que parlamentarios de Syriza y miembros del Partido Comunista de Grecia (KKE) y de Antarsya, un partido de izquierda anticapitalista, habían sido vigilados y sus comunicaciones telefónicas intervenidas por los servicios de inteligencia, con el fin de presentar como delictivas sus actividades en el seno de los movimientos populares.
Este plan contra la "violencia de la izquierda" estaría organizado por un pequeño grupo dentro del gobierno formado por el primer ministro, algunos de sus asesores, el viceprimer ministro y líder del Pasok, Evangelos Venizelos, y los ministros de Orden Público y Justicia.
Así las cosas, una vez que quedó descartada la opción de ilegalizar AD, pues tal medida no tiene cabida en el ordenamiento jurídico griego, el único debate que se ha dado hasta el momento ha sido en la tramitación de las propuestas para impedir la financiación del partido ante la Mesa de portavoces de la Asamblea Nacional.
Mientras el gobierno espera contar con el apoyo de otras fuerzas políticas para dar a conocer su propuesta, Syriza presentó la suya intentado recoger el sentir mayoritario entre la oposición, pero dejando claro que para ello sería necesaria la existencia de una sentencia judicial firme.
La iniciativa fue contestada duramente por el ministro de Interior, Yanis Mijelakis, quien criticó la exposición de motivos presentada por el principal partido opositor y defendió la postura del gobierno, pese a no considerar necesario ningún dictamen de la justicia.
Los recelos acerca de que la propuesta gubernamental pueda ser usada contra la izquierda están fundamentadas desde el momento en que en los últimos días la Fiscalía abrió diligencias penales contra dirigentes del movimiento popular, como es el caso de Petros Konstantinu, coordinador de la Plataforma antifascista Keerfa y concejal en Atenas por Antarsya.
En cualquier caso la lucha contra AD no se debe limitar a la vía parlamentaria, pues como recordó el economista Kosta Lapavitsas "se necesita una coalición de las fuerzas de izquierda para fortalecer desde la base un amplio movimiento antifascista en los centros de trabajo y en los barrios".
"Es una gran responsabilidad tanto de Syriza como del KKE", aseguró, "la izquierda es la única fuerza que puede revertir y eliminar la dominación de clase".
*Corresponsal de Prensa Latina en Grecia.
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