La SIP alerta sobre los 'delitos de odio' contra periodistas independientes en Cuba

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este martes en Denver, Colorado, sobre acciones del Gobierno cubano que, a juicio del organismo, constituyen "una incitación" a cometer "delitos de odio" contra periodistas independientes.

La Asamblea General de la SIP, reunida desde el viernes, aprobó este martes informes que analizan la situación de la prensa en cada país de las Américas desde marzo pasado, reportó EFE.

En el caso de Cuba, la SIP dijo que no ha apreciado "ninguna mejoría (…) en cuanto al respeto a la libertad de prensa y de expresión", y sí un "mantenimiento sistemático de los actos de repudio" con los que se presiona a una parte de la población "a agredir e insultar" a quienes "expresan su disconformidad con la política gubernamental".

"Esto, sin dudas, constituye una incitación a cometer actos calificables como delitos de odio", advirtió.

Destacó la "ilegal" detención de cinco periodistas independientes por varios días a mediados de octubre, y calculó, citando datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, unas 4.000 detenciones arbitrarias de disidentes desde enero.

Como señal positiva, consideró el aumento en los últimos meses del "número de páginas de internet, boletines, publicaciones periódicas y blogs hechos desde el sector crítico y sin permiso oficial".

La SIP criticó también al Gobierno argentino, al que acusó de impulsar "obstáculos, amenazas y ataques (…) que condicionan el desarrollo de la actividad periodística".

Entre ellos citó "el boicot publicitario que sufren algunos medios", que "constituye el golpe económico más duro para los medios independientes en las últimas décadas" y que, sumado a otros factores, conforma lo que llamó "un cóctel que afecta la libertad de expresión y que, en gran medida, deriva de la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso".

Sobre Bolivia, la SIP dijo que el Gobierno de Evo Morales "continúa con su estrategia para implantar un nuevo paradigma de comunicación" con el que "intenta asfixiar al ya escaso 10 por ciento de medios independientes".

El sistema se apoya en "el ataque verbal y la atribución equivocada de un rol político a medios y periodistas", además de un "aumento discriminatorio de supuestas obligaciones tributarias" y el "manejo discrecional de la publicidad estatal en los medios", dijo el organismo.

Citó además "los crecientes rumores sobre la compra de medios a cargo de personas cercanas al Gobierno, la presencia de periodistas que sirven de propagandistas y de otros que abrazados a una aparente independencia, operan para distorsionar la realidad (...) y empujar a los medios independientes a errores que luego son capitalizados por el Gobierno para sus ataques".

En Brasil, dijo la SIP, el hecho más grave son "los casos de asesinatos impunes de periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación", con dos periodistas asesinados en los últimos seis meses, seguido de "la persistencia de la censura judicial", con nueve casos documentados.

Destacó también "el hecho de que, debido a la ola de protestas registradas desde el 6 junio del 2013, más de 70 periodistas han sido víctimas de la brutalidad policial y de agresiones por parte de los propios policías y los manifestantes".

El aumento de los asesinatos de periodistas y empleados de medios de comunicación marcó también el semestre en Colombia, con dos muertes en septiembre.

Continuaron, asimismo, "las amenazas a periodistas y medios de comunicación", con "la impunidad como común denominador" ya que "las investigaciones que se anuncian por los organismos de seguridad rara vez llegan a resultados positivos", indicó el organismo.

"También se incrementaron las acciones judiciales como método de intimidación o censura, mientras que desde el Poder Legislativo se presentaron proyectos restrictivos a la divulgación de contenidos", subrayó.

La SIP mencionó también en su informe asesinatos de periodistas en Guatemala (2), Haití (2), Honduras (1), Paraguay (1) y México (3).

En cuanto a Ecuador, describió un "ambiente hostil en contra del periodismo" agravado por la entrada en vigor en junio de la nueva ley de Comunicación de Ecuador, que —dijo— "oficializa la mordaza" a la prensa.

"Se extiende a prácticamente todo nivel de Gobierno público, ya sea nacional o local, la práctica de premiar o castigar a los medios con la contratación de publicidad y con la entrega de información", señaló

"En su trabajo diario el periodista se enfrenta a un sinnúmero de agresiones, que van desde: detención provisional, amenazas de juicio, golpizas y muerte; pedidos de disculpas públicas, acoso e intentos de desacreditación a través de decenas de cadenas de televisión", añadió.

Por otra parte, la SIP acusó a la Administración estadounidense de Barack Obama de "perseguir implacablemente bajo las leyes de espionaje a informantes dentro del Gobierno".

"El Gobierno trata de establecer que el privilegio de que goza un reportero no existe para aquellos que cubren temas de seguridad nacional. Esto ha llevado a una ofensiva contra los informantes, que parece diseñada para restringir todas las versiones, menos las oficiales, de eventos e informaciones", dijo.

Sobre Nicaragua, el organismo dijo que el Gobierno de Daniel Ortega promueve un clima de "secretismo y falta de información pública", donde "solo los medios oficiales, que se auto llaman del Poder Ciudadano, pueden informar asuntos de Estado" y "a ningún ministro o funcionario se le permite dar entrevistas, contestar preguntas o simplemente informar".

"Se experimenta una creciente pérdida de los espacios democráticos en la pluralidad de los medios de información, especialmente en los electrónicos", apuntó la SIP, y sostuvo que "el irrespeto a la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2007, es absoluto".

"Los atropellos contra periodistas son comunes y violentos, sin ningún trámite o explicación", agregó, y denunció la expulsión del país "sin ningún trámite y de una manera violenta" de varios periodistas extranjeros.

En el caso de Venezuela, la SIP citó "agresiones contra medios y periodistas, restricciones de divisas para productos importados para la producción de periódicos, la creación de un organismo oficial de censura, el retiro del Estado de la Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el 10 de septiembre" y la solicitud del presidente Nicolás Maduro de una Ley Habilitante que le permita legislar por decreto durante 12 meses.

"En este semestre, además, ocurrieron varios traspasos de propiedad y compra-venta de medios de comunicación tanto nacionales como regionales, y aunque en su mayoría no han variado en mucho su política editorial, sí se ha sentido el efecto en sus audiencias", como en el caso de Globovisión.

Se registró además "una ola creciente de demandas, acciones y procesos judiciales contra los medios de comunicación privados, lo que ha sido calificado por diversas organizaciones como severos ataques a la libertad de expresión", dijo la SIP.