El fin de la Doctrina Parot

Celebro que Inés del Río Prada haya sido excarcelada después de 26 años y tres meses de prisión.

La doctrina Parot era uno de los mayores obstáculos para el proceso de paz en Euskal Herria. Hace algo más de dos años, la izquierda abertzale abrió el camino hacia una convivencia normalizada y ETA anunció el cese de su actividad armada. El Estado español respondió con una oleada represiva, ignorando las recomendaciones de los mediadores internacionales. La reacción de la prensa y la clase política ante la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos refleja que el franquismo, lejos de ser un lejano recuerdo, continúa contaminando el presente.

Todos los medios han rescatado imágenes de los atentados cometidos por el comando Madrid en los ochenta, deplorando la sentencia de Estrasburgo. Son imágenes de enorme crudeza, pero casi nadie admite que esa violencia es la manifestación de un conflicto aún sin resolver. El derecho de autodeterminación es una aspiración legítima que debe ser sometido a una consulta popular. El pueblo vasco debe tener la última palabra.

Entiendo la rabia de las víctimas de ETA, pero no su protagonismo en un complejo proceso histórico y político. Su dolor no es menos importante que el de las familias de Lasa y Zabala o el de otras víctimas de la “guerra sucia”. Rodríguez Galindo, Barrionuevo, Vera, Elgorriaga, Damborenea, Amedo y otros cabecillas del GAL cumplieron sentencias irrisorias. Fraga, Areilza, Gutiérrez Mellado y Martín Villa, implicados en crímenes contra la humanidad, han disfrutado de una vejez tranquila, convertidos en héroes de la Transición. La impunidad de los crímenes del franquismo (aún hay 114.000 hombres y mujeres en fosas clandestinas) es una poderosa objeción contra los que se indignan con el fin de la doctrina Parot.

Otro argumento nada desdeñable es la práctica ininterrumpida de la tortura en dependencias policiales. Sólo entre 1977 y 2007, siete mil personas presentaron denuncias por torturas en Euskal Herria, mayoritariamente contra la Guardia Civil. De hecho, el Estado español ha acumulado varias condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por torturas durante el régimen de incomunicación. El caso de Martxelo Otamendi, director del periódico Euskaldunon Egunkaria, tal vez es el más conocido.

Si reparamos en que el sufrimiento ha salpicado a todos, comprenderemos que el discurso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no contribuye a cicatrizar las heridas. Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, ha invitado a incumplir la sentencia de Estrasburgo, pese a su carácter vinculante. Su beligerancia recuerda el estilo intransigente y dudosamente democrático de José Alcaraz, que llegó a estrechar la mano de Ricardo Sáenz de Ynestrillas. Escuchar a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, declarando que “en la lucha contra el terrorismo tiene que haber vencedores y vencidos”, produce escalofríos, pues evoca la dialéctica del franquismo, basada en la humillación de los adversarios. Nada puede estar más alejado de este espíritu revanchista que la contención, la elegancia y la sentido autocrítico de las hermanas de Lasa y Zabala, que no avivan el odio, sino la necesidad de clarificar el pasado y transformar la memoria histórica en un testimonio veraz y objetivo.

ETA no habría surgido sin el clima de terror y represión de la dictadura franquista, que cometió un genocidio, liquidó las libertades políticas e institucionalizó la tortura. No aplaudo sus atentados, pero intento explicar el origen de una tragedia que no debería repetirse. La violencia siempre es la expresión de un fracaso colectivo. Por eso, la excarcelación de los presos políticos vascos no es una injusticia, sino un paso necesario hacia un futuro de paz y reconciliación.

Rafel Narbona.