Un diario chileno publicó esta semana un
investigación periodística que reveló cómo los principales medios
gráficos de ese país suramericano y algunas cadenas internacionales
fueron financiados por la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien
ocupó el Gobierno de ese país durante los años 1973 y 1990.
Los documentos secretos sacados a la luz pública muestran que los
medios impresos recibían “periódicamente” cheques firmados por el
general Manuel Contreras, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia
(DINA) de Pinochet.
El periodista chileno, Jorge Escalante, autor de la investigación,
reseñó que los pagos efectuados por la DINA “explican, no sólo el
ocultamiento en la información de estos medios sobre crímenes de la
dictadura, sino también su complicidad”.
Asimismo, Escalante denuncia que los diarios pagados informaron sobre
supuestos enfrentamientos en los que murieron militantes de izquierda,
cuando “judicialmente quedó establecido que sus muertes fueron
asesinatos y desapariciones”.
Entre los medios que recibían pagos ilegales destacan El Mercurio, el
Consorcio Periodístico de Chile (Copesa), Las Ultimas Noticias, Diario
Austral, La Nación, La Prensa, y El Día. La Dirección Nacional de
Rehabilitación (Dinar), organismo fachada de la policía política, era el
encargado del financiamiento.
En tanto, la investigación sostiene que también recibieron dinero
algunas importantes agencias internacionales de noticias, como United
Press International (UPI), la Agencia Francesa de Prensa (AFP) y la
agencia chilena por excelencia de ese momento, ORBE.
Escalante señala que todos estos medios figuran en documentos
desclasificados de Estados Unidos, como receptores de sumas millonarias
en dólares, giradas desde Washington por la Agencia Central de
Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y el Departamento de Estado.
En ese sentido, el periodista precisa que la información consta en la
causa que investiga el asesinato Orlando Letelier, último ministro de
Relaciones Exteriores del gobierno democrático de Salvador Allende
(1970-1973), cuya muerte de produjo en la capital estadounidense en
1976.
Al respecto, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, expresó que “las sumas de
dinero giradas a diversos organismos demuestran que el plan de
exterminio que existió en Chile fue una acción de carácter institucional
del Estado”.
Por su parte, varios diarios argentinos agregaron que reseñaron que
los pagos tuvieron como objetivo “ocultar crímenes de lesa humanidad y
de terrorismo de Estado” durante el régimen de Pinochet.
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