También, que los militares activos puedan ejercer cargos públicos, que los decretos del presidente tengan rango de ley y que el ganador de los comicios sea quien obtenga más votos y no el 35%.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, presentó a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, una propuesta de reformas a la Constitución que elimina las prohibiciones para que pueda reelegirse indefinidamente, al tiempo que establece que el ganador de los comicios será el candidato que obtenga más votos y no quien alcance el 35% de los sufragios, reporta la AP.
De ser aprobada, la propuesta del gobernante, que procura reformar 44 de los 202 artículos de la Constitución, dejaría abierta la posibilidad de que sea reelegido, al eliminar del artículo 147 el párrafo que ordena que no puede optar al cargo el que ejerciere o hubiere ejercido la presidencia en el período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ocupado por dos períodos presidenciales.
Ese mismo artículo fue declarado inconstitucional por magistrados de la Corte Suprema en 2010, lo que generó una enorme polémica en el país, pues quienes votaron a favor de ello fueron jueces afines al gobernante Frente Sandinista. La decisión abrió el camino para que Ortega fuera reelegido en los comicios presidenciales de 2011, tal como ocurrió.
Pese al fallo de la Corte, la prohibición de reelección se mantuvo en la Constitución, limitación que Ortega busca eliminar ahora.
Gabriel Álvarez, experto en Derecho Constitucional, explicó que la propuesta formaliza la decisión tomada por la Corte, considerada ilegítima por partidos opositores y organismos de la sociedad civil.
"Es un cambio innecesario porque ya la Corte había decidido eso, pero considero que lo hacen para que quienes llaman 'ilegal', 'espurio', 'de facto' o 'inconstitucional' al presidente, no lo tilden más así", dijo Álvarez a The Associated Press.
El jurista constitucionalista y filósofo Alejandro Serrano Caldera declaró al periódico La Prensa que estas reformas "no son positivas", ya que si desaparece la no reelección sería un riesgo a que ocurra la "perpetuidad y la concentración del poder".
La propuesta de reforma también busca eliminar el 35% de votos que debe obtener un candidato para alcanzar la presidencia, siempre y cuando tenga como mínimo el 5% de los sufragios por encima del aspirante que ocupe el segundo lugar.
"En realidad eso es un retroceso desde el punto de vista de fuerza de mandato electoral porque hasta ahora la ley establece un porcentaje que es representativo de la población. Luego (de la reforma) ganará el que tenga más votos, aunque haya obtenido solo el 20% o menos", dijo Álvarez.
De igual forma la propuesta de cambios a la Constitución procura darle rango de ley a los decretos que emita el presidente en el área administrativa, lo que hasta ahora solo puede hacer la Asamblea Nacional.
"En esa línea, el presidente Ortega estaría en un paralelo con la Asamblea y hasta podría derogar leyes de la Asamblea si lo hace con posterioridad por medio de un decreto. Es un poder muy fuerte", dijo Álvarez.
Otro cambio que propone la reforma constitucional es que los militares activos puedan ejercer cargos públicos sin tener que renunciar a sus funciones en la entidad castrense, algo que la Constitución prohíbe actualmente para evitar la relación Estado-Ejército en funciones civiles.
"Se debe establecer la subordinación del poder militar al civil, ya que mezclar esto no parece lo más adecuado, pues debilita a la democracia y al Estado de Derecho", según Serrano Caldera.
Además, las propuestas ordenan incorporar a la Constitución los fallos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en los diferendos limítrofes con Honduras y Colombia, estableciendo los límites territoriales que ordenan esas sentencias.
Asimismo, se extenderían por un año los gobiernos municipales, que hoy son de cuatro años, y se declararía a Nicaragua una nación "cristiana, socialista y solidaria", lo cual dejaría de lado el precepto de que el Estado es laico.
La propuesta será revisada de manera inicial este lunes por la junta directiva del Parlamento, que debe ordenar la conformación de una Comisión Especial que la estudie y emita un dictamen.
La comisión estaría conformada por cuatro diputados sandinistas y tres de la oposición. Su dictamen debe presentarse ante el pleno de la Asamblea, que tendría que aprobarlo en dos legislaturas (dos años), la primera a finales de diciembre de este año y la segunda al principio del año siguiente.
Los diputados sandinistas son actualmente 63 de los 92 diputados que tiene la Asamblea Nacional.
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