Contrato fraudulento a la sombra de Yabrán

Hace exactamente dos años, en agosto de 2008, se determinó en los tribunales de Munich, Alemania, que la empresa Siemens había distribuido 1700 millones de dólares en concepto de coimas en varios países. Una porción de ese monto, unos 105 millones, cayó en el bolsillo de funcionarios y lobbistas argentinos en 1998, cuando esa compañía ganó fraudulentamente una licitación para confeccionar documentos de identidad e instalar un sistema de control migratorio.
Doce años después, por ese caso no hay un solo procesado. Entre los imputados figuran Carlos Menem; su ex ministro del Interior, Carlos Corach; y Aldo Carreras, subsecretario de Población de aquel gobierno. La causa, que tiene el número 2645, está "planchada" en el Juzgado Federal 4, de Ariel Lijo, secretaría 8. En el estado del expediente dice que aún se están traduciendo materiales recolectados en Alemania, y a la espera de contestación de algunos exhortos que se enviaron a ese país. Hasta el momento no se tomó ninguna declaración indagatoria.
 
LA COMPETENCIA QUE NO FUE. El asunto había empezado en agosto de 1994, cuando Menem y Corach firmaron el decreto 1310 que dio origen al llamado "proyecto DNI", con el propósito declarado de mejorar los controles fronterizos. La empresa ganadora de la licitación se haría cargo de confeccionar los documentos de identidad -también de distribuirlos- y de elaborar los padrones electorales. Era un negocio de 600 millones de dólares en 1998.
Según el proyecto, debían emitirse 10 millones de DNI e instalarse cincuenta puntos de captura en todo el país, conectados en tiempo real con Migraciones, y 152 puestos fronterizos y en puertos.
Dos grupos empresarios llegaron a la etapa final de la licitación: la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Itron (Grupo Macri), SHL Systemhouses, TRW Sistems y la israelí Malam Sistems SA; el otro grupo era una asociación entre Siemens y la imprenta Boldt. Un tercer grupo, formado por Ivisa-TTI, del grupo Bulgheroni, quedó afuera en la primera etapa. En principio, Ivisa-TTI tenía buenas perspectivas, pero estaba muy fresco el escándalo IBM-Banco Nación en el que se había visto involucrado.
Las excelentes relaciones del Grupo Macri y, sobre todo, de Alfredo Yabrán con el gobierno menemista, hacían suponer que la UTE integrada por ellos era el caballo del comisario. Pero en enero de 1997 fue asesinado el reportero gráfico José Luis Cabezas, y ese crimen empezó a derrumbar el emporio de Yabrán, al punto que se hizo políticamente imposible entregarle ese contrato. Comenzaron entonces las negociaciones con Siemens. Se trató, evidentemente, de un acuerdo difícil, como que el pliego fue publicado con dos años de retraso.
A todo esto, los informes técnicos eran ampliamente favorables a la UTE. Siemens, por ejemplo, ni siquiera había presentado el plan operativo exigido por el pliego, de modo que calificaba cero en ese punto.
En una segunda evaluación, sin embargo, todo cambió. En su impugnación, Malam dice: "Entonces se piden informes a Migraciones y Registro de las Personas, para que otorguen un puntaje a cada oferta. Migraciones (su titular era Hugo Franco) calificó con diez al plan operativo que Siemens no presentó."
En uno de los considerandos del decreto 199/98, del 12 de febrero de 1998, que adjudicó la licitación a Siemens, el Ministerio del Interior dice que esa impugnación no era válida "toda vez que la referida empresa (Malam) sólo resulta ser una de las integrantes de la UTE Itron y, por ende, carece por sí sola de legitimación."
Ahora bien ¿por qué no acompañó la impugnación el Grupo Macri?
 
NEGOCIO PARALELO. En diciembre de 1997, Rodolfo Barra, ministro de Justicia de Menem, reunió a Macri con Siemens en Punta del Este. En ese encuentro se negoció lo que sobrevendría. El 7 de enero de 1998, Macri recibió a Héctor Colella, futuro sucesor de Yabrán, en el complejo Manantiales, también en Punta del Este. Ahí estuvieron el director de Migraciones, Hugo Franco; Carlos Sergi y Luis Schirado, ejecutivos de Siemens; y Nicolás Ciccone, de Ciccone Calcográfica, otra empresa vinculada con Yabrán y proveedora de TRW.
Ese cónclave definió el negocio. Los alemanes se quedaban con la licitación y, al año siguiente, Siemens compró Itron a un precio que por lo menos duplicaba su cotización en el mercado.
Hugo Franco había tenido un vínculo muy directo con Yabrán, originado, según solía decir en privado Domingo Cavallo, en ciertas operaciones de lavado de dinero procedente de ventas ilegales de armas hechas por Eduardo Massera durante la última dictadura militar. La confianza de Yabrán en Franco era tanta que, por su intermedio, le hizo llegar un "agradecimiento" a Alberto Pierri por haber "convencido" al entonces diputado Franco Caviglia para que no investigara los negocios de don Alfredo. Sin embargo, tiempo después, Franco "se olvidó" de entregarle un "agradecimiento" similar a Jorge Vázquez, embajador de Menem en la ONU. A Franco le ametrallaron el auto. Como resulta fácil deducir, al momento de las negociaciones del affaire Siemens, aquel vínculo de Franco con Yabrán estaba cortado de mala manera. Por lo tanto, el secretario de Migraciones jugaba para Siemens, no para Itron.
Finalmente, en octubre de 1998, quedó refrendado el contrato, confirmado en noviembre de ese año por el decreto 1342.
 
EL FINAL. El último capítulo de esa historia se desarrolló entre 2000 y 2001, ya durante el gobierno de la Alianza. El presidente, Fernando de la Rúa, y su ministro de Economía, otra vez Domingo Cavallo, querían renegociar el contrato para que Siemens siguiera. Mejor dicho, Cavallo quería. De la Rúa, como le ocurría con casi todo, vacilaba.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen), a cuyo frente estaba entonces Rafael Bielsa, quiso conocer la estructura de costos de Siemens pero la empresa se negó terminantemente a mostrar sus números. En marzo de 2001 la Sigen produjo un informe que hacía imposible renegociar el contrato.
"¿Así que usted le quiere doblar el brazo al presidente?", le dijo Cavallo a Bielsa, furioso, apenas comenzada una reunión. De inmediato, el ministro le exigió a Bielsa que cambiara el informe de la Sigen. "No lo voy a cambiar -contestó Bielsa-, el informe no es vinculante. Que el presidente renegocie el contrato y la Sigen cumple su obligación."
El interés de Cavallo, antes que con la defensa de Siemens, tenía que ver directamente con la política que procuraba desarrollar. El titular de Economía consideraba, como una manera de reformular la convertibilidad, la posibilidad de armar una canasta de monedas y, para eso, le resultaba indispensable el respaldo europeo; ante todo, el del Bundesbank, el banco central alemán. Y el canciller de ese país, Gerhard Schröeder, le había hecho llegar a De la Rúa una carta en la cual, con lenguaje cortésmente diplomático, lo amenazaba con el retiro de los capitales alemanes en la Argentina si el contrato con la Siemens se caía.
Pero se cayó. El escándalo había estallado y se multiplicaba en mayo de 2001, cuando, además, la administración De la Rúa se acercaba al precipicio. El 18 de ese mes el presidente firmó el decreto 669/01, que rescindía el contrato con Siemens. Lo firmaron también el jefe de Gabinete, Cristian Colombo; el ministro del Interior, Ramón Mestre; y el titular de Economía, Domingo Cavallo.
En ese momento, ya dormía en un despacho judicial la causa 2645, por administración fraudulenta e inclusión de cláusulas manifiestamente perjudiciales para el Estado argentino. Que no perjudicaron, por cierto, a quienes se repartieron esos 105 millones de dólares que Siemens pagó -coimeó- para quedarse con aquel contrato. <