Sólo faltan algunas formalidades, como la publicación de la ley correspondiente en la Gaceta Oficial. Pero ya Nicolás Maduro cuenta con los poderes especiales que pidió. La mayoría oficialista y sus refuerzos de última hora completaron en la Asamblea Nacional de Venezuela los 99 votos equivalentes a las tres quintas partes requeridas para sancionarlos.

“Me han dado una mano de hierro”, celebró el mandatario, apenas segundos antes de estampar su firma en el original de la ley que los diputados de la bancada oficialista le llevaron hasta su despacho, en el palacio presidencial de Miraflores. “Ustedes han visto apenas las primeras acciones contra la burguesía parasitaria que roba a todo el pueblo”. Luego reiteraría, ya ante unos centenares de partidarios que se congregaron en un jardín del palacio, que “lo que han visto es poco para lo que voy a hacer”.

El texto legal, denominado oficialmente Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan, permite a Maduro legislar durante un año sin tener que pasar por el parlamento. Sus términos son vagos, amplios, y hasta épicos –uno de sus artículos menciona el propósito de “establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la patria en lo económico, político y mediático”–, pero en la fecha de solicitar el otorgamiento de estos superpoderes, el pasado 8 de octubre, el sucesor de Hugo Chávez en la presidencia restringió su eventual aplicación en dos campos: el desarrollo de “una nueva ética republicana” y la imposición de “un nuevo orden económico”.

Sin embargo, la puesta en escena de esta tarde y noche de martes en las calles de Caracas, por parte del chavismo, buscaba declarar a los cuatro vientos que no se trata de apenas una ley conquistada para combatir la corrupción y la usura.

Primero se aseguró de que en la sesión de la Asamblea Nacional predominara una atmósfera tumultuaria, aportada por piquetes de militantes de la revolución que rodearon la sede legislativa y ocuparon los balcones del hemiciclo. Luego, una vez votada la ley, una marcha de algunos miles de oficialistas acompañó a los diputados progubernamentales a entregar el documento al presidente. Durante el recorrido, de unas seis cuadras, el jolgorio inducido y el batir de banderas de los soldados de la Guardia de Honor –la guardia presidencial- intentaba reproducir el espíritu de jornadas heroicas de la revolución bolivariana, como la de la madrugada de 13 de abril de 2002, cuando el comandante Chávez fue restituido como presidente tras 47 horas de fugaz de derrocamiento. Luego de las palabras de Maduro, una pirotecnia profusa iluminó la noche caraqueña.

En verdad, el ambiente en la capital venezolana quedó oliendo a pólvora y a cambio de era. El propio presidente Maduro, que pasó revista a los logros obtenidos durante la última semana de ofensiva económica –como llama su campaña de toma de comercios, confiscación de mercancías y remate de las mismas–, apenas preservó la intriga sobre lo que venía: al repetir que la primera ley que promulgará por decreto será una de control de costos y ganancias, dijo que se trataba de aplicar unos límites para redituar que hasta en países capitalistas se habían implementado. “Pero”, aclaró por si ello ocasionara confusiones, “nosotros no queremos desarrollar el capitalismo, sino al revés, vamos rumbo al socialismo”.

Enumeró entre sus motivos de satisfacción el haber conseguido “algo que nunca antes había pasado en la economía de Venezuela, bajar los precios” mediante la ocupación de negocios y venta forzosa de sus inventarios, además de la detención de gerentes y propietarios. Destacó además que el gobierno ya se habría hecho del manejo de los almacenes de distribución de la mayoría de los comercios y categorías intervenidas, con lo que podía asegurar que hay productos suficientes para abastecer por al menos un año al mercado venezolano. Con ello desmentía los vaticinios de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que en un comunicado del mismo martes advertía sobre una escasez inevitable de diversos rubros tras su “venta controlada” por el gobierno y las dificultades para reponer los inventarios.

Volvió a referirse a sus opositores como “parásitos” y “apátridas”, la “bancada de la usura” que estaría siendo víctima de la desesperación mientras planifica “actos locos”. Dijo que los servicios de inteligencia habían descubierto y desbaratado una conspiración para cortar el suministro de energía eléctrica durante la votación de la llamada Ley Habilitante, pero que aún persistirían en ocasionar un gran apagón “antes de las elecciones o el mismo día de las elecciones”. Preguntándose en voz alta qué trabajo tienen o de dónde sacan fondos los dirigentes políticos de oposición para “tener aviones y propiedades”, asomó en clave sanciones futuras para ellos: “Les anuncio que, de la misma forma en la que planifiqué la ofensiva económica, estoy planificando una ofensiva estremecedora contra la corrupción que iniciaremos a partir de enero”.

Mientras todavía este martes, en Caracas y otras localidades del país, seguían las filas de consumidores que intentaban sacar provecho de los despojos de las tiendas de electromésticos y otras categorías de productos a las que Maduro ordenó inspeccionar y ocupar –de las que, según el presidente, “99,99% recibieron dólares de la República”–, el exdirigente sindical y excanciller insistió en la culpa colectiva de una clase con la que habría intentado el diálogo, pero sin resultados. Así las cosas, prometió que en los próximos días presentará pruebas que identificarían quiénes lideran la “guerra económica” desde las organizaciones patronales del empresariado venezolano y de la Cámara Venezolana-Americana de Comercio. “Ellos fueron maquinando una operación invisible, muy precisa, pero pronto vamos a probar quiénes han estado conspirando”.