El domingo, como jefe espiritual de los católicos, el papa Francisco sorprendió a los asistentes al ángelus en la plaza de San Pedro repartiendo 20.000 dosis de Misericordina. Se trataba de pequeñas cajas de cartón, como la de los medicamentos, conteniendo un rosario y un prospecto para usar los sacramentos contra los males del alma. El lunes, como jefe de un Estado tradicionalmente opaco, Jorge Mario Bergoglio volvió a sorprender al respetable al encargar a la auditora Ernst & Young, una de las cuatro más importantes del mundo, “la comprobación y el asesoramiento de las actividades económicas y los procesos de gestión” del Governatorato, el gobierno de la Ciudad del Vaticano.
Si lo primero se puede atribuir al carácter extrovertido de Francisco —“quiero aconsejaros una medicina, pero no porque el Papa se haya convertido en farmacéutico”—, lo segundo no hay más remedio que enmarcarlo en su determinación de acabar de una vez por todas con el pozo negro de las finanzas vaticanas. No hay que olvidar que, a los viejos escándalos del IOR —el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el banco del Vaticano— se han unido en los últimos tiempos los del propio Governatorato, cuyas prácticas corruptas fueron denunciadas por monseñor Carlo Maria Viganò y filtradas entre la documentación robada a Benedicto XVI, o los del APSA, el servicio que administra el ingente patrimonio inmobiliario de la Santa Sede, cuyo responsable, monseñor Nunzio Scarano, aún continúa en prisión tras intentar llevar desde Suiza a Italia 20 millones de euros a bordo de un jet privado…
De ahí que Francisco, que suele decir que en el Vaticano hay gente estupenda y otras… no tanto, haya preferido que sean ojos ajenos los que, a partir de ahora, supervisen el manejo del dinero. “La documentación con los resultados de la asesoría de Ernst & Young”, explica una nota de la Santa Sede, “servirá para proponer eventuales recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos económicos y administrativos del Governatorato”. Unos procesos que fueron puestos en duda con palabras gruesas por monseñor Carlo Maria Viganò, quien durante su etapa al frente de la institución llegó a alertar a Benedicto XVI de la “corrupción, prevaricación y mala gestión” que presidían la administración vaticana. En un documento que se filtró durante el llamado escándalo Vatileaks, Viganò pedía a Joseph Ratzinger respaldo para continuar su labor de limpieza, pero finalmente se impuso la decisión del exsecretario de Estado Tarcisio Bertone de enviarlo lejos del Vaticano.
Coincidiendo con el anuncio de auditoría externa, Francisco publicó el motu proprio (decreto) por el que aprueba el nuevo estatuto de la Autoridad de Información Financiera (AIF) para vigilar, prevenir y contrarrestar las potenciales actividades ilícitas en materia financiera que se puedan estar llevando cabo en el Vaticano.
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