“Me quieren dejar morir aquí”: Mario González

Por Mayra Irasema Terrones Medina

México. “La juez volvió a suspender mi audiencia, es obvio que a ella no le importa mi salud y que tiene como consigna mantenerme encerrado (aunque no tenga elementos para hacerlo) y dejarme morir aquí”, acusó Mario González, joven detenido el 2 de octubre antes de iniciar la manifestación [que cada año conmemora la masacre ordenada en 1968 por las más altas esferas del Estado mexicano] y quien se declaró en huelga de hambre desde el 8 de octubre, cuando la jueza María de los Ángeles Arrieta le negó la libertad bajo fianza, a pesar de haberla pagado y de que sus coacusados sí fueron liberados.

Dos veces la juzgadora negó la libertad al joven, acusado de un delito no grave –ataques a la paz pública- alegando su peligrosidad social, y cambió su más reciente audiencia para el 10 de diciembre (cuando rebasará los 60 días sin alimentos) pues los policías acusadores no se presentaron a testificar por segunda ocasión.

González se encuentra en una torre médica en el reclusorio de Tepepan, a donde fue trasladado contra su voluntad. Un grupo de profesionales de la salud (médicos, enfermeras y sicólogos) informó que a 51 días de ayuno, “Mario se encuentra debilitado físicamente, con presión arterial baja, dolor y mareos frecuentes, molestias gastrointestinales, disminución drástica de peso y sensación de frío por la pérdida de masa grasa y muscular. De continuar el proceso, comenzará en los siguientes días a presentar daño hepático, renal y circulatorio, lo que compromete aún más su estado hemodinámico y, en consecuencia, su vida”.

El abogado Guillermo Naranjo denuncia que la ausencia de los policías es “con toda la intención de diferir la audiencia”. La omisión en atender al huelguista de hambre a pesar del riesgo para su vida, denuncian organizaciones, es parte de la política del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Se trata de un hecho que se conecta con las reacciones a las manifestaciones desde el 1 de diciembre de 2012.

Detenciones arbitrarias, criminalización y control

Las manifestaciones realizadas en todo el país, desde el primero de diciembre de 2012 hasta el 2 de octubre del 2013, están marcadas por la denuncia de cientos de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos. Decenas de videos públicos documentan el excesivo uso de la fuerza pública, el uso de balas de goma y otras armas para la disolución de cualquier manifestación.

Los medios de comunicación masiva, particularmente Televisa y TV Azteca, fungen como los canales de comunicación de una campaña que, denuncian organizaciones de derechos humanos, busca criminalizar la protesta social en todo el país y se cierran espacios de manifestación, particularmente los que puedan ser representativos para la sociedad movilizada, lo mismo si son contra las reformas estructurales, el despojo a las comunidades o las detenciones ilegales y desapariciones de activistas.

En la Ciudad de México, el gobierno que encabeza Miguel Ángel Macera Espinoza puso el ejemplo de una política que no sólo busca amedrentar a la sociedad movilizada, sino también dar la impresión de que es necesario el orden en nuestra sociedad o poner en su lugar a los revoltosos aunque sea a costa de vidas, coinciden defensores de derechos humanos.

Decenas de videos documentan la escalada de violencia provocada por el gobierno de la Ciudad de México [1] para justificar su política de control social. La reglamentación de las manifestaciones es la carta legal que legitimó este comportamiento [2]. Desde el primero de diciembre de 2012 las detenciones arbitrarias marcaron su política. En todos los casos, los abogados encontraron irregularidades en las detenciones, con declaraciones contradictorias de los policías. Las acusaciones no se sostuvieron y las personas acusadas salieron libres.

Los habitantes de la ciudad de México que viven cerca de San Lázaro, donde Enrique Peña Nieto tomó protesta, fueron privados de su derecho a circular libremente. Incluso llegar a su casa se volvió toda una odisea en la que tuvieron que pasar por revisiones arbitrarias. Las vallas de metal que permanecieron varios días obstruyendo el paso armaron una fortaleza. El 1 de diciembre de 2012 se realizó un operativo policíaco-militar, con infraestructura y armamento especializado.

Desde las 7 de la mañana de ese 1 de diciembre, la policía usó gases lacrimógenos, gases pimienta y balas de goma. Juan Francisco Kuykendall sufrió una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica por una bala de goma, lo que lo mantiene luchando por su vida [3].

Uriel Sandoval perdió el ojo derecho ese primero de diciembre por una bala de goma disparada de frente [4]. Este joven fue señalado y criminalizado por el gobierno del Distrito Federal, mientras que el abuso de autoridad y los ataques por parte de la policía quedaron en la impunidad. Teodulfo Torres, “el Tío”, desapareció desde hace más de seis meses. Él grabó el disparo contra Kuykendall. Las autoridades no han tomado cartas en el asunto y se tienen serias sospechas de que se trata de un caso de desaparición forzada.

La organización no gubernamental “Artículo 19” [5] convocó a la ciudadanía en general, a periodistas independientes y a organizaciones de derechos humanos a monitorear las manifestaciones del 2 de octubre en la Ciudad de México. En un comunicado previo a la manifestación señalaron que “en el último año hemos observado un patrón durante las marchas en la ciudad: la fuerza pública trata de disolverlas y están documentadas un sinnúmero de detenciones arbitrarias e ilegales, entre éstas a personas que ejercían su derecho a libertad de expresión” [6].

En la jornada de protesta se realizaron detenciones arbitrarias documentadas con más precisión. Uno de sus objetivos son los medios libres: fueron detenidos más de tres reporteros porque grabaron las actuaciones ilegales de la policía, incluyendo a la vestida de civil. Las fianzas para que los detenidos salieran libres subieron a montos muy elevados.

El 2 de octubre de 2013 más de un centenar de personas fueron detenidas. Videos documentaron la agresión a una familia que se encontraba en un estacionamiento, a jóvenes resguardados en un mercado, a observadores de derechos humanos, a periodistas independientes, etcétera [7]. Ese día se detuvo a muchas personas que días después lograron su excarcelación, excepto Jorge Mario González García, privado de su libertad y en huelga de hambre desde hace mas de 50 días.

La decisión de Mario González de irse a huelga de hambre tiene como objetivo obtener su libertad. Él, sus abogados y sus familiares denunciaron con detalle que su detención está asentada en ilegalidades.

El manejo de la situación del joven preso, desde su detención y hasta su huelga de hambre la huelga de hambre, deja claro que no hay voluntad para que se resguarde la vida e integridad de Mario, denuncian sus allegados.

El 28 de noviembre, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) solicitó la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para que visite a Mario González, y también pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que intervenga para solucionar la huelga de hambre.

La preocupación que manifiesta el director de la LIMEDDH se debe al mal manejo legal, pues considera que la juez que lleva el caso debe aplicar el principio pro-persona que la Constitución Política [...] establece. Sin embargo, sucede lo contrario. La juzgadora negó dos veces la libertad bajo fianza a pesar de la ilegalidad de la reclusión y del riesgo para la vida de Mario González.

La LIMEDDH también advirtió que se violenta la Declaración de Malta [8], adoptada por la Asamblea Médica Mundial, que establece los protocolos para la intervención de personas que optan por la huelga de hambre como forma de manifestación política e ideológica.

El grupo de profesionales de la salud, entre los cuales se encuentran integrantes del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, señaló que ante las violaciones a los derechos humanos “se requiere el desistimiento inmediato del gobierno capitalino de sus acciones violatorias de los derechos humanos de Jorge Mario González García, y atención real de las demandas causantes de dicha huelga de hambre como única forma de suspensión de la huelga”.

Notas:

[1] http://www.animalpolitico.com/2012/12/que-paso-el-1-de-diciembre-durante-la-toma-de-protesta-de-epn-fotos-videos/#axzz2m6qEHwVa

[2] El día de ayer (19 de noviembre de 2013) el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó con 38 a favor, seis votos en contra y una abstención, el dictamen para reformar los artículos 123, 130, 241 y otros más del Código Penal del Distrito Federal, mediante las cuales se incrementa en una mitad las penas para quienes en el marco de manifestaciones o concentraciones públicas cometan los delitos de lesiones y homicidio dolosos contra autoridades, así como daños a la propiedad pública y privada. http://articulo19.org/decidiendo-solos-aldf-criminaliza-la-libertad-de-expresion/#sthash.yFrfTh2H.dpuf

[3] http://aristeguinoticias.com/0412/mexico/video-captan-la-agresion-a-adulto-mayor-durante-1d/