¿Pachamama transgénica?

Para los Aymará, Quechua y otros pueblos indígenas latinoamericanos, la Pachamama o madre tierra es la diosa más importante y los primeros viernes de cada mes le dedican un ritual para agradecerle su protección, fecundidad y fertilidad. La fiesta más importante de este evento es un “acto de reciprocidad” conocido como challa o pago en el que la comunidad “da de comer y beber a la tierra” como muestra de gratitud por lo que recibe de ella.

Aunque para muchos parezca un ritual perdido en la zona central de la cordillera de los Andes, países como Perú se han preocupado por su protección, no sólo mediante la conservación de las tradiciones de las comunidades indígenas sino que podría decirse que de alguna forma esa cosmovisión tradicional se ha integrado a sus leyes y políticas públicas.

En medio de los debates que se han dado en las últimas semanas en Colombia sobre la Resolución 970, el uso de semillas transgénicas en los cultivos, el vacío legal respecto al etiquetado de transgénicos para que los consumidores podamos identificarlos y el paro agrario promovido, entre otros, por campesinos cultivadores, vale la pena saber qué está pasando en el país inca. ¿Por qué desde diciembre de 2011 se estableció una prohibición al ingreso y producción de organismos genéticamente modificados, transgénicos, por un período de 10 años?

Pues bien, la ley de 29811 de Perú es la materialización de un diálogo entre la naturaleza, la tradición cultural, la biodiversidad y los objetivos políticos y económicos del gobierno.  Para el Ministro de Ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal, la promulgación de la ley y de su correspondiente reglamento en noviembre de 2012 no sólo es una promesa de campaña cumplida por el presidente Ollanta Humala sino que, además, confirma la importancia que tiene la diversidad biológica para el gobierno peruano, los cultivos nativos, los campesinos que se dedican a esos cultivos y la agro-biodiversidad.

En un contexto de competitividad y globalización industrial como el de la última década, la idea de un país sin transgénicos puede parecer absurda, más cuando dos vecinos, Argentina y Brasil, están entre los tres mayores productores de transgénicos del mundo. Más allá del riesgo económico que pueda suponer para Perú dicha prohibición, el gobierno ha apostado por prohibir la entrada de transgénicos durante diez años.

Para conseguir la sostenibilidad del proyecto, el gobierno peruano sabe que no es suficiente con una ley de papel, por eso creó una comisión multisectorial que estará a la cabeza del control de transgénicos, junto con un reglamento que tipifica las infracciones y delitos que involucran el uso de organismos genéticamente modificados, y la adecuación de procedimientos aduaneros para crear mecanismos de control más efectivos.

En la misma línea, para el gobierno peruano es claro que no se puede dejar pasar los 10 años de moratoria consagrados por la ley sin que ocurran un cambios internos, que van desde programas de conocimiento y conservación de los recursos genéticos nativos, hasta el adecuado fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas.

La experiencia peruana es interesante por varias razones: porque el poder legislativo de ese país entiende la ley como su respuesta a una petición proveniente de los propios consumidores y, en general, de los ciudadanos preocupados por la producción agrícola nacional y por el respeto a sus tradiciones. En este aspecto, la ley no sólo busca fortalecer la producción local sino también lograr integrar los mecanismos tradicionales ancestrales de producción en un contexto global de industrialización.

Con la ley de “moratoria de transgénicos” los peruanos están dejando claro que en la ceremonia de la Pachamama no están dispuestos a agradecerle a la “Madre Tierra” con transgénicos en vez de hacerlo con los recursos que éstada naturalmente. Una Pachamama transgénica no es opción, y la ley se está encargando que no lo sea por lo menos durante los próximos 10 años.

Gabriela Eslava Bejarano /OJA