El Papa Francisco oculta los Archivos del Horror - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

La Santa Alianza

Por Eduardo Febbro

Desde Ciudad del Vaticano

El Vaticano es una caja fuerte que contiene secretos planetarios, entre ellos muchos archivos con documentos clave sobre los episodios más cruentos de la dictadura argentina de 1976. La controversia entre el papa argentino, ampliada por la intervención del portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, tiene casi la misma raíz que llevó el año pasado a la explosión del escándalo de los Vatileaks y a la posterior renuncia de Benedicto XVI: la santa alianza sellada en los años ’70 y ’80 entre el Vaticano y el ex presidente norteamericano Ronald Reagan. Esa colusión entre los intereses de la primera potencia mundial y los de la Santa Sede inauguró un período de casi cuatro décadas de corrupción, apoyo a dictaduras militares, financiamiento secreto de movimientos anticomunistas –Polonia con Solidaridad– y sostén ideológico de regímenes sucios. Uno de los operadores iniciales de esa “santa alianza” no es otro que el arzobispo, cardenal y diplomático Pio Laghi. Hombre de siniestras referencias, Laghi fue nuncio apostólico en la Argentina entre 1974 y 1980, o sea, en plena dictadura. Sus actividades en el país están marcadas por el sello de la acusación de haber colaborado a sabiendas con la dictadura de Videla y compañía. En 1997, Pio Laghi fue denunciado ante la Justicia italiana por las Madres de Plaza de Mayo en su calidad de cómplice en la desaparición de opositores durante la dictadura.

Sobre el papel de Laghi hay muchas versiones, pruebas y contrapruebas, personas decentes que lo defienden y otras que lo incriminan. El 27 de abril de 1995 Laghi declaró: “¿Cómo podía saber que estaba tratando con monstruos capaces de arrojar personas desde un avión y otras atrocidades similares? Se me acusa del espantoso delito de omisión, miedo o denuncia cuando mi único pecado era la ignorancia de lo que verdaderamente estaba pasando”. Sin embargo, no es únicamente su paso por la Argentina y lo que hizo o no hizo para ayudar a los perseguidos Pio Laghi sino, también, lo que construyó después: Pio Laghi es el arquitecto del acercamiento entre Washington y el Vaticano con el único propósito de combatir un enemigo común: la Teología de la Liberación. En 1980, Juan Pablo II nombró a Pio Laghi delegado apostólico en los Estados Unidos y luego pro nuncio. Laghi se encargó de remodelar el Episcopado apoyándose en los obispos fieles a al línea del papa polaco y también de iniciar la purga de los partidarios de la Teología de la Liberación.

Es un rompecabezas encontrar en Roma un religioso con nombre y apellido que hable sobre lo que subyace en los actos de Pio Laghi. Bajo el anonimato, algunos, ya muy ancianos, describen a Laghi como “el hombre orquesta del silencio”. Silencio quiere decir concretamente el hombre que organizó la protección global de los actos de la Iglesia durante la dictadura mediante la confiscación de documentos, es decir, archivos. Es la existencia de esos archivos la que le valió a Jorge Bergoglio ser citado a declarar como “testigo” por la magistrada francesa Sylvia Caillard. Esta abogada del Tribunal de Gran Instancia de París envió en 2011 una Comisión Rogatoria a Buenos Aires para que Bergoglio declarara sobre la posible existencia de archivos capaces de elucidar el asesinato del sacerdote francés Gabriel Longueville. Para muchos especialistas de la diplomacia vaticana, la Nunciatura de Buenos Aires jugó un papel central en el ocultamiento de los documentos relativos a la desaparición de personas. Horacio Verbitsky ya reveló cómo la Conferencia Episcopal de Argentina había informado al Vaticano que los desaparecidos eran exterminados por la Junta Militar. El documento secreto que la Conferencia Episcopal Argentina envió al papa Pablo VI da cuenta de un encuentro entre los obispos Raúl Primatesta, Juan Carlos Aramburu y Vicente Zazpe y el general Videla. La conversación tuvo lugar en abril de 1978. Videla fue claro al decir que los “desaparecidos ya están muertos”. El obispo Primatesta le dijo al dictador: “La Iglesia quiere comprender, cooperar, es consciente del estado caótico en que estaba el país” y también es consciente “del daño que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda la debida altura”. El Vaticano tiene en su poder documentos con infinitas memorias del horror. No sería inoportuno que abriera esas arcas para que no haya tantos asesinos impunes y tantas dudas sobre lo que hicieron o no los representantes de la Santa Sede en los países sometidos a la represión.

El ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante.

Diálogos en la cárcel

El reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados. Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición que sus palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce aquí.

Como en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”. Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Pero la fecha es muy anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también integraban los arzobispos de Santa Fe y de la Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.

Primatesta hizo referencia a las desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos. El detalle de este diálogo consta en una minuta que los tres arzobispos redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para enviarla al Vaticano. La autenticidad de ese texto fue reconocida por la Conferencia Episcopal, que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, luego de su publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares de las víctimas contaran lo que había ocurrido con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de la entrevista sobre el tema:

–No deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema pendiente.

–La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.

–No parece suficiente.

–Es que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.

Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.

El rol de Laghi

La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad. En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el concimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, el propio Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y dijo que se preocupó en forma permanente por la suerte de “los llamados desaparecidos”. El problema es que Laghi había elegido la estrategia opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no tenía ni micrófonos ni espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían”. Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura.

La Eucaristía

Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones. En el Obispado se reunían las agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las del peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos un sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. “Laghi vino a maltratarnos”, dice Collosa, quien ya no es sacerdote. “No tenía ninguna intención de discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”. Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos.

En su primer encuentro con la prensa luego de la elección del jesuita Jorge Mario Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, su vocero también jesuita Federico Lombardi descartó como viejas calumnias de la izquierda anticlerical, difundidas por un diario caracterizado por las campañas difamatorias, las alegaciones sobre el desempeño del ex provincial de la Compañía de Jesús durante la dictadura argentina y sobre todo, el papel que desempeñó en la desaparición de dos sacerdotes que dependían de él, Orlando Yorio y Francisco Jalics. Al mismo tiempo, medios y políticos argentinos de oposición incluyeron la nota “Un ersatz”, publicada aquí al día siguiente de la elección papal, entre las reacciones del kirchnerismo por la entronización de Bergoglio. También un sector del oficialismo prefirió aclamarlo como “Argentino y peronista” (la misma consigna con que cada septiembre se recuerda a José Rucci) y negar los hechos incontestables.

La reconciliación

Desde Alemania, donde Jalics vive retirado en un monasterio, el provincial jesuita germano dijo que el sacerdote se había reconciliado con Bergoglio. En cambio el anciano Jalics, hoy de 85 años, aclaró que se sentía reconciliado con “aquellos acontecimientos, que para mí son asunto terminado”. Pero aún así reiteró que no haría comentarios sobre la actuación de Bergoglio en el caso. La reconciliación, para los católicos, es un sacramento. En palabras de uno de los mayores teólogos argentinos, Carmelo Giaquinta, consiste en “perdonar de corazón al prójimo por las ofensas recibidas” 1, con lo cual sólo indica que Jalics ya perdonó el mal que le hicieron. Esto dice más de él que de Bergoglio. Jalics no niega los hechos, que narró en su libro Ejercicios de meditación, de 1994: “Mucha gente que sostenía convicciones políticas de extrema derecha veía con malos ojos nuestra presencia en las villas miseria. Interpretaban el hecho de que viviéramos allí como un apoyo a la guerrilla y se propusieron denunciarnos como terroristas. Nosotros sabíamos de dónde soplaba el viento y quién era responsable por estas calumnias. De modo que fui a hablar con la persona en cuestión y le expliqué que estaba jugando con nuestras vidas. El hombre me prometió que haría saber a los militares que no éramos terroristas. Por declaraciones posteriores de un oficial y treinta documentos a los que pude acceder más tarde pudimos comprobar sin lugar a dudas que este hombre no había cumplido su promesa sino que, por el contrario, había presentado una falsa denuncia ante los militares”. En otra parte del libro agrega que esa persona hizo “creíble la calumnia valiéndose de su autoridad” y “testificó ante los oficiales que nos secuestraron que habíamos trabajado en la escena de la acción terrorista. Poco antes yo le había manifestado a dicha persona que estaba jugando con nuestras vidas. Debió tener conciencia de que nos mandaba a una muerte segura con sus declaraciones”.

En una carta que escribió en Roma en noviembre de 1977, dirigida al asistente general de la Compañía de Jesús, padre Moura, Orlando Yorio cuenta lo mismo, pero reemplazando “una persona” por Jorge Mario Bergoglio. Nueve años antes que el libro de Mignone y 17 años antes que el de Jalics, Yorio cuenta que Jalics habló dos veces con el provincial, quien “se comprometió a frenar los rumores dentro de la Compañía y a adelantarse a hablar con gente de las Fuerzas Armadas para testimoniar nuestra inocencia”. También menciona las críticas que circulaban en la Compañía de Jesús en contra de él y de Jalics: “Hacer oraciones extrañas, convivir con mujeres, herejías, compromiso con la guerrilla”. Jalics también cuenta en su libro que en 1980 quemó aquellos documentos probatorios de lo que llama “el delito” de sus perseguidores. Hasta entonces los había conservado con la secreta intención de utilizarlos. “Desde entonces me siento verdaderamente libre y puedo decir que he perdonado de todo corazón.” En 1990, durante una de sus visitas al país, Jalics se reunió en el instituto Fe y Oración, de la calle Oro 2760, con Emilio Fermín Mignone y su mujer, Angélica Sosa. Les dijo que “Bergoglio se opuso a que una vez puesto en libertad permaneciera en la Argentina y habló con todos los obispos para que no lo aceptaran en sus diócesis en caso que se retirara de la Compañía de Jesús”. Todo esto no lo dice Página/12, sino Orlando Yorio y Francisco Jalics. ¿Quién quiere destruir la Iglesia, entonces? Cada tomo de mi Historia Política de la Iglesia en la Argentina incluye una advertencia: “Estas páginas no contienen juicios de valor sobre el dogma ni el culto de la Iglesia Católica Apostólica Romana sino un análisis de su comportamiento en la Argentina entre 1976 y 1983 como ‘realidad sociológica de pueblo concreto en un mundo concreto’, según los términos de su propia Conferencia Episcopal. En cambio, su ‘realidad teológica de misterio’ 2 sólo corresponde a los creyentes, que merecen todo mi respeto”.

En defensa de la tradición

La calificación de este diario por el vocero de Bergoglio como de izquierda anticlerical revela la continuidad de arraigadas tradiciones. Es lo mismo que el ahora pontífice hizo hace 37 años con sus sacerdotes, aunque entonces implicaba un grave peligro. Las acusaciones contra Bergoglio fueron formuladas por primera vez antes de que existiera Página/12. Su autor fue Mignone, director del órgano oficial de la Acción Católica, Antorcha, fundador de la Unión Federal Demócrata Cristiana y viceministro de Educación en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. Ninguno de esos cargos podía alcanzarse sin la bendición episcopal. En su libro Iglesia y dictadura, de 1986, Mignone escribió que los militares limpiaron “el patio interior de la Iglesia, con la aquiescencia de los prelados”. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Vicente Zazpe, le reveló que poco después del golpe la Iglesia acordó con la Junta Militar que antes de detener a un sacerdote las Fuerzas Armadas avisarían al obispo respectivo. Mignone escribió que “en algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos” y que la Armada interpretó el retiro de las licencias a Yorio y Jalics y las “manifestaciones críticas de su provincial jesuita, Jorge Bergoglio, como una autorización para proceder”. Para Mignone, Bergoglio es uno de los “pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”.

Dos décadas después encontré por azar las pruebas documentales que Mignone no conoció y que confirman su enfoque del caso. Que Bergoglio haya ayudado a otros perseguidos no es una contradicción: lo mismo hicieron Pío Laghi e incluso Adolfo Tortolo y Victorio Bonamín.

Cronos

En estas páginas se profundizó el caso cuatro años antes de que el kirchnerismo llegara al gobierno. La primera nota, publicada en abril de 1999, “Con el mazo dando”, decía que el flamante Arzobispo porteño “según la fuente que se consulte es el hombre más generoso e inteligente que alguna vez haya dicho misa en la Argentina o un maquiavélico felón que traicionó a sus hermanos en aras de una insaciable ambición de poder. Tal vez la explicación resida en que Bergoglio reúne en sí dos rasgos que no siempre van juntos: es un conservador extremo en materias dogmáticas y posee una manifiesta inquietud social. En ambos aspectos se parece a quien lo designó al frente de la principal diócesis del país, el papa Karol Wojtyla”. El concepto es el mismo que expresé el jueves cuando la fumarola blanquiceleste conmovió a todas las hinchadas, de La Quiaca a Tierra del Fuego. Aquella nota contraponía la versión de Mignone con la de Alicia Oliveira, abogada del CELS y amiga de Bergoglio, cuya hermana trabajaba en la villa de Flores junto con la hija de Mignone y con los dos curas. “Les dijo que tenían que levantarse y no le hicieron caso. Cuando los secuestraron, Jorge averiguó que los tenía la Armada y fue a hablar con Massera, a quien le dijo que si no pone en libertad a los sacerdotes, yo como Provincial voy a denunciar lo que pasó. Al día siguiente aparecieron en libertad.” También incluía la refutación de un sacerdote de la Compañía de Jesús: “La Marina no se metía con nadie de la Iglesia que no molestara a la Iglesia. La Compañía no tuvo un papel profético y de denuncia, a diferencia de los palotinos o los pasionistas, porque Bergoglio tenía vinculación con Massera. No son sólo los casos de Yorio, Jalics y Mónica Mignone, de cuyo secuestro la Compañía nunca formuló la denuncia pública. Otros dos curas, Luis Dourrón, que luego dejó los hábitos, y Enrique Rastellini, también actuaban en el Bajo Flores. Bergoglio les pidió que se fueran de allí y cuando se negaron hizo saber a los militares que no los protegía más, y con ese guiño los secuestraron”. Ese sacerdote, que murió hace seis años, era Juan Luis Moyano Walker, quien había sido íntimo amigo de Bergoglio. A raíz de la nota, Bergoglio me ofreció su propia versión de los hechos, en la que aparecía como un superhéroe. Tanto él como Jalics, a quien llamé por teléfono a su retiro alemán, me pidieron que atribuyera sus declaraciones a un sacerdote muy próximo a cada uno de ellos. Bergoglio dijo que vio dos veces a Videla y otras dos a Massera. En la primera reunión con cada uno, ambos le dijeron que no sabían qué había ocurrido y que iban a averiguar. “En la segunda reunión, Massera estaba fastidiado con ese jovencito de 37 años que se atrevía a insistir.” Según Bergoglio, tuvieron este diálogo:

“–Ya le dije a Tortolo lo que sabía –dijo Massera.

–A monseñor Tortolo –corrigió Bergoglio.

–Mire Bergoglio… –comenzó Massera, molesto por la corrección.

–Mire Massera…–le respondió en el mismo tono Bergoglio, antes de reiterarle que sabía dónde estaban los sacerdotes y reclamarle por su libertad”.

Me limité a transcribir lo que Bergoglio dijo, con la atribución que me pidió. Pero hasta hoy no me parece verosímil ese diálogo con uno de los gobernantes más poderosos y más crueles, que lo hubiera hecho desaparecer sin ningún escrúpulo. Ambos tenían en común la relación con Guardia de Hierro, el grupo de la derecha peronista en el que Bergoglio militó en su juventud y al que Massera le designó un interventor a partir del golpe, con el propósito de sumarlo a su campaña por la herencia del peronismo. En 1977 la Universidad jesuítica del Salvador recibió como Profesor Honorario a Massera, quien objetó a Marx, Freud y Einstein, por cuestionar el carácter inviolable de la propiedad privada, agredir el “espacio sagrado del fuero íntimo”, y poner en crisis la condición “estática e inerte de la materia”. Massera indicó que la Universidad era “el instrumento más hábil para iniciar una contraofensiva” de Occidente, como si Marx, Freud y Einstein no formaran parte de esa tradición. Bergoglio se cuidó de subir al estrado ese día, de modo que nadie ha visto una foto suya con Massera. Pero es inimaginable que el dictador haya recibido la distinción sin que la ceremonia fuera autorizada por el provincial jesuita que delegó la gestión diaria en una asociación civil conducida por Guardia de Hierro, pero retuvo su conducción espiritual. Luego, Massera fue invitado a exponer en la universidad jesuítica de Georgetown, en Washington. El sacerdote irlandés Patrick Rice, quien pudo dejar la Argentina luego de ser secuestrado y golpeado, interrumpió esa conferencia exigiendo explicaciones sobre los crímenes de la dictadura. Según Rice, el provincial estadounidense no hubiera invitado a un personaje semejante sin la aprobación, o el pedido, del provincial argentino. Estos hechos comprobables desmienten el diálogo fantasioso en el que el jovencito Bergoglio desafía al amo de la ESMA.

Una muerte cristiana

En 1995, un año después que el libro de Jalics se publicó El Vuelo, donde el capitán de fragata Adolfo Scilingo confiesa que arrojó a treinta personas aún vivas al mar desde aviones de la Armada y la Prefectura, luego de drogarlas. Además dice que ese método fue aprobado por la jerarquía eclesiástica por considerar el vuelo como una forma cristiana de muerte, y que los capellanes de la Armada consolaban a quienes volvían perturbados de esas misiones, con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo. Impresionado, retomé una investigación que había iniciado años antes sobre la isla del Tigre “El Silencio”, en la que la Armada escondió a 60 detenidos-desaparecidos para que no los encontrara en la ESMA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era propiedad del Arzobispado de Buenos Aires y allí celebraban su graduación los seminaristas que egresaban cada año y descansaba los fines de semana el cardenal Juan Aramburu. El sacerdote Emilio Grasselli la había vendido al grupo de tareas de la ESMA, que la compró con un documento falso a nombre de uno de sus prisioneros. Pero no había visto los títulos de propiedad hasta que Bergoglio me dio los datos precisos sobre el expediente sucesorio de Antonio Arbelaiz, el solterón administrador de la Curia que figuraba como dueño. Esto muestra que con aquel episodio no tuvo relación. Arbelaiz hizo testamento a favor de la Curia, que es donde fue a parar el dinero que la Armada le pagó a Grasselli por la isla, donde los 60 prisioneros pasaron dos meses encadenados. Parece el camino típico de una operación de lavado: Arbelaiz vende a Grasselli que vende a la ESMA que compra con un documento falso y la hipoteca se levanta pagándole a la Curia, que es la heredera de Arbelaiz. En uno de sus testimonios judiciales, Bergoglio reconoció que habló conmigo sobre el secuestro de Yorio y Jalics. Pero dijo que nunca oyó hablar de la isla “El Silencio”. Siempre el doble juego, la admisión privada y la negativa pública.

Por la espalda

Durante la investigación encontré por azar en el archivo del ministerio de Relaciones Exteriores una carpeta con documentos que a mi juicio terminan con la discusión sobre el rol de Bergoglio en relación con Yorio y Jalics. Busqué una escribana que certificó su ubicación en el archivo, cuyo director de entonces, ministro Carlos Dellepiane, los guardó en la caja fuerte para impedir que fueran robados o destruidos. La historia que cuenta esa carpeta suena familiar. Al quedar en libertad, en noviembre de 1976, Jalics se marchó a Alemania. En 1979 su pasaporte había vencido y Bergoglio pidió a la Cancillería que fuera renovado sin que volviera al país. El Director de Culto Católico de la Cancillería, Anselmo Orcoyen, recomendó rechazar el pedido “en atención a los antecedentes del peticionante”, que le fueron suministrados “por el propio padre Bergoglio, firmante de la nota, con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita”. Decía que Jalics tuvo conflictos de obediencia y una actividad disolvente en congregaciones religiosas femeninas, y que estuvo “detenido” en la ESMA junto con Yorio, “sospechoso contacto guerrilleros”. Es decir, los mismos cargos que le habían formulado Yorio y Jalics (y que corroboraron muchos sacerdotes y laicos que entrevisté): mientras aparentaba ayudarlos, Bergoglio los acusaba a sus espaldas. Es lógico que este hecho de 1979 no alcance para una condena legal por el secuestro de 1976. El documento firmado por Orcoyen ni siquiera fue incorporado al expediente, pero perfila una línea de conducta. Sumar al Director de Culto Católico de la dictadura a una conspiración contra la Iglesia sería demasiado. Por eso, Bergoglio y su portavoz callan sobre estos documentos y prefieren descalificar a quien los encontró, preservó y publicó.

1 Carmelo Giaquinta: “Reconciliándonos con nuestra Historia”, organizado por el Proyecto “Setenta veces siete” y Editorial San Pablo, en la 36ª Feria Internacional del Libro, Salón Roberto Arlt, 8 de mayo de 2010.

2 Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Plan Nacional de Pastoral, Buenos Aires, 1967, p. 14, cfr. Luis O. Liberti, Monseñor Enrique Angelelli. Pastor que evangeliza promoviendo integralmente al hombre, Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 2005, p. 164.

“Más que cómplice, la Iglesia es coautora”

Santiago Mac Guire es el ex cura tercermundista detenido en un centro clandestino que funcionó en un predio de la Iglesia, tal como viene denunciando Horacio Verbitsky en Página/12. Lucas tenía 5 años cuando su padre fue secuestrado. Aquí cuenta la historia.

Por Natalia Biazzini *

Lucas Mac Guire, una odisea familiar después de la detención ilegal de su padre Santiago.

En abril de 1978, Santiago Mac Guire apenas podía caminar. Recién salido de un centro clandestino de detención, dos soldados arrastraron al ex sacerdote tercermundista hasta el Batallón 121 de Rosario. Cuando les preguntó a esos hombres que lo trasladaban adónde había estado en esos días en que lo torturaron brutalmente, uno de los cabos le respondió: “En un lugar que se llama Ceferino Namuncurá”. Pasaron 35 años y recién ahora se está comenzando a investigar lo que ocurrió en ese predio, que perteneció a la Congregación Salesiana de Rosario y funcionó como un centro clandestino de detención y tortura en el pueblo de Funes. En octubre, la familia de Mac Guire –que dejó los hábitos para casarse y tuvo cuatro hijos– se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que investiga el circuito represivo que funcionó bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121 del Ejército.

Después de pasar diez días en ese centro clandestino, los militares le informaron a Santiago que había sido juzgado por un consejo de guerra y que debía cumplir una pena de 15 años. Vivió los siguientes seis en cuatro cárceles y salió en libertad en 1983. Falleció en 2001, sin poder declarar ante la Justicia, pero lo hizo ante la Conadep en 1984. Nunca se cansó de perseguir a los que creyó responsables. Siguiendo esa búsqueda de justicia, a principios de octubre, la familia Mac Guire presentó una querella en la causa Guerrieri, donde se está juzgando a doce represores responsables del circuito represivo organizado en el sur de Santa Fe durante la última dictadura. “Santiago pudo confirmar su lugar de cautiverio por boca de dos oficiales, durante su estancia en el Batallón de Comunicaciones, de nombres Gauna y Berra”, relata el escrito firmado por las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini. La orden salesiana y el Arzobispado de Rosario niegan que ahí haya funcionado un centro clandestino.

Corría el convulsionado año 1968, la guerra de Vietnam, los movimientos sociales y rebeliones estudiantiles marcaban la época. En la Argentina, el militar Juan Carlos Onganía había llegado al poder dos años antes, tras derribar el gobierno de Arturo Illia. El sacerdote Mac Guire trabajaba en la villa rosarina Bajo Saladillo. Mac Guire formaba parte de los Sacerdotes del Tercer Mundo, como Carlos Mugica en Buenos Aires y Enrique Angelelli en La Rioja. Haciendo trabajo social, conoció a María Magdalena Carey, veinte años menor y de raíces irlandesas, como él. Se enamoraron, él dejó los hábitos y se casaron por civil. Tuvieron cuatro hijos. “Santiago era un militante peronista y siempre tuvo una vocación de servicio”, dice su hijo Lucas en una entrevista que le concedió a Infojus Noticias. Durante la charla, Lucas rara vez lo llamará “papá”, siempre dirá “Santiago”.

El secuestro y la “negociación”

La tarde del 18 de abril de 1978, Santiago había ido a buscar a Lucas al jardín de infantes. Con sus cinco años, Lucas vio cómo una patota militar se llevó a su padre. El niño se quedó solo en la calle, llorando, en el centro de Rosario. Lucas nunca pudo olvidar un cruce intenso de miradas con uno de los secuestradores. “Creo que no sabían qué hacer conmigo y por suerte me dejaron ahí”, dice hoy. Ese día comenzó el calvario de la familia Mac Guire: saber dónde estaba Santiago. Al hábeas corpus le siguió la respuesta más frecuente de aquel momento: no está bajo las fuerzas de seguridad.

“Mi mamá no tenía contactos militares ni policiales, así que fue al arzobispado con nosotros cuatro. Llorando, rogó por la vida del padre de sus hijos”, cuenta Lucas en su casa del barrio porteño de Congreso, con el fondo de las campanadas de un reloj antiguo que perteneció a su padre. Después de la visita al arzobispado, el general Adolfo Luciano Jáuregui, entonces jefe del cuerpo de Ejército con sede en Rosario, se apersonó a la casa a los Mac Guire.

“A mí y a mis hermanos nos encerraron en un cuarto. Jáuregui se sentó con otros militares y mi mamá en la mesa familiar”, recuerda, y señala una vieja mesa de roble. “Allí la empezaron a interrogar. Le decían que ellos no lo tenían a Santiago y que seguramente había sido secuestrado por alguno de los guerrilleros que solía cobijar en la casa. En ese entonces, mi casa era un desfiladero de tíos nuevos”, recuerda Lucas entre risas.

–¿Saben de otras personas que estuvieron en el centro clandestino con su papá?

–Santiago estuvo con Roberto Pistacchia y Eduardo Garat, que no soportó la tortura y murió; lo asesinaron. Cuando desde el arzobispado pidieron por Santiago, se confundieron y llevaron a Pistacchia. El arzobispo Guillermo Bolatti le pegó el grito en el cielo a Jáuregui por la confusión. Fue un trato de cúpula eclesiástica a cúpula militar. Por eso nosotros consideramos que la Iglesia más que cómplice fue coautora.

–¿Por qué piensa que a Santiago lo blanquearon y lo trasladaron a una cárcel común?

–Creo firmemente en un momento de coyuntura. Ya habían desmantelado los centros clandestinos más importantes, al menos de Rosario. Estaban llegando los organismos internacionales de derechos humanos y la prensa internacional informaba de las atrocidades que pasaban en el país. La peor barbarie ya había ocurrido. Cuando cae mi papá, ya habían levantado el centro clandestino Quinta de Funes.

A fines de noviembre, Santiago recuperó la libertad. Había pasado por las cárceles de Coronda, La Plata, Caseros y Rawson. “Cuando lo volví a ver en libertad, yo había cumplido once años”, dice Lucas. En democracia, Santiago denunció en la Conadep que cuando salió del centro clandestino fue trasladado al Batallón 121 de Rosario. Había recibido la visita de Bolatti y la del capellán Eugenio Zitelli, quien lo reemplazó en la parroquia popular del Bajo Saladillo.

En los años ’90, Santiago se ocupó de perseguir y escrachar a Zitelli a cada lugar donde era trasladado en su rol de sacerdote. Zitelli está imputado en la causa Guerrieri y cumple prisión domiciliaria. Santiago y su mujer, María Magdalena, se separaron, pero hace diez días ella declaró desde la cama de una clínica rosarina ante el fiscal Gonzalo Stara y el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

–Nuestra querella está en instrucción y se está incorporando a la causa. La Iglesia niega este centro clandestino. Nosotros tenemos los papeles de la venta del terreno un año después (1979) a la Aeronáutica. Lo vendieron porque deben haber pasado muchas más personas por ahí. También para borrar huellas. Ahora el lugar está todo reformado.

–¿Qué esperan?

–Ojalá que la gente de la Iglesia recapacite, no quiero ofender a nadie. Ya sabemos que los salesianos no son curas de base. Tienen colegios privados, locales en shoppings. Mueven millones de pesos. Espero que alguno pueda decir que ese lugar se le prestó al Ejército un año antes de ser vendido. Serviría mucho.

* De la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus).

SALUDOS REVOLUCIONARIOS

(Gran Papiyo)