Entre el equipo que ha acompañado al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a Washington se ha instalado un moderado optimismo ante la posibilidad de que el regidor logre esquivar, aunque sea temporalmente, el fallo de la Procuraduría General de Colombia que el pasado 9 de diciembre decidió destituirlo de su cargo e inhabilitarlo durante 15 años por presuntas irregularidades en el proceso de desprivatización de basuras de la capital colombiana. Las declaraciones del fiscal general colombiano a una radio nacional a primera hora del viernes, asegurando que una sentencia de la Corte Constitucional le faculta para suspender la decisión del procurador, Alejandro Ordóñez, si constata que se excedió en sus funciones o incumplió la ley al adoptar su resolución, se percibe entre los asesores del regidor como una confirmación velada de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría otorgar las medidas cautelares para suspender su destitución que Petro le solicitó el pasado miércoles.

El exguerrillero del M19, sin embargo, prefiere mantener la cautela. “No me quiero crear falsas ilusiones y, si algo saqué de mi educación católica, es que prefiero ver los hechos antes de pronunciarme”, asegura a EL PAÍS en el último día de su visita a la capital de EE UU, donde entre sus múltiples reuniones, se ha encontrado con el secretario general de la OEA. Petro ha presentado su caso como el detonante para abordar la regeneración democrática que, sostiene, necesita Colombia. En pocos días, el alcalde ha conseguido movilizar a la ciudadanía, tanto a su favor como en contra del polémico procurador, con quien ha entablado un pulso político cuyo último órdago se dirimirá en la CIDH antes del 3 de enero, cuando se hace efectiva la destitución de Petro. Aunque ha apelado a las vías legales, el regidor también invoca a la suerte para que le ayude en el desenlace de su envite, cuyo resultado espera tranquilo.

Pregunta. ¿Le ha pedido usted al fiscal general que inicie el proceso para lograr la suspensión del fallo de la Procuraduría?

Respuesta. Yo no he activado ningún proceso ante la Fiscalía. Se trata de una actuación de oficio, es una posibilidad jurídica que debe valorar el fiscal.

P. En todo caso, esa decisión, de producirse, nunca llegaría antes del 3 de enero

R. Es ése límite cronológico de la aplicación de la decisión del procurador lo que hace que hayamos optado por solicitar las medidas cautelares ante la CIDH para que suspenda provisionalmente mi destitución. Si no se hace antes de que se haga efectivo el fallo de la Procuraduría, no sólo se produciría un daño irreparable a mi propio derecho de acabar mi Gobierno o ser elegido para otro cargo público en el futuro, sino a los derechos políticos de mis electores y para evitar eso es para lo que hemos venido a Washington

P. Sólo existe un antecedente de otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH en un caso de protección de derechos políticos y, de otorgarlas, lo cual evitaría al presidente Juan Manuel Santos la incómoda posición de tener que ejecutar la decisión del procurador, podría provocarse un efecto dominó, empezando por los centenares de cargos públicos destituidos, como usted, por la Procuraduría, y por otros ciudadanos en países como México o Perú, donde también se contempla la destitución administrativa. ¿Habló de ello con el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza?

R. Planteamos varios de esos temas. Que no existan grandes antecedentes no significa que la CIDH no pueda otorgar medidas cautelares. Pero lo que aquí se ha producido de manera clara es una violación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que exclusivamente se puede limitar por ley el derecho a elegir y ser elegido por causas específicas, entre ellas, la condena por un fallo judicial emitido por un juez de lo Penal, no por medidas disciplinarias y, mucho menos, por una autoridad administrativa como el procurador. El procurador contravino un proceso judicial, los hechos de los que se me acusa no son constitutivos de delito. Lo que él está haciendo es sancionar una política pública que no le gusta, que es la desprivatización del servicio de basura.

El pulso político con el procurador

P. Si, como usted sostiene y defienden muchos otros juristas colombianos y extranjeros, es tan evidente que con su decisión el procurador ha infringido la Constitución, ¿por qué cree que él adoptó una medida aparentemente tan drástica y desproporcionada, según coinciden la mayoría de analistas?

R. Creo que en Colombia, en general, no hay claridad jurídica alrededor del peso del derecho convencional, pero, en medio de esa situación de desconocimiento, el procurador está atravesado por varios tipos de presiones. Una proviene de él mismo. Él es un integrista que pertenece a una secta excomulgada por la Iglesia católica, que es el lefebvrismo, que reivindica el concilio de Trento. Yo respeto las creencias del procurador, si no fuera porque en su concepción religiosa del Estado se contempla la lucha contra los impíos y, de todos ellos, yo soy el impío mayor, porque me levanté en armas, fui un insurgente de izquierdas y, después de firmar la paz, redactamos una Constitución que ellos no respetan porque allí se consagran derechos a favor de las personas discriminadas. Al frente de la alcaldía yo he desarrollado políticas inclusivas que han provocado la reacción del procurador. Mirando otros casos de personas que han sido destituidas por él, sí hay una lógica que nos lleva a pensar que ha transformado la Procuraduria en un aparato de policía político-religiosa.

P. ¿Es posible que perder su pulso con el procurador acabe siendo beneficioso para su futuro político? Si no se paralizara el proceso de destitución, usted podría ser restituido en sus derechos dentro de tres o cuatro años -de acuerdo con los plazos que suele tardar en pronunciarse la CIDH y la Corte Interamericana- en condiciones muy ventajosas para aspirar a un alto cargo político, como la presidencia, sin el lastre del desgaste político de la alcaldía de Bogotá y con el apoyo popular de los que ven en la decisión del procurador una maniobra para acabar con su carrera política intacto...

R. [Risas] Es un cálculo bien hecho pero ingenuo. Porque, si no se cambia la situación estructural de un régimen que permite que se pueda destituir a un alcalde simplemente porque no gustan sus políticas, sin intervención de un juez y violando el derecho al voto, hay que proyectar ese cálculo. Si no se resuelven esas causas estructurales y yo fuera presidente de la República, lo que sobrevendría es un golpe de Estado. No hay una diferencia entre un golpe de Estado clásico y lo que ha pasado aquí. Pero estos mismos sectores que ahora me han destituido, ante un ascenso al Gobierno de la República de un proyecto de izquierdas, harían lo mismo que en Chile, porque no están preparados para eso y lo del alcalde de Bogotá es una demostración. Si no son capaces de resistir el que un proyecto alternativo gobierne en la capital por cuatro años, cómo iban a resistir el que por cuatro años, con opción de reelección, un proyecto de esa misma calidad gobierne el país. Plantearse ese cálculo es lícito, pero yo vivo en un país en el que sé lo que pasa e, independientemente de lo que ocurra conmigo, lo que es necesario es profundizar en las reformas democráticas antes de pensar en otra cosa.

Vinculación de la destitución con el proceso de paz

P. Manteniéndonos en el peor de los escenarios posibles para usted, si no prosperaran las medidas cautelares solicitadas ante la CIDH, ni la fiscalía instara la suspensión del fallo del procurador, ¿qué tiene planeado hacer?

R. Seguiría por los procesos ordinarios que me darán la recuperación de mis derechos en dos, tres años, quizás más, pero sólo los míos. Nunca se podrán recuperar los derechos conculcados a mis electores, a más de 700.000 ciudadanos, y eso tiene una consecuencia grave en la historia de Colombia y es que, por ese tipo de hechos, llevamos dos siglos de guerra.

P. ¿Augura usted movilizaciones ciudadanas que puedan acabar en brotes de violencia?

R. Hemos provocado una movilización permanente que ha llenado la plaza de Bolívar cinco veces. La movilización pacífica sin ningún hecho de violencia es un derecho. El problema de fondo es lo que va generándose en la mentalidad de la juventud en el sentido de constatar que los mecanismos pacíficos en la disputa del poder no son posibles. Eso nos daña. Me pasó a mí cuando era joven.

P. ¿Insinúa que podría producirse un nuevo 19 de abril?

R. Esa es una pregunta de la prensa colombiana que trata de demostrar que quiero volver a las armas. Yo hice un compromiso al contrario.

P. Pero acaba de decir que ha sido la frustración ante decisiones políticas como la que le afecta a usted la que ha provocado 200 años de guerra civil en Colombia.

R. El mensaje que ha mandado el procurador es un mensaje violento. Cuando tú le dices a una sociedad que no puede disputar el poder pacíficamente, cuando se plantea algo así, generalmente, en la historia no se producen procesos pacíficos. Esa es la historia de la propia España. Yo lo que quiero es sentar unas bases sólidas que, con la excusa del ataque que yo he sufrido, permitan demostrar que el ejercicio de poder en Colombia se puede hacer de manera pacífica y ese es el dilema de fondo.

P. ¿Cómo afectaría una protesta social generalizada a su favor al clima social de Colombia, ahora que está en medio de un proceso para poner fin a uno de los conflictos más sangrientos y divisorios de su país? ¿Cree que podría dañar el proceso de paz con las FARC?

R. No lo va a dañar pero sí le afecta. Es evidente que es un contra mensaje. Si a un hombre que deja las armas y decide el camino del voto y gana en ese camino, se le suspende arbitrariamente, entonces ¿qué va a pasar con los que hoy están en armas? Obviamente, se trata de un mensaje negativo.

P. Se ha empezado a criticar que esté vinculando su caso con el proceso de paz

R. Eso es lo que insinúan varios sectores de la prensa colombiana, que está en manos de los hombres más ricos del país que no comulgan con mi planteamiento. Pero es que es un hecho que mi caso está articulado a las negociaciones con las FARC. Hay pronunciamientos al respecto desde La Habana y el mismo embajador de Colombia en EE UU ha manifestado que mi destitución podría perjudicar a las negociaciones.

P. ¿Estaría usted dispuesto a rebajar o a solicitar que se suspendieran las manifestaciones de apoyo a su causa en aras de beneficiar el desarrollo de los diálogos en La Habana?

R. La prensa que me ataca hoy era la misma que cuando gané decía que mi caso era un ejemplo de paz. Parte de mi esfuerzo y de mi lucha, que es por lo que estoy aquí, es para promover ese ejemplo. El que no se me destituya por delito, como ordenan las normas sino por una política pública que congenia con lo que estaba en mi programa, todo eso da un mensaje profundamente negativo hacia la paz y quienes lo han promovido lo hacen precisamente por eso. No es que desconozcan este tema, no es que yo lo esté manipulando, es que quienes han impulsado mi destitución lo que quieren es que no haya proceso de paz.

P. ¿El procurador, entonces, ha actuado contra usted porque él mismo se opone a ese diálogo o porque quiere contentar a esa parte política de su país que usted sostiene que no quiere que prosperen las negociaciones?

R. Ambas cosas. El procurador tiene la convicción del que el proceso de paz en La Habana no sirve, de hecho, fue a La Haya a quejarse sin consultar al presidente. Y también hace parte de agrupaciones políticas y sociales que no quieren ese proceso a las que pertenece el anterior presidente de la república.

Reforma democrática

P. Volviendo a su reivindicación de una regeneración democrática, ¿cree factible que en plenas negociaciones de paz, un proceso electoral en marcha y la implacable oposición del expresidente Álvaro Uribe, Colombia puede llevar a cabo esa reforma democrática, ese cambio de la Constitución de 1991, que apoyó el M19, que usted demanda?

R. Viéndolo desde lo positivo, que también es un albur, esto que acaba de acontecer da la oportunidad de acometer un profundo proceso de regeneración democrática, que además se conjuga con el actual proceso de paz en marcha. Y la paz es una democratización del país, no es solo que unos señores armados dejen de estarlo. Desde un escenario optimista, ahora se pueden conjugar las condiciones para esa reforma democrática, pero habría que ver si Santos está dispuesto a dar ese paso audaz.

P. ¿Y usted ve en el presidente esa predisposición? Iniciar el proceso de diálogo con las FARC demuestra cierta audacia...

R. El del diálogo fue un paso audaz, pero quienes hagan ese proceso deben tener un respaldo ciudadano muy fuerte. El presidente dio ese paso nada más ser elegido e, inmediatamente, le respondieron sus antiguos compañeros sociales y políticos, y empezó a haber titubeos. El país va polarizándose, pero creo que construir un movimiento ciudadano a favor de la paz y la democracia, como el que se ha generado estos días en las calles de Bogotá, es fundamental para darle la solidez y la contundencia al axioma que es la democratización del país.

Excesiva victimización

P. La Procuradoría lo ha sancionado, la Registraduría ha convocado un referéndum revocatorio y el fiscal general también lo está investigando por el proceso de desprivatización de basuras. ¿Reconoce errores en esa gestión o se equivocan todas las instituciones públicas al centrarse en ese tema?

R. En una política pública siempre habrá fallas, no existe en el mundo una política pública infalible. Toda planificación, toda política pública es atravesada por el conflicto social que se puede tratar de predecir pero nunca al máximo. Errores indudablemente hay, hubo y habrá.

P. ¿Sigue sosteniendo, entonces, que el principal causante de la crisis sanitaria de Bogotá en 2012 lo provocó un boicot de las anteriores empresas privadas concesionarias del servicio de basuras?

R. El sabotaje lo hubo y nosotros lo denunciamos. Antes de la finalización de los contratos reclamamos la devolución de los camiones para garantizar la continuidad del servicio. Lo operadores privados debían completar la entrega paulatina al distrito de la flota  para no provocar problemas y eso no sucedió.

P. Muchos se quejan de que está pecando de excesivo victimismo con este caso para ocultar, así, una mala gestión al frente del Ayuntamiento de Bogotá

R. Las estadísticas sociales claves indican que hemos logrado muchos éxitos en la ciudad. La mala gestión es un calificativo que nos dan las clases medias-altas. Hemos hecho una política diferente que fue previamente discutida en las elecciones y que estaba consignada en nuestro programa de Gobierno con el que ganamos la alcaldía y del cual nadie se debería extrañar porque, simplemente, lo estamos aplicando.

P. Pero hasta su destitución, sólo el 35% de los bogotanos aprobaban su gestión, de acuerdo con una encuesta de Gallup, y ahora el nivel de respaldo casi roza el 50%

R. Esa es una encuesta. Nosotros hacemos sondeos internos para medir momentos difíciles y son mucho más optimistas y hay otras encuestas públicas similares a las nuestras. Antes de la destitución teníamos el 50% de apoyo y el 39% en contra del Gobierno, que no es un mal guarismo. No he tenido resultados después de entonces, pero todas coinciden en que son mejores.