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Terroristas, ¿”Buenos” y “Malos”?
16 marzo 2005
Sabotaje a la tienda “El Encanto” en la capital del país
Capítulo 3 del libro “Cuba y los derechos humanos : Terroristas, ¿”buenos” y “malos”?
El pueblo cubano ha sido víctima por más de cuatro décadas de innumerables actos y ataques terroristas concebidos, financiados y apoyados desde el exterior – en la abrumadora mayoría de los casos desde Estados Unidos -, que han ocasionado cuantiosas pérdidas humanas y materiales y un irreparable daño psicológico y afectivo a miles de familias cubanas. Muy graves han sido también las afectaciones económicas sufridas por la nación cubana como consecuencia de sucesivos sabotajes, e incluso, agresiones biológicas contra su patrimonio y salud.
Estos actos terroristas han tenido como objetivo destruir mediante el terror, la inestabilidad y la incertidumbre, la opción política, económica y social que el pueblo cubano libremente ha adoptado en pleno ejercicio de su derecho a la libre determinación. El territorio de Estados Unidos ha sido utilizado de forma sistemática y permanente para planear, financiar, reclutar, entrenar y apoyar la realización de actos terroristas contra el pueblo cubano.
Las modalidades de terrorismo empleadas contra Cuba han sido muy variadas, e incluyen: sabotajes o destrucción de objetivos económicos y civiles dentro del país; ataques contra instalaciones costeras, naves mercantes y embarcaciones pesqueras; atentados contra instalaciones, medios y personal cubano en el exterior, incluidas sedes diplomáticas, oficinas de aviación y naves aéreas; intentos de asesinato a sus principales dirigentes; introducción de gérmenes y plagas contra la agricultura y la producción pecuaria; e introducción de cepas de enfermedades contra las personas, entre otros.
Como resultado de al menos 681 acciones de terrorismo y agresiones contra el pueblo cubano que han sido probadas y documentadas, se ha producido la pérdida irreparable de la vida de 3 478 mujeres, hombres y niños, mientras otros 2 099 cubanos han quedado físicamente discapacitados por el resto de sus vidas. Cabe destacar que estas acciones no han cesado a lo largo de los años: 68 tuvieron lugar en la década de los años 90 y otras 39 en el curso de los últimos cinco años.
Las víctimas de las acciones terroristas contra Cuba no han sido sólo nuestros ciudadanos. Se han realizado 190 atentados terroristas contra personas o bienes de terceros países radicados en territorio norteamericano. Además, se organizaron y ejecutaron docenas de acciones contra bienes de compañías extranjeras que mantenían relaciones económicas con Cuba, o contra representaciones de países que mantenían vínculos con el país.
Las actividades terroristas se incrementaron significativamente y formaron parte sistemática de la política de hostilidad y agresiones contra la Revolución Cubana a partir del año 1961, como consecuencia del “Programa de Acción Encubierta Contra el Régimen de Castro”, aprobado el 17 de marzo de 1960 por el entonces Presidente D. Eisenhower y proseguido por el Presidente J. F. Kennedy. En ese plan, conocido como “Operación Mangosta”, se autorizaba la creación de una organización secreta de inteligencia y de acción para operar dentro de Cuba, asignando para ello los fondos necesarios a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El 18 de enero de 1962, se adoptó el conocido como “Proyecto Cuba”, que contenía 32 tareas de guerra encubierta que debían ser ejecutadas por los departamentos y agencias participantes en la “Operación Mangosta”.
Además de los centenares de acciones concebidas y realizadas directamente por los Servicios Especiales del gobierno de Estados Unidos, se produjo un amplio espectro de otras acciones terroristas, algunas de ellas consumadas y otras neutralizadas en su fase preparatoria. La responsabilidad de estas acciones terroristas que supuestamente no tenían el patrocinio directo de las autoridades de Washington, recayó en organizaciones radicadas en el territorio estadounidense, que reunían a terroristas de origen cubano – muchos de ellos entrenados por la CIA y por unidades del ejército estadounidense -, que, cuando menos, actuaban inspirados en la política oficial de destruir a la Revolución Cubana por cualquier medio y que se han beneficiado siempre de la más abierta impunidad que le han garantizado sucesivas administraciones norteamericanas. Muchos de estos terroristas, aun sin operar oficialmente al servicio del gobierno de los Estados Unidos, fueron incluso protegidos por los servicios especiales de los Estados Unidos y se les brindó asilo bien en el territorio norteamericano, o en bases militares de dicho país en el territorio de otras naciones.
En 1960 se realizaron numerosos actos de terrorismo contra instalaciones públicas como cines, teatros, escuelas y comercios, con el objetivo de sembrar el pánico y el terror entre la población. La más criminal y sangrienta de las acciones emprendidas durante ese año fue la voladura, el 4 de marzo de ese año, del barco francés “La Coubre”, en el puerto de La Habana, en los momentos en que se descargaban las municiones compradas en Bélgica para el Ejército Rebelde. Este criminal atentado ocasionó 101 muertos, entre ellos varios franceses, más de 200 heridos y numerosos desaparecidos.
Entre los ataques a objetivos económicos llevados a vías de hecho en 1960, podría destacarse el ocurrido el 18 de febrero. Ese día, el avión que bombardeaba el Central “España”, fue destruido en el aire por una de sus propias bombas. Piloteaba la nave el norteamericano Robert Ellis Frost, acompañado por Onelio Santana Roque, ex miembro de los cuerpos represivos de la dictadura batistiana. La carta de vuelo registraba la salida del avión del aeropuerto de Miami, Florida. Por otros documentos hallados junto al cadáver del estadounidense, se descubrió que en tres ocasiones anteriores había participado en ataques aéreos contra Cuba y que iba a cobrar por el bombardeo de ese día 1 500 dólares.
Resulta significativo que la mayoría de los más connotados cabecillas del cínicamente auto-calificado “exilio cubano”, participaron directamente y ejecutaron actos terroristas contra Cuba desde la década del 60. De hecho, muchos de ellos contenían haciéndolo de manera conceptual.
El 30 de diciembre de 1960, se ocupó una fábrica de bombas y se detuvo a 17 terroristas que siguiendo instrucciones de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se habían dedicado a poner petacas con explosivos plásticos en tiendas comerciales. Entre los terroristas mencionados, aparecen dos renombrados personeros de la mafia terrorista-anexionista de origen cubano, beneficiados por el doloso eufemismo de la prensa occidental con el epíteto de “pacíficos opositores políticos anticastristas”. Uno de ellos era nada menos que el “periodista” y “publicista” Carlos Alberto Montaner – cabecilla de la mafia anticubana en Madrid -, que no fue condenado entonces porque era menor de edad; y salió posteriormente del país tras solicitar asilo en una embajada latinoamericana. El otro terrorista, que devendría “personaje célebre” de la campaña anticubana de Washington, era el “Embajador” de Estados Unidos para los “Derechos Humanos”, el “Excelentísimo Señor” Armando Valladares, el falso escritor y falso paralítico, desenmascarado ante la opinión pública al levantarse de su silla de ruedas y andar casi 400 metros para tomar el avión en el que salió del país.
Además, el gobierno de los Estados Unidos y las organizaciones terroristas con sede en los Estados Unidos y algunos países de la América Latina, contaron con una hornada de asesinos y torturadores de la tiranía batistiana que habían huido en enero de 1959 hacia tierras norteñas en busca de impunidad para sus crímenes contra el pueblo cubano.
Entre ellos se destacan Jesús Blanco Hernández, Conrado Carratalá Ugalde, Sotero Delgado Méndez, Martín Díaz Tamayo, Mariano Faget Díaz, Armentino Feria Pérez, Irenaldo García Báez, Pilar García García, Rafael Gutiérrez Martínez, Julio Estelio Laurent Rodríguez, Agustín Lavastida Álvarez, Lutgardo Martín Pérez Molina, Rolando Masferrer Rojas, José Eleuterio Pedraza Cabrera, Orlando Eleno Piedra Negueruela, José María Salas Cañizares, Ángel Sánchez Mosquera, Merob Sosa García, Manuel Antonio Ugalde Carrillo y Esteban Ventura Novo.
En la mayoría de los casos, el naciente Gobierno Revolucionario de Cuba solicitó oficialmente su detención provisional con fines de extradición, pedido al que las autoridades norteamericanas hicieron caso omiso.
En 1961 se intensificaron los atentados terroristas, que incluyeron la quema de cañaverales durante la zafra azucarera, el sabotaje a fábricas y los ataques contra fincas, actos en los que fueron asesinados 281 ciudadanos, en su mayoría campesinos, mujeres y niños civiles, así como milicianos y jóvenes voluntarios que participaban en la Campaña de Alfabetización[1] iniciada el propio año.
En el mes de abril de ese propio año, se produjo la invasión militar por Playa Girón (Bahía de Cochinos), perpetrada por un ejército de aproximadamente mil quinientos mercenarios, organizado, entrenado, equipado, financiado y transportado por el gobierno de Estados Unidos. El frustrado plan preveía el ulterior desembarco de tropas norteamericanas, que contemplaron desde sus barcos la derrota de los mercenarios.
Muchos de los mercenarios que participaron en aquella invasión y en otras acciones terroristas de la guerra sucia contra Cuba, se mantienen activos en las filas de las organizaciones terroristas que siguen operando actualmente contra nuestro país. Muchos otros se enrolaron como agentes a sueldo de la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en América Latina y otras regiones del mundo en misiones de asesinato político, tráfico de armas y narcóticos, sabotajes y guerras sucias como la llevada a cabo contra la Revolución Sandinista en Nicaragua. A otra parte importante de ellos, se les instruyó disfrazarse de “exilio político pacífico” contra la Revolución Cubana, agrupándose muchos de ellos en la llamada Fundación Nacional Cubano Americana. Este grupo públicamente “redimido” de la violencia terrorista, sin embargo, nunca renunció a lo que realmente sabe y disfruta hacer. Se ha mantenido organizando y financiando acciones terroristas como las llevadas a cabo por mercenarios centroamericanos contra instalaciones turísticas cubanas en la década de los 90.
Otra forma de terrorismo empleada contra Cuba fue el bandidismo, bautizado así por el pueblo por las felonías y los asesinatos cometidos por las 299 bandas terroristas que, entre 1959 y 1965, actuaron a lo largo y ancho del territorio cubano, armadas, sostenidas y dirigidas por el gobierno de Estados Unidos. El bandidismo tuvo su enclave principal en las montañas del Escambray, en el centro del país. Dichas bandas asesinaron más de 500 personas, principalmente campesinos y obreros agrícolas inocentes.
Documentos oficiales estadounidenses hoy desclasificados, demuestran el vínculo directo, patrocinio y apoyo del gobierno de Estados Unidos a las bandas que operaban dentro de nuestro país. En octubre de 1961, el Inspector General de la CIA, Lyman Kirkpatrick, presentó un informe secreto que refería una acción encubierta, conocida como “Operación Silencio”, en la que por orden del gobierno norteamericano la CIA realizó 12 operaciones para el abastecimiento de armas, municiones y explosivos a las bandas armadas que operaban en nuestro país.
En el mismo documento, al hacer referencia al enorme centro establecido por la CIA en la Florida para llevar a cabo actividades encubiertas contra Cuba, Kirkpatrick reconoció que “de enero de 1960, cuando contaba con 40 personas, el Buró se expandió a 588 para el 16 de abril de 1961, convirtiéndose en uno de los más grandes buroes en los servicios clandestinos”.
El secuestro de aeronaves fue otro tipo de acciones terroristas concebidas por la CIA en su programa para derrocar a la Revolución Cubana. Con estos actos, la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos dio origen a una nueva modalidad terrorista que no tenía precedentes hasta ese momento. Entre 1959 y el 2001, 51 aviones cubanos fueron secuestrados. Casi sin excepción, todos fueron dirigidos hacia Estados Unidos y la inmensa mayoría de ellos nunca fueron devueltos. Pilotos, custodios y pasajeros fueron asesinados o heridos por los secuestradores. Varios aviones fueron destruidos o seriamente dañados en los intentos frustrados.
Al inicio de la década de los años 70 se crearon nuevas organizaciones terroristas integradas por torturadores y esbirros de la dictadura batistiana, y otros delincuentes y criminales que abandonaron el país a partir de 1959. El terrorismo siguió siendo un negocio lucrativo para la mafia anticubana, amparada por la complicidad y la tolerancia de las autoridades de Estados Unidos.
Organizaciones como Alpha 66 y la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), asentadas en los estados de la Florida y Nueva Jersey, fueron responsables de gran parte de las acciones terroristas contra el pueblo cubano ocurridas en la décadas del 70 y los 80 y contra intereses de otros países que mantenían relaciones comerciales y económicas con Cuba.
Por esos años, el terrorismo anticubano incorporó acciones paramilitares contra embarcaciones mercantes y pesqueras de Cuba. El 4 de octubre de 1973, los pesqueros cubanos Cayo Largo 17 y Cayo Largo 34 fueron atacados por dos cañoneras tripuladas por terroristas, que asesinaron al pescador Roberto Torna Mirabal y abandonaron al resto de los tripulantes, en balsas de goma, sin agua ni comida.
El 6 de octubre de 1976, ocurrió el más monstruoso y brutal acto terrorista cometido en ese período: el estallido en pleno vuelo de un avión de la aerolínea Cubana de Aviación con 73 personas a bordo, de ellas 57 cubanos, 11 jóvenes guyaneses (6 de ellos seleccionados para estudiar medicina en Cuba) y 5 ciudadanos de la RPD de Corea. Todos perecieron.
El atentado contra el avión civil cubano fue cometido por dos mercenarios de nacionalidad venezolana, contratados por dos de los más connotados terroristas de origen cubano: Orlando Bosch Ávila – autor de 321 acciones terroristas y que pese a la opinión contraria del Departamento de Justicia, recibió una autorización especial del presidente Bush (padre) para residir en Estados Unidos y vive en Miami desde 1990 -, y Luis Posada Carriles – vergonzosamente indultado por la ex presidenta de Panamá, Mireya Moscoso – sobre cuyo amplio historial terrorista se abundará más adelante.
Estos dos terroristas de origen cubano habían sido reclutados por la CIA desde 1960 y se les había especializado en sofisticadas técnicas de sabotaje con todo tipo de medios. Ambos integraban entonces la organización CORU, fundada en junio de 1976 por el propio Orlando Bosch, unificando varias organizaciones terroristas. CORU incrementó considerablemente las acciones terroristas no solo contra Cuba, sino también contra otros 24 países de Europa, América Latina y Caribe.
Al tiempo que se continuaron realizando actos terroristas en el territorio cubano, el escenario de algunas de esas actividades se desplazó hacia Estados Unidos, siendo dirigidas contra intereses asentados allí de países que mantenían relaciones y comercio con nuestra nación, contra funcionarios diplomáticos cubanos en la Misión ante las Naciones Unidas, contra instituciones privadas de ese país, contra emigrados cubanos que estaban en desacuerdo con la política terrorista de la mafia anticubana e incluso contra altos funcionarios de gobiernos extranjeros, como fue el asesinato del Canciller del gobierno chileno del Presidente Salvador Allende, Orlando Letelier, perpetrado en Washington por terroristas de origen cubano actuando al servicio de los órganos represivos de la dictadura del General Augusto Pinochet.
El pueblo norteamericano experimentó con horror en su propia casa el terror que sus gobernantes habían desatado contra un pequeño país vecino a partir de 1959.
Las autoridades de Washington – entonces sí -, reaccionaron deteniendo a algunos terroristas o intentando desmantelar ciertos grupos que actuaban de forma independiente y por cuenta propia. Para evadir la acción de las autoridades, muchos grupos utilizaron como ardid la disolución pública, el cambio en sus nombres, la interrupción temporal de sus acciones e incluso, cambiaron la base de sus operaciones hacia otros estados de la Unión.
Las bandas terroristas que respetaron las normas de conducta pública impuestas por las autoridades norteamericanas y mantuvieron su accionar terrorista exclusivamente contra el territorio cubano, han sido toleradas.
Entre algunas de las acciones terroristas llevadas a cabo contra Cuba en el propio territorio de Estados Unidos podrían mencionarse:
- 5 de junio de 1976, la Misión de Cuba ante la ONU fue objeto de un atentado con explosivos, que ocasionó importantes daños materiales;
- año 1977, se produce el asesinato de los emigrados cubanos Carlos Muñiz Varela y José Eulalio Negrín, por sus posiciones favorables al diálogo con Cuba;
- marzo de 1980, se colocó una potente bomba en el auto del Representante Permanente de Cuba ante la ONU, en Nueva York;
- 11 de septiembre de 1980, fue asesinado el diplomático Félix García, integrante de la representación cubana ante las Naciones Unidas.
Los sectores más reaccionarios y agresivos de la emigración cubana en Estados Unidos, y particularmente en la Florida, alentaron nuevamente la vía del terrorismo en su guerra contra Cuba en el período final de la administración Bush (padre). Ello motivó la realización – con renovada virulencia y asumiendo nuevas modalidades -, de numerosas acciones terroristas durante los dos mandatos de la administración del Presidente William Clinton.
La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) – que contribuye “generosamente” a las campañas políticas de varios legisladores e incluso de presidentes estadounidenses -, asumió la organización y financiamiento de las acciones terroristas contra Cuba a partir de 1992. Al servicio, bajo las órdenes y con el dinero aportado por la FNCA, fueron reclutados en países de Centroamérica varios terroristas, que colocaron bombas en instalaciones turísticas cubanas por el cobro de una recompensa. En 1997, hicieron estallar siete bombas en hoteles e instalaciones turísticas del país. En uno de esos atentados, falleció el joven turista italiano Fabio Di Celmo. El objetivo era claro: arruinar la industria turística cubana, la cual ya se perfilaba como principal rubro económico del país.
Las acciones terroristas contra Cuba no han cesado durante la Administración de George W. Bush. Baste señalar que entre el 6 de agosto del 2002 y el 10 de abril de 2003, ocurrieron otros 11 actos terroristas, en su mayoría secuestros de aeronaves y embarcaciones para dirigirlas a Estados Unidos. En dichas acciones violentas, fueron utilizadas armas blancas, objetos punzantes e incluso armas de fuego, para amenazar y someter a la tripulación y los pasajeros.
Los terroristas juzgados en Cuba han sido sancionados con severas penas, lo cual salvo en contados casos, no ha ocurrido con aquellos de origen cubano que han sido procesados en Estados Unidos.
Historia de una infamia reciente.
El 25 de agosto de 2004, cinco días antes de concluir su mandato como presidenta de Panamá, Mireya Moscoso indultó a cuatro connotados terroristas internacionales de origen cubano, cuyo proceso de apelación a la condena que les había ido impuesta aún estaba inconcluso. Son ellos: Luis Faustino Clemente Posada Carriles, Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez (al final de este capítulo se presentan breves resúmenes del historial terrorista de los individuos indultados por la señora Mireya Moscoso).
Los cuatro terroristas fueron adiestrados por la CIA y utilizados directa o indirectamente para la ejecución de acciones terroristas contra Cuba y otros países, a lo largo de las cuatro últimas décadas.
Horas después de firmado el indulto y bajo protección oficial, los cuatro criminales fueron conducidos al aeropuerto internacional de la Ciudad de Panamá, donde eran esperados para facilitarles la salida del país.
Luis Faustino Clemente Posada Carriles, autor confeso de uno de los más atroces sabotajes perpetrados contra un avión comercial cubano en pleno vuelo, viajó a otro país centroamericano, donde permanece bajo falsa identidad.
Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez viajaron a Miami, Estados Unidos, sin ser siquiera molestados a su arribo por los complicados sistemas de seguridad y control que la Casa Blanca aplica a las personas que entran en su territorio, con la declarada intención de detectar presuntos terroristas.
Una vez más, el país que se autoproclama paladín en una supuesta y cacareada cruzada contra el terrorismo, acoge y protege en su territorio a connotados terroristas internacionales de origen cubano. Estos criminales terroristas se pasean libremente por las calles del Imperio e incluso, son homenajeados como “idealistas luchadores anticastristas”.
Todo indica que para la Administración del Presidente George W. Bush estos brutales malhechores calificarían en una categoría de terroristas “buenos”, que si bien resulta contraria al Derecho Internacional y a las decisiones adoptadas en el tema por las Naciones Unidas, resulta muy útil y conveniente a sus planes de dominación hegemónica.
Como se recordará, los citados terroristas habían sido arrestados en Panamá, en noviembre del año 2000, y la justicia de ese país había dictado sentencia en su contra por planificar un atentado contra la vida del presidente cubano Fidel Castro, mediante el empleo de decenas de kilogramos de explosivos de alto poder, durante un encuentro que la delegación cubana a la X Cumbre Iberoamericana sostendría con estudiantes, trabajadores e indígenas panameños, en el Paraninfo de la Universidad de Panamá.
La historia de la impunidad que hoy disfrutan estos cuatro terroristas se venía gestando desde el 10 de abril del año 2001, cuando la ex presidenta Moscoso, mediante las Resoluciones Ejecutivas 58, 59, 60 y 61, rechazó la justa y bien fundamentada solicitud de extradición presentada por las autoridades cubanas. La solicitud de extradición de los cuatro terroristas había sido oficializada por el gobierno cubano el 12 de enero de 2001, cumpliendo todos los requisitos exigidos para tales actos, tanto por la legislación panameña como por los instrumentos internacionales en vigor.
Con su decisión de indultarlos, la señora Moscoso puso en el descrédito y el ridículo las declaraciones formuladas el 15 de julio de 2004 por su Ministro de Relaciones Exteriores quien, según el comunicado No. 100 de la Cancillería panameña, había reiterado que “Posada Carriles y sus cómplices fueron juzgados, sentenciados y deberán cumplir la condena impuesta”.
Como se recordará, Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo fueron condenados a 8 años de privación de libertad, y Pedro Remón y Guillermo Novo Sampoll a 7 años. Estas sentencias fueron apeladas por los abogados querellantes, en representación de organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas panameñas, debido a irregularidades en el proceso, y a que las penas impuestas no se correspondían con la gravedad de los delitos que les habían sido probados en el juicio.
Aún cuando la ex presidenta Moscoso se ha empeñado en aducir que tomó su decisión atendiendo a cuestiones de índole humanitaria, es ampliamente conocido que no es esa la explicación real para tan vergonzosa acción.
La excarcelación de los cuatro terroristas había sido insistentemente exigida a la ex presidenta Moscoso por personeros de Washington y de la mafia anexionista de Miami, incluidos los cabecillas de las bandas terroristas que desde allí operan impunemente contra el pueblo cubano. Medios de prensa hablan de una generosa recompensa monetaria otorgada a la señora Moscoso en premio por su siniestra e inmoral decisión.
El propio Colin Powell, entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, durante su visita a Panamá con motivo del Centenario de la República, solicitó a la señora Moscoso la liberación de los cuatro terroristas en cuanto concluyera el juicio.
Al alinearse en favor del terrorismo contra Cuba protegiendo a criminales convictos y confesos, la ex presidenta Moscoso no solo ha actuado de manera indigna, sino que también lo ha hecho en flagrante violación de la propia legislación panameña, que impide proceder al indulto mientras no se haya concluido el proceso judicial y exista una sentencia firme.
Interrumpir el proceso judicial contra connotados terroristas, que en ese momento se encontraba en fase de apelación, e impedir que en un caso tan delicado la justicia se pronunciara de manera definitiva, constituye una afrenta al pueblo cubano, a las víctimas de los crímenes perpetrados por estos individuos, al pueblo panameño y a todos los que en el mundo luchan dignamente contra este flagelo.
Asimismo, liberar a estos terroristas en momentos en que la comunidad internacional se afana en combatir el terrorismo, es un acto inmoral y, además, una gran irresponsabilidad.
Cuba ha dejado bien claro que sobre la ex presidenta Moscoso caerá la responsabilidad histórica y las consecuencias que se deriven del indulto, incompatible tanto con los esfuerzos que se deben realizar a nivel internacional para prevenir eficazmente los actos de terrorismo, incluida la aplicación de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como con las obligaciones asumidas por el Estado panameño como Parte en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, que incluyen, entre otros, el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.
El 21 de septiembre del 2004, en Carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el Canciller cubano, Felipe Pérez Roque recordaba que en el primer informe presentado al Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad (S//2002/15), en cumplimiento de la Resolución 1373 (2001) de ese órgano, Cuba brindó amplia información sobre las actividades terroristas que se cometen en su contra y acerca de sus perpetradores.
Dicha información incluyó, entre otros elementos, un listado de las organizaciones terroristas que han actuado o actúan contra Cuba desde el extranjero y una relación de los autores materiales o intelectuales de los actos terroristas, entre los que se incluyeron los cuatro individuos indultados por la señora Moscoso.
Hasta la fecha y a pesar de nuestra solicitud de conocer qué medidas ha considerado llevar a cabo el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad con la voluminosa información proporcionada por Cuba, no se ha recibido respuesta.
Cuba espera que el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 1373 (2001) acometa una evaluación de los hechos protagonizados por la señora Moscoso, a la luz de las disposiciones de la propia Resolución 1373 (2001), con la esperanza de que pueda conducir al término de la impunidad de estos terroristas.
El pueblo y el Gobierno cubanos, que por varias décadas han luchado ejemplarmente contra el terrorismo internacional, tienen la firme voluntad de continuar enfrentando y combatiendo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sobre la base de la convicción de que todo acto terrorista es repudiable y debe ser combatido.
En tal sentido se manifestaron los Jefes de Estado y de Gobiernos participantes en la XIV Cumbre Iberoamericana celebrada en noviembre de 2004 en San José, Costa Rica. Los mandatarios se comprometieron, además, “a no prestar ayuda ni albergue a los autores, promotores o participantes en actividades terroristas”.
Cuba considera que todos los actos y acciones terroristas afectan la vida, la salud, los bienes y la seguridad de personas inocentes, violan la soberanía y la integridad territorial de los Estados, ponen en peligro el funcionamiento y la estabilidad de las instituciones nacionales, causan graves daños a la infraestructura productiva y a la actividad económica de los Estados y acentúan la desestabilización de la situación internacional, creando nuevos focos de tensión y provocando, en ocasiones, conflictos internacionales.
En consecuencia, Cuba aboga por una cooperación internacional verdaderamente eficaz, que permita prevenir y combatir todos los actos de terrorismo, eliminar sus causas, asegurar la aprehensión, el enjuiciamiento o la extradición de los autores, organizadores y patrocinadores de actos y acciones terroristas, así como de todos aquellos que las apoyan o financian. Sin embargo, esta cooperación debe tener legitimidad internacional y basarse en el respeto irrestricto del Derecho Internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La lucha contra el terrorismo no puede llevarse a cabo mediante el terror que imponen la negación de derechos y el ejercicio de una supuesta potestad unilateral de ser los primeros en desencadenar guerras.
Cuba, como muestra de su compromiso internacional en la lucha contra el terrorismo, ha ratificado o se ha adherido a los 12 Convenios y Protocolos internacionales existentes en materia de terrorismo. En diciembre de 2001, promulgó la Ley No. 93 Contra Actos de Terrorismo, que es un código integral, moderno y severo para el enfrentamiento de este flagelo.
No existe un terrorismo “bueno” y otro “malo”, en dependencia de quien lo lleve a cabo, cuales sean sus motivaciones declaradas o contra quien se ejecuten estos actos criminales.
Todas las víctimas de terrorismo, independientemente de las modalidades en que éste se manifieste, de donde tengan lugar estos actos, contra quienes sean cometidos y de quienes sean los responsables o sus auspiciadores , tienen el derecho y el deber de exigir justicia.
El pueblo cubano, por tanto, demanda que se haga justicia en su caso y se ponga fin a la impunidad que disfrutan los grupos terroristas que actúan contra sus mujeres, hombres y niños desde el territorio de los Estados Unidos de América.
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