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Esta relación ha sido duradera, sin importar lo viciada y tóxica. Pese a que existen de hace tiempo especulaciones sobre el rol que la CIA pudo tener en el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 (hecho que descontroló la espiral ascendente de violencia que consumía al país), mientras el general Marshall fundaba la OEA durante la IX conferencia Panamericana en Bogotá[5], está bien establecida la injerencia norteamericana en los asuntos de “seguridad nacional” en Colombia desde 1962, con el suplemento secreto al informe del General Yarborough sobre una visita a Colombia, en el cual recomienda la creación y “entrenamiento clandestino” de escuadrones paramilitares “en operaciones de represión (…) y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto”[6]. Y eso es lo que vienen haciendo desde entonces, desde esa época en que se hablaba en plata blanca, sin tanto eufemismo, siendo los mismos EEUU quienes recomendaban el terrorismo. Los escuadrones de la muerte que han teñido de sangre el territorio colombiano fueron creados por instigación directa de EEUU antes de que surgieran las actuales guerrillas FARC-EP, ELN, EPL (a contravía del discurso oficial que plantea al paramilitarismo como respuesta a la insurgencia), e indirectamente, siguen alimentando la guerra sucia.
Los investigadores de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Nueva York en EEUU, Oeindrila Dube y Suresh Naidu, comprobaron, en base a un estudio cuantitativo publicado en el 2010, que entre 1988 y 2005 el aumento de ayuda militar de EEUU a Colombia conllevó a un aumento promedio del orden de 138% anual en los ataques paramilitares. Esta investigación reforzaba la tesis de que, a través de la cooperación al Ejército colombiano, la ayuda norteamericana estaba reforzando al paramilitarismo a través de provisión de armamento de punta, apoyo logístico y en inteligencia[7]. El mismo estudio, señalaba la influencia de esta ayuda en el comportamiento electoral en los municipios con bases militares y en relación al aumento de asesinatos de funcionarios públicos y alcaldes a manos del paramilitarismo, todos elementos de gran peso para explicar la “derechización” inducida del espectro político en esos años. No es de extrañar entonces que los servicios de inteligencia norteamericanos en Colombia no se hayan dedicado jamás a perseguir a uno de los llamados “actores del conflicto” que tantos buenos servicios les ha ofrecido.
La influencia también ha sido ideológica, creando un determinado tipo de Ejército domesticado acorde a sus intereses. El ejército colombiano, que comenzó a instruirse en la Doctrina de Seguridad Nacional y a estudiar ávidamente los documentos sobre operativos contra fuerzas irregulares de los EEUU tempranamente en la década de 1960, precipitó la guerra sucia para demostrar que habían aprendido la lección. El surgimiento de las FARC-EP como una fuerza guerrillera, precisamente, se cocinó en medio de la resistencia a los bombardeos y ataques desproporcionados a las llamadas “repúblicas independientes” en Marquetalia, El Pato, Guayabero y Riochiquito en el marco del Plan LASO (Latin American Security Operation –Operación de Seguridad en América Latina), diseñado y orientado por los EEUU, llevado a cabo por la obsecuente carne de cañón colombiana[8].
Esta no es una lista exhaustiva, pero es esclarecedora de que el interés de EEUU por intervenir en Colombia a través de la arrodillada clase dominante criolla, sus idiotas útiles (proxies locales en su jerga), es muy antigua y no se desarrolló, como afirma el Washington Post, con la captura de tres contratistas norteamericanos por parte de las FARC-EP en el 2003[9]. Como señala en su último libro Marco Palacios “el límite de la soberanía nacional colombiana es la subordinación pragmática de las élites del poder a los grandes paradigmas y políticas de Washington, en particular, la Guerra Fría, la guerra a las drogas, la guerra al terrorismo y al crimen organizado"[10]. Si a alguien realmente debemos agradecer más de medio siglo de sangría, es al generoso Tío Sam en el norte.
Historia incompleta
Tampoco el Washington Post profundiza en la injerencia de otras potencias en el conflicto social y armado colombiano. Esta injerencia, si bien está enmarcada en los paradigmas de Washington y no desplaza a EEUU como el patrón principal de Colombia, refleja que el entreguismo de la oligarquía colombiana es compulsivo y se deriva de su debilidad estructural. Este no es un listado ni intensivo ni extensivo de la real magnitud de la intervención de la “comunidad internacional” en el conflicto, sino una sencilla muestra para corroborar lo que acá se afirma.
a. Israel
No se menciona, por ejemplo, la importante relación de Israel con Colombia, desarrollada fundamentalmente a partir del segundo período de Álvaro Uribe, que demuestra como los regímenes más repelentes del globo se dan la mano para asesinar, reprimir y masacrar. Ésta va más allá de la participación de mercenarios como Yair Klein (y varios más, entre ellos Izhack Shoshany, Mariot Shoshany, Tzedak Abraham, Terry Melnik, Avraham Tzadaka, Amatzia Sheuli, Yaakov Brine, David Candotti, Michael Harari, etc.)[11], que cualificaron la estrategia de escuadrones de la muerte iniciada en los ‘60 por iniciativa de Washington, impartiendo, a finales de los ’80, clases en métodos de tortura y muerte a los narco-paramilitares que luego formarían las genocidas AUC[12].
Israel es uno de los principales proveedores de armas del Estado colombiano (un 40% del presupuesto de compra de armamentos, entre ellos aviones Kfir, fusiles Galil, aviones no tripulados –los temibles y controvertidos drones-[13] etc.) y un importante asesor militar del Estado. Juan Manuel Santos, entonces ministro de defensa y mano derecha de Uribe, contrató por cifras millonarias a varios asesores militares israelíes, a través de la empresa de seguridad privada Global CST, dirigida Yisrael Ziv, responsable directo de las peores atrocidades en la Franja de Gaza a comienzos de la década del 2000, para dar con los comandantes de las FARC-EP, declarados “objetivos de alto valor”[14]. Son quizás estos asesores, más que la CIA, los cuales fueron clave en dar con varios comandantes guerrilleros para ser asesinados a sangre fría, con métodos no muy diferentes a los utilizados por ellos para martirizar al pueblo palestino. No por nada, Santos, siendo candidato presidencial en el 2010, exclamaba que se sentía orgulloso de que Colombia sea considerada la Israel de América Latina (y nada indica que le ha cambiado el corazón, como se desprendió de su visita a Israel en Junio pasado)[15].
b. Unión Europea
Tampoco se profundiza en el rol, supuestamente más benigno de la Unión Europea, que tiene enormes intereses en Colombia, como lo demuestra el Tratado de Libre Comercio que buscan ratificar e implementar en el curso del primer semestre del 2014.
Sabido es que países europeos han apoyado militarmente a Colombia, mediante asistencia, ventas o licencias para exportaciones: tal es el caso del Reino Unido, que llegó a ser el segundo mayor proveedor de asistencia militar a Colombia después de EEUU[16]. Pese a haber anunciado en el 2009 el término de la ayuda militar a Colombia la cual, con la excusa de operaciones anti-narcóticos y capacitación en derechos humanos, era desviada a tareas contrainsurgentes y operaciones psicológicas, ha seguido entregando ayuda reservada bajo la excusa anti-narcótica[17]. El Reino Unido también ha entregado importante asistencia en labores de inteligencia en el pasado, que comenzó desde inicios de la década de 1990, y sigue siendo un importante vendedor de armas al ejército colombiano: se calcula que, en el período 2008-2012, ha vendido, por lo menos, £6.000.000 en equipo militar y £18.000.000 para equipo de doble uso, es decir, de uso represivo tanto policial como militar (unos €7.300.000 y €22.000.000 respectivamente)[18]. España, uno de los principales exportadores de armamento en el mundo, sin embargo, es, de lejos el mayor proveedor de armas a Colombia, incluyendo aviones, munición para artillería, cohetes, etc. En la primera mitad de 2009 las ventas de armamento fueron valoradas en €33.000.000[19], para el 2011 se calcula al menos en €25.000.000[20], mientras que en el 2012 España vendió helicópteros, bombas y cohetes por un valor total de casi €40.000.000[21]. Todos los cuales han sido utilizados para bombardear comunidades campesinas en una guerra no declarada.
Pero no es en lo estrictamente militar donde reside la importancia estratégica de la cooperación europea. La política de cooperación europea hacia Colombia define un importante eje con la implementación de los llamados “Laboratorios de Paz”, los cuales definirían una aproximación a la construcción de paz de manera supuestamente alternativa al Plan Colombia de EEUU. Sin embargo, vemos que es una estrategia complementaria que, en sus elementos cívicos, fortalece la visión militarista de los EEUU y del propio Estado colombiano, que en su “Estrategia de Cooperación Internacional 2007-2010”, establece la importancia de la “confianza inversionista” en la consolidación del Estado en áreas recuperadas militarmente a la insurgencia[22]. Este programa comenzó el 2002 en el Magdalena Medio, y luego se fue, progresivamente, extendiendo en distintas fases al Oriente Antioqueño, Norte de Santander, Macizo y Alto Patía (Cauca y Nariño), Montes de María, Meta. El 2011, bajo el nombre de “Nuevos Territorios de Paz”, esta misma estrategia fue extendida al Canal del Dique y Bajo Magdalena (Atlántico y Bolívar), Caquetá y Guaviare.
El programa de la UE busca, en sus propios términos, lograr una participación ciudadana en la construcción de paz en territorios en conflicto, reconociendo que el problema fundamental en estas zonas sería la “ausencia del Estado”, fortaleciendo la cohesión social y la confianza de la población en las autoridades, a la vez que se busca complementar la construcción de paz con estrategias de desarrollo[23]. En principio, todo suena muy bonito, pero basta que uno se haga una serie de preguntas para que esta retórica se vuelva bastante inquietante. ¿Qué concepto de paz maneja la UE? ¿El problema es la ausencia del Estado, o la naturaleza violenta, terrorista, excluyente del mismo Estado? ¿No es el mismo Estado el que ha ido expulsando a los pequeños campesinos a las zonas de colonización en el proceso de despojo violento en masa que ha caracterizado al menos medio siglo de política colombiana? ¿En qué se diferencia la tesis de la “ausencia del Estado” a la tesis de las “áreas sin ley” o “sin gobierno” con las cuales EEUU justifica la intervención militar? ¿Qué significa la cacareada cohesión social en torno a un Estado mafioso, violento y paramilitarizado? ¿No es algo perverso tratar de crear confianza de la población hacia las autoridades, cuando esas mismas autoridades están involucradas hasta la médula con el paramilitarismo, la mafia y la militarización de los territorios? Que en la práctica estos programas han sido coordinados mediante el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI) del gobierno, organismo creado en el 2004 para coordinar los aspectos cívicos con la consolidación militar de los territorios, es bastante diciente.
Este programa europeo ha terminado convirtiendo la “construcción de paz” en parte de una estrategia cívico-militar de “pacificación violenta” (en oposición a una solución negociada). ¿No resulta curioso que los laboratorios se den en el marco del conflicto, apoyando decididamente las acciones de una de las partes del conflicto, el Estado, al cual es la única parte a la que se le reconoce legitimidad? Mientras tanto, a la insurgencia, la UE la ha satanizado declarándola (sin ningún argumento legal de peso) como “terrorista”, a la vez que hace la vista gorda a los crímenes atroces cometidos por el Estado en el marco de la guerra sucia. ¿Es esta una forma de apoyar la paz en Colombia?
La “participación ciudadana”, ha terminado siendo una manera de involucrar, mediante el chantaje de los recursos de la financiación internacional, a las organizaciones sociales en las estrategias de consolidación del Estado (terrorista) y de hacerlas repetir las cosas que el poder quiere oír: “violentos”, “actores armados”, “ausencia de Estado”, “fuego cruzado”, “neutralidad”, etc. Esta mutación del discurso, que obscurece la realidad del conflicto social y armado así como el rol violento del Estado, es particularmente dramático en organizaciones prioritarias para el financiamiento europeo, como son organizaciones indígenas y de mujeres. Incluso una opinóloga bastante entusiasta de los laboratorios de paz, ha debido reconocer, al referirse al involucramiento de la “sociedad civil” con el Estado en medio de la conflagración, que es “posible que esta relación sea más una cooptación por parte del Estado de las iniciativas locales y la cooperación internacional” que otra cosa[24]. Los laboratorios de paz no son sino un mecanismo de desmovilización de los movimientos populares para facilitar la paz exprés y la estrategia militar del gobierno, y así facilitar la inversión de las multinacionales europeas[25] gracias al entreguismo de las “locomotoras” santistas. Todo esto, claro está, con un discurso socialdemócrata y “progre”. En esta última fase, de manera perversa, el Estado, a través de las agencias internacionales, incluso se apropia mañosamente ya no sólo de conceptos como “territorio”, “sostenibilidad” y “desarrollo alternativo”, sino que llega incluso a levantar la bandera de la “soberanía alimentaria” a la vez que se acelera la locomotora agroindustrial[26], mediante la promoción de “alianzas productivas” (donde los campesinos se hacen partícipes del modelo agroindustrial en condiciones de desventaja ante los conglomerados de la palma, el caucho, etc.) y “cooperativas de trabajo asociado” que aumentan la explotación a destajo.
La experiencia de la UE en promover los procesos de “paz basura” en Centroamérica, que llevaron a la desmovilización guerrillera para consolidar sociedades aún más desiguales, violentas, anómicas y disfuncionales, deberían llamar a la cautela de las organizaciones verdaderamente populares en torno al rol benefactor de los europeos. Ahí están los casos de El Salvador y Guatemala, triste espejo sobre el cual Colombia debería mirarse para no permitir que ese sea su futuro.
c. ONGs
Las organizaciones “no gubernamentales”[27] se han convertido en promotores de las políticas de gobiernos que proveen los fondos de cooperación internacional, sea directamente, o a través de las instituciones financieras multilaterales en las cuales tienen peso. Con proverbial sabiduría decía un dirigente campesino colombiano en una de las zonas cubiertas por los programas de asistencia europea que “los proyectos de pancoger son la zanahoria con la que intentan entrar con sus proyectos de monocultivos de palma y caucho”[28]. La Cooperación Internacional es una de las principales vías mediante las cuales la UE, los EEUU y el Banco Mundial, han venido promoviendo el modelo de desarrollo agroindustrial, el cual, en la mayoría de los casos, se viene dando en áreas de expansión y consolidación paramiltar[29]. En este sentido, ha habido una íntima relación entre el modelo neoliberal-rentista de desarrollo, la “confianza inversionista”, los megaproyectos y la guerra sucia, que ha implicado violaciones en masa, desplazamiento forzado y el asesinato sistemático de sindicalistas[30].
De la mano de las políticas económicas diseñadas para Colombia por las instituciones financieras, se estimulan “alianzas productivas” con grandes capitalistas mediante el modelo de cooperativas de trabajo asociado, todo con un manto de proyectos de desarrollo alternativo[31]. Quizás el capítulo más siniestro de todos, es la relación que ha habido entre las “alianzas productivas” para producir biodiesel de palma africana, estimuladas con generosas donaciones de USAID, la agencia de cooperación del gobierno de EEUU, y la estrategia de despojo de tierras paramilitar[32]. En ocasiones, como en el caso de Cooproagrosur (Simití, Bolívar), dineros del Plan Colombia y de USAID llegaron directamente a los paramilitares[33]. También USAID ha financiado a un grupo significativo de parapolíticos a través de las ONGs estadounidenses International Republican Institute (Instituto Internacional Republicano, IRI) y del National Democratic Institute (Instituto Nacional Democrático, NDI)[34], demostrando que la participación de la llamada “comunidad internacional” en el conflicto colombiano asume múltiples e insospechadas facetas.
Pero sin lugar a dudas, que el rol más nocivo de muchas ONGs ha sido de carácter político, fundamentalmente mediante la cooptación de los discursos transformadores y mediante la influencia en los programas de los movimientos sociales (con exigencias de “profesionalización”, “tecnificación”, etc.). Esto, como hemos dicho, ha hecho estragos principalmente en organizaciones indígenas, afrocolombianas, de mueres y comunitarias. Con ello, han logrado facilitar, aunque en muchos casos no haya sido esa la intención inicial, la cooptación por parte del gobierno de la que ya se habló más arriba, a la vez que ha sido un factor innegable de desmovilización popular en muchos casos, institucionalizando a los movimientos. Este impacto fue denunciado por la iniciativa más importante de derechos humanos por parte de movimientos sociales, el proyecto “Colombia Nunca Más”:
“El afán de neutralidad se ha expresado en Colombia (…) como una política de simetrías. Asume la forma de una presión social, no pocas veces extorsiva, para que los análisis académicos, las estrategias informativas y las acciones humanitarias, se enmarquen en una estricta simetría: se tiene derecho a denunciar los crímenes de una de las partes en conflicto, a condición de denunciar simétricamente los de la parte contraria (…) Para no pocos periodistas, comunicadores sociales, analistas, académicos y activistas de derechos humanos, asumir la política de las simetrías ha constituido el obligado precio a pagar para conservar su empleo, y muchas veces para conservar su vida (…)
Este mismo proyecto del Nunca Más ha tenido que resistir muchas presiones de agencias financiadoras, que quisieron condicionar sus aportes a una opción por la política de las simetrías (…)
La política de simetrías se erige como una barrera que impide enjuiciar el conflicto desde perspectivas no inmediatistas; desde los móviles profundos de cada uno de los actores; desde los modelos de sociedad que el conflicto pone en juego; desde las aspiraciones y pretensiones globales de cada actor; desde perspectivas que permitan evaluar el conjunto de las violencias que afectan a las capas más vulnerables de la sociedad; desde responsabilidades profundas frente al futuro (…) La política de simetrías busca inmovilizar a la sociedad, convenciéndola de que ‘todos los actores son igualmente perversos’ y de que lo mejor es marginarse, descomprometerse en toda medida, y entrar a gozar del ‘paraíso ético’ del que condena a todo el mundo menos a sí mismo (…)"[35]
No es necesario insistir en lo conveniente que ha resultado para el establecimiento colombiano esta política de meter todos los violentos en el mismo saco e invisibilizar así el rol de las instituciones públicas o, en el peor de los casos, igualarlo a otras muchas formas de violencia. Del mismo modo, el diluir los discursos transformadores y en resistencia a la imposición del modelo en un coro de neutralidad también ha sido muy funcional a la política de violencia oficial, tan funcional como afirmar, contra toda evidencia, que el “conflicto armado” sería una más de las causas de la pobreza y el atraso colombiano, y no expresión de esta miseria, de la resistencia causada por la secular política de acumulación por despojo violento. Discursos todos, patrocinados con jugosos proyectos de las agencias internacionales, que han reforzado el dominio ideológico de la oligarquía más sanguinaria del continente y forzado un aparente consenso de la “sociedad civil” (de la cual están excluidos los “disidentes”) en torno al modelo.
d. China
También el gobierno colombiano mantiene un acuerdo de cooperación militar con China, con el cual el país asiático ha facilitado material logístico y equipos para el ejército[36]. Es imposible ignorar que esta “asistencia” se dé en un marco diferente al interés de la voraz economía china en establecer una base de operaciones más fuerte en Colombia, país rico en biodiversidad y recursos naturales estratégicos para la economía china.
e. Latinoamérica
Mucho menos se habla de la creciente participación de otros países como Brasil, que desde el 2011 viene desarrollando embarcaciones militares fluviales y aviones no tripulados (drones) conjuntamente[37]. Brasil y Colombia tienen acuerdos de cooperación para fortalecer la industria militar, aparte de acuerdos de colaboración en información militar y haber acordado la creación de un centro integrado para la región amazónica[38]. Un elemento clave en la estrategia militar impulsada desde el 2006, ante la incapacidad del Ejército colombiano de derrotar a los guerrilleros en el campo de batalla, ha sido fortalecer la fuerza aérea, donde han logrado los golpes más importantes a los rebeldes. Aparte de la inteligencia de EEUU e Israel, de los sistemas GPS y bombas “inteligentes” proporcionadas por la CIA y la NSA, los aviones Súper Tucanos del Brasil han jugado un papel crucial. Estos aviones fueron utilizados para bombardear, por órdenes de la CIA y con el beneplácito de Juan Manuel Santos, entonces ministro de defensa de Álvaro Uribe, territorio ecuatoriano en Marzo del 2008 para asesinar al líder guerrillero Raúl Reyes.
La participación de Brasil en el conflicto, plantea el problema sobre qué se entiende en realidad como la “unidad latinoamericana” concepto que ya es hora que la izquierda latinoamericana lo asuma de manera un poco más crítica y con menos romanticismo trasnochado. Más aún cuando la política de buena vecindad de Santos con Venezuela y Ecuador también ha sido un factor importante en la política contrainsurgente, pues ha logrado, efectivamente, la cooperación militar de estos dos países (del llamado bloque progresista) en la estrategia contrainsurgente colombiana mediante la aplicación de la doctrina del yunque y el martillo en las fronteras, con Ecuador movilizando 10.000 soldados a la frontera, y con Venezuela colaborando en repetidas ocasiones en la entrega de supuestos insurgentes a las autoridades colombianas, en muchos casos, saltándose incluso la legalidad[39]. No es casual que Rafael Correa, presidente de Ecuador, haya dicho, ante las revelaciones del Washington Post que fueron hechas… ¡para dañar su excelente relación con Santos![40] Mejor barrer esto bajo la alfombra, hacer la vista gorda ante el intervencionismo y la complicidad de Santos en todo el embrollo ese, que todos sigamos siendo “amigos”. Reconocer esta connivencia entre los vecinos “progresistas” con el régimen colombiano resulta bastante incómodo para la mayoría de la izquierda, que con el argumento de la unidad latinoamericana pueden excusar lo inexcusable.
Interrogantes más allá de las “operaciones quirúrgicas”
Como hemos visto, los servicios de inteligencia de EEUU operan en Colombia de manera eficiente, extendida y su rol va mucho más allá de dar apoyo a las iniciativas del gobierno. En realidad, el gobierno colombiano carece de iniciativa y se limita a poner los combatientes para estrategias político-militares diseñadas en otras latitudes.
Estas estrategias militares van mucho más allá de la lucha contra el movimiento guerrillero. El artículo de Priest no menciona algo que ya habían denunciado en el mismo Washington Post las periodistas Claudia Julieta Duque y Karen De Young: el financiamiento y patrocinio de la CIA al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), oficina de inteligencia colombiana[41], verdadera policía política, dependiente del Ejecutivo, que durante el gobierno de Álvaro Uribe elaboró un programa integral de amedrentamiento, escuchas y chuzadas, seguimiento y amenazas en contra de la oposición política, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, en fin, contra cualquiera que Uribe considerase una “amenaza”. Este plan fue llamado, a su momento, por el periodista Juan Gossaín, un acto de terrorismo de Estado, como un “crimen monstruoso”[42]. Más grave, es que la embajada de EEUU creó, al interior del DAS, un grupo de inteligencia denominado GAME, que reportaba directamente a la embajada norteamericana a cambio de un sueldo mensual, demostrándose así que EEUU tiene un control directo sobre la inteligencia colombiana[43].
Hay varias preguntas que nos podemos hacer en base a lo que no se dice en el artículo, cosas que se insinúan pero cuyas respuestas aún no podemos conocer a cabalidad. Dada la penetración norteamericana en Colombia, en sus organismos de inteligencia, etc. el argumento de que “no lo sabíamos” o “no estábamos enterados” ya no es defendible. Una reciente editorial de La Jornada afirma que, en “un ejemplo más de la doble moral característica de Washington, Álvaro Uribe concluyó sus días al frente de la Casa de Nariño en medio de acusaciones de funcionarios y legisladores estadounidenses por los atropellos cometidos por su gobierno en el contexto de la política de un plan de contrainsurgencia del gobierno colombiano alentado por la propia Casa Blanca”[44]. Para los EEUU el discurso de derechos humanos, es sólo eso, un discurso, un envoltorio conveniente con el cual endulzar las verdaderas razones detrás de decisiones macabras, para no indigestar a la opinión pública.
Las respuestas a estas preguntas (respuestas detalladas, precisas, no genéricas) son fundamentales para desentrañar la realidad de más de medio siglo de conflicto y guerra sucia en Colombia:
¿Cuál ha sido el rol que EEUU ha tenido en el desarrollo, sostenimiento, expansión y mutación del paramilitarismo (ahora llamadas Bacrim) en Colombia? Es difícil que, con ese nivel de conocimiento de la realidad colombiana no se hayan enterado, más aún cuando el mismo artículo de Priest reconoce que la inteligencia norteamericana hacía la vista gorda ante el paramilitarismo porque sólo les interesaban las FARC-EP.
Si la correlación paramilitarismo/ayuda militar norteamericana descubierta por Dube y Naidu es causal, como todo parece indicar, ¿cuáles son los mecanismos exactos mediante los cuales la ayuda militar norteamericana llega al paramilitarismo (vía el Ejército) y por qué el gobierno de EEUU no ha hecho nada para frenar este flujo? ¿cómo se ha mantenido ese flujo después de la fragmentación del mando centralizado paramilitar (AUC) y su reconversión en bandas regionales?
¿Qué rol real han tenido las agencias de inteligencia norteamericanas en la estrategia de aniquilar al sindicalismo? Estrategia en la cual está bien comprobada la entusiasta participación de multinacionales norteamericanas como Chiquita y en la cual participó activamente el DAS, agencia donde EEUU tenía sus garras firmemente clavadas.
¿Existe una estrategia pensada por estos organismos de EEUU para acelerar el desplazamiento masivo y el despojo de tierras a fin de favorecer a sus grandes capitales que están invirtiendo en áreas como los agro-negocios y la industria minero-energética? En otras palabras, el desplazamiento masivo en Colombia, ¿responde a una estrategia diseñada desde Washington, o es solamente utilizado en su beneficio de manera oportunista?
¿Existe asesoramiento norteamericano específicamente impartido para aplastar la oposición política o la protesta social por medios militares, como vimos en el paro agrario de agosto del 2013?
¿Cuál es la relación entre el narcotráfico, que ha permeado el paramilitarismo y sectores del Ejército, con las agencias norteamericanas? ¿Qué interés tiene EEUU de promover la “Guerra contra las Drogas” a la vez que se ignora (o al parecer se estimula) el narco-paramilitarismo? ¿valorización del producto? ¿pantalla para actividades contrainsurgentes? ¿criminalizar la rebelión? ¿todas las anteriores?
¿Cuál es el nivel real de participación directa, mediante asesores, del gobierno norteamericano en el diseño de políticas de gobierno en Colombia, más allá del conflicto? ¿quién diseñó las locomotoras, la política de la seguridad democrática y la confianza inversionista?
Dado el nivel de entreguismo del régimen colombiano, ¿Con quién hay que negociar la paz entonces? ¿Por qué no hay un representante del gobierno de los EEUU, si ellos son realmente los que mueven los hilos? ¿Tiene algún sentido negociar con un gobierno que no decide y peor aún, que no es siquiera determinante a la hora de definir los destinos del país? ¿Quién es la voz cantante por parte del gobierno en la mesa? ¿Quién define lo que es negociable y lo que no? ¿Quién realmente se opone al cese al fuego?
El Ministro Pinzón ha sido uno de los principales obstáculos en el proceso de paz, al que constantemente ha torpedeado con montajes y declaraciones irresponsables. En este ataque sistemático a las negociaciones de paz ¿De quién sigue órdenes? ¿de Uribe Vélez? ¿del Pentágono? ¿de la CIA? ¿de Santos? ¿de todos los anteriores? ¿de ninguno de los anteriores?
No esperamos que la perezosa prensa colombiana, cómplice de la brutalidad del régimen, examine estas preguntas o siquiera se las haga. Estas son algunas preguntas que tenemos todo el derecho a hacer después de la revelación de este artículo así como de la bochornosa competencia entre el ministro Pinzón, Pastrana, Uribe y Santos para demostrar quién es el más arrodillado. La respuesta a estas preguntas debería ser una tarea de los investigadores comprometidos y de los medios populares, que operan, como bien se sabe, en muy adversas circunstancias.
¿Quién paga el precio del entreguismo de la oligarquía?
Nada en la vida es gratis. En una permanente crisis hegemónica, carente de legitimidad, acosada por el malestar y la subversión interna, la oligarquía colombiana debe constantemente negociar su poder con la comunidad internacional que le arroja chalecos salvavidas bajo la forma de la cooperación internacional y asistencia militar en la sacrosanta lucha contra el “terrorismo y las drogas”. Como contrapartida, entregan la soberanía del país (cada vez más ajeno para los colombianos), confundiendo, como Rangel, “soberanía” con el dominio absoluto de una élite raquítica. Entregan los recursos, los servicios, la mano de obra barata, el turismo sexual a granel, venden barato al país a cambio del apoyo necesario para mantenerse formalmente en el poder. Saben que su única garantía para estar la cabeza de una de las últimas republiquetas oligárquicas del hemisferio occidental, aunque ésta sea manejada a control remoto desde el “frío país del norte”. Las diferentes iniciativas legales del gobierno para promover la extranjerización de tierras y su negativa a poner límites al acaparamiento de tierras por parte de extranjeros en las negociaciones de La Habana, las “Locomotoras para el Desarrollo”, todo esto debe ser leído en clave de este intercambio abusivo en el cual Colombia, su territorio y su pueblo, son moneda de cambio.
El precio de lanzar el chaleco salvavidas de esta oligarquía parásita y criminal ha sido cobrado con creces mediante la inversión en el negocio de la guerra y mediante diversos Tratados de Libre Comercio impuestos al pueblo colombiano. Ahí tanto la Unión Europea, como los EEUU e Israel han sido beneficiarios principales. Las crecientes movilizaciones en contra de este aperturismo económico irresponsable (contracara del despojo violento), catapultadas por las protestas campesinas durante el 2013, demuestran que el pueblo despierta ante esta tiranía neoliberal impuesta, literalmente, a sangre y fuego. Que esta guerra no es sólo contra el movimiento guerrillero sino que contra el conjunto del pueblo, es algo que se debe entender para poder superar falsas dicotomías y avanzar hacia un acuerdo mínimo para transformar estructuralmente el país, acabando así con esta situación de dependencia y arrodillamiento. El proceso de paz actualmente en curso, ha creado un importante espacio, de muchos que deben surgir, para elaborar esa visión de país alternativo. Se requiere de una amplia movilización para rodearla, para extenderla, para profundizar su contenido y sus alcances, acorde a la gravedad del cáncer que corroe a la Republica de Colombia.
José Antonio Gutiérrez D.
2 de Enero, 2013
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