La palabra ajuste se ha convertido en mala palabra para el kirchnerismo en sus más de diez años de gobierno. Después de los fuertes recortes fiscales que hundieron a Argentina en la crisis de 2001-2002, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora y viuda, Cristina Fernández, han pregonado en contra de cualquier poda. También han evitado subidas de tarifas de servicios públicos y para sostenerlas sin cambios han ido aumentando las subvenciones desde 2005. El presupuesto de subsidios de energía y transporte fue incrementándose de manera tal que superó al de obras públicas y fue el factor clave para que Argentina pasara de un superávit fiscal primario (antes del pago de la deuda) del 2,7% del PIB en 2008 a un déficit del 2,8% en 2013, un rojo que fue cubierto con emisión monetaria y la consiguiente inflación, según el análisis de diversos economistas.
Pero, ahora que el Gobierno de Fernández ha devaluado el peso (el dólar subió un 20% en lo que va de 2014) ante la escasez de divisas en el país, la inflación ha subido del 27% en diciembre pasado al 29% en enero. Para aplacar la depreciación de la moneda y el encarecimiento de los productos, el Banco Central ha subido los tipos de interés y el Ejecutivo, además de buscar acuerdos de precios de bienes básicos y de elevar ayudas sociales, también analiza el recorte de su política de subvenciones a la energía.
“Muchos que me critican los subsidios hoy, en aquel momento (en alusión a la poscrisis de 2003), si no se hubiera subsidiado la energía, no tenían forma de apuntalar el consumo, porque recién se empezaba a mover la rueda de construir industrias, de abrir fábricas, recién fueron las primeras convenciones colectivas de trabajo”, dijo Fernández el pasado miércoles. “Entonces, los subsidios surgieron como una manera de apuntalar ese consumo ayudando al trabajador. Es cierto que hoy, evidentemente, subsisten sectores que tienen subsidios que ya no los necesitan, porque dada la prosperidad, sí, no hay que asustarse de la palabra, la prosperidad que hemos construido los argentinos en poco más de 10 años, ha permitido lo que siempre he venido a hablar y muchos no se daban cuenta o parecía un término teórico: la movilidad social ascendente. Entonces, es necesario abordar los problemas, como yo decía y alguien no lo interpretó o lo distorsionó como siempre, cuando hablé de sintonía fina: políticas de ajuste, no; políticas de equidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque no es justo que este señor esté así, con una ristra de chorizos, y haya otro que pueda, siendo trabajador registrado, comprar dólares y que además le subsidien la luz, el gas y todo”, se refirió la jefa de Estado a los ciudadanos que desde enero han podido volver a adquirir divisas para ahorrar, después de casi dos años de prohibiciones, pero siempre y cuando ganen más de 918 dólares mensuales.
Después de conseguir su releección en 2011, con un aplastante 54% de los votos, Fernández había comenzado con su sintonía fina. En Buenos Aires, donde vive un tercio de los argentinos y donde se concentraban casi todos los subsidios, aumentaron entonces las tarifas del transporte público, pero las de gas y electricidad solo lo hicieron en los barrios ricos. En un país donde un cuarto de la población es pobre, la clase media se salvó del ajuste porque el Gobierno argentino desistió de hacerlo después del impacto negativo en su imagen que provocó en 2012 un accidente de los vetustos ferrocarriles de cercanías que dejó 51 muertos.
Pero la realidad se ha impuesto y este año comenzó con una subida del 66% del billete de autobús. Los subsidios económicos, sobre todo a la energía y el transporte, representan ya un 5% del PIB y triplican el presupuesto de obra pública, según datos de las consultoras Econométrica y ACM. La pregunta radica en dónde cortar. Si disminuyesen las subvenciones a tarifas de servicios públicos, la subida de éstas provocaría un impacto inicial en la inflación, pero a mediano plazo bajaría el gasto público y eso desalentaría la actividad económica y el alza general de precios. De hacerlo, el kirchnerismo planea excluir de la poda a la mayoría de pensionistas, que cobra el haber mínimo, a los parados (6,8%) y a los trabajadores informales (34% del total).
En los primeros nueve meses de 2013, el Estado argentino había gastado 6.411 millones de dólares en subvenciones a la electricidad y el gas, que resguardan desde la clase media alta hasta los pobres, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto. Este gasto ha ido subiendo en la medida en que Argentina perdió el autoabastecimiento energético en 2011 y tiene que importar gas y combustibles. Analistas especulan con que en marzo, cuando pase el efecto inflacionario de la devaluación, el Gobierno recortará estos subsidios. En la actualidad, una familia de clase media alta puede pagar cuatro euros mensuales por un servicio eléctrico que sufrió varias interrupciones este verano austral.
Entre enero y septiembre de 2013, los subsidios al transporte público llegaron a 1.549 millones. También hay ayudas para empresas estatales. Aerolíneas Argentinas recibió 345 millones; el ferrocarril de cargas Belgrano, 439 millones; la compañía de agua potable y saneamiento de Buenos Aires, AySA, que subvenciona a todos sus clientes y no cobra por litro consumido sino una tarifa base, 729 millones; y la firma de desarrollos satelitales Arsat, 487 millones. Estos son los principales subsidios económicos.
En cuanto a las subvenciones sociales, en general ni los políticos de la oposición de derecha están planteando recortes, aunque muchos de sus votantes, de discursos reaccionarios, así lo desearían. Se trata de ayudas que van dirigidas a los pobres, a diferencia de los subsidios económicos, muchos de los cuales terminan beneficiando más a la clase media. Su presupuesto es considerablemente menor y no ha crecido más allá de la inflación, como sí lo hicieron los subsidios económicos. Por ejemplo, el plan de construcción de viviendas sociales insumió en los primeros nueve meses 382 millones de dólares; la asignación universal por hijo, que reciben parados y trabajadores informales, 1.453 millones, cuatro veces menos que las ayudas a la energía, que favorecen a todos los sectores sociales; y la cobertura médica para pensionistas, 1.058 millones. Lo que ha cuestionado la oposición es el plan Argentina Trabaja, que emplea a parados en cooperativas que cumplen con tareas de limpieza de calles y obras públicas y que demandó 307 millones en aquel periodo. Algunos opositores han criticado el programa por presunto clientelismo político del kirchnerismo a la hora de designar a los beneficiados, pero los de izquierda también advierten de que los cooperativistas acaban trabajando así por la mitad del salario mínimo (459 euros mensuales).
Pronto se sabrá por dónde ajusta Fernández. No será la primera presidenta peronista que lo hace. Lo ha hecho Juan Domingo Perón en su segundo gobierno (1952-1955), su viuda Isabel Perón (1974-1976) y Carlos Menem (1989-1999), que a diferencia de los otros abrazó con gusto la doctrina neoliberal de la reducción del Estado.
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