Una reforma permitirá a México calificar de terrorismo la protesta social
- Viernes, febrero 14, 2014, 0:01
- Latinoamérica
El Senado mexicano aprobó un paquete de reformas penales
contra el terrorismo, que establece penas desde 15 a 40 años de
presidio a quien fomente o ejecute estas prácticas, informaron fuentes
legislativas, reportaron agencias.
Según la reforma, aprobada con 83 votos a favor, cero en contra y 22
abstenciones, la condena podría aumentar en 50% para quienes atenten
contra edificios, vehículos y demás bienes públicos, instalaciones de
órganos internacionales o representaciones de Gobiernos extranjeros, o
por actos que impliquen la toma de rehenes.
De acuerdo con la iniciativa, enviada al Ejecutivo por el presidente
Enrique Peña Nieto, el uso de sustancias tóxicas, armas químicas,
biológicas o similares, así como material radiactivo o nuclear en
acciones que atenten contra la seguridad nacional también se considera
acto terrorista.
Las reformas serán aplicadas a los códigos Penal Federal, Federal de
Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como a las leyes
federales contra la Delincuencia Organizada y de Extinción de Dominio,
con el fin de fortalecer el combate a este delito y adecuar la
legislación al marco internacional en la materia.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil
Zuarth, explicó en tribuna que con los nuevos ordenamientos: “México
atenderá tres recomendaciones del Mecanismo Internacional, dependiente
de la Organización de Naciones Unidas, en materia de combate al
terrorismo (GAFI), que se reunirá esta misma semana para evaluar las
acciones de nuestro país en la materia”.
En el dictamen aprobado, igualmente se castigará a quienes adquieran,
administren, reciban o transporten dentro del territorio nacional y
hacia el extranjero, o viceversa, recursos o bienes procedentes de
actividades ilícitas y también desmovilizar fondos o activos a
requerimiento de los órganos del Estado.
“(Se castigará a quien) intencionalmente realice actos (…) en contra
de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan
alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella,
para atentar contra la seguridad nacional”, señala el texto.
Omisión peligrosa denuncian legisladores
El punto más controversial de la reforma aprobada por el Congreso
mexicano es el artículo 139, dentro del cual fue suprimida una
disposición en la que se establece que las protestas sociales no podrán
ser equiparadas con los actos terroristas, según denunciaron senadores
de las organizaciones políticas Revolución Democrática (PRD) y Partido
del Trabajador (PT).
Afirmaron que no existe situación de terrorismo en México y que la
eliminación de este punto, es un pretexto para acusar de delitos
políticos a los ciudadanos que se manifiesten, sobre todo si en dichas
protestas existen disturbios, como ha ocurrido recientemente por las
reivindicaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de
los docentes y empleados del sector educativo que lidera la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Además, “se restablece el delito de disolución social, principal
elemento con el que el Gobierno mexicano persiguió a la oposición en
décadas pasadas”, alertó el senador del PRD, Alejandro Encinas
Rodríguez.
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