Cambio de forma y nueva dinámica

En una declaración publicada el martes 11 de febrero, Rogelio Sierra Díaz, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, informó que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) autorizó a la Comisión Europea y a la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, a iniciar negociaciones sobre la disposición de un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la República de Cuba y agregó que "Cuba considerará la invitación formulada por la parte europea, de manera respetuosa, constructiva y apegada a su soberanía e intereses nacionales".

Se trata del posible inicio de negociaciones para un diálogo político bilateral y un Acuerdo de Cooperación en dependencia de que las autoridades cubanas acepten la invitación. Al respecto, Catherine Ashton expresó: "Espero que Cuba apruebe esta propuesta y podamos pronto trabajar en pos de una relación más firme", pero dijo que "la decisión no constituye un cambio político respecto al pasado"; lo que puede interpretarse como un cambio de forma, no de contenido. Por su parte, el embajador de la UE en Cuba dijo que "la política es la misma pero hay una nueva dinámica", y calificó la decisión como un "gran paso adelante", pues el posible acuerdo "formalizaría la cooperación a todos los niveles sobre una base jurídica y política más firme".

Las transiciones hacia la democracia dependen tanto de los factores internos como de los externos. En dependencia de la mayor o menor fuerza de los primeros, los segundos asumen un mayor o menor protagonismo, que es precisamente el caso de Cuba, como se puede apreciar si miramos por el retrovisor.

La revolución que tomó el poder en 1959, convertida en fuente de derecho, se enrumbó hacia el totalitarismo. La Constitución de 1940 fue sustituida de facto por La Ley Fundamental del Estado Cubano, con la cual el Primer Ministro designado asumió las facultades de Jefe de Gobierno y el recién creado Consejo de Ministros se adjudicó las funciones del Congreso. A partir de entonces se procedió a concentrar el poder en manos del líder, la propiedad en manos del Estado, a desmontar la sociedad civil y a restringir las libertades ciudadanas y los derechos humanos, por lo que los cubanos, desarmados de instrumentos y espacios cívicos, perdieron la condición de ciudadanos.

En ese contexto, los países de la entonces Comunidad Europea, que mantenían relaciones bilaterales con Cuba, establecieron en 1996 la Posición Común con el objetivo de "alentar un proceso de transición a una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como una recuperación sostenible y la mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano". Esa decisión, que de hecho constituyó un apoyo moral a la oposición dentro de la Isla, agudizó las contradicciones entre la UE y La Habana. Posteriormente, en el año 2002, cuando se instaló la delegación de la Comisión Europea en La Habana y se recibió con beneplácito la solicitud de Cuba para incorporarse al Acuerdo de Cotonú[1], se abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Sin embargo, en el año 2003, el encarcelamiento de 75 opositores pacíficos y el fusilamiento de tres jóvenes que intentaron capturar una lancha para escapar del país, llevó al Consejo de la UE[2] a reafirmar la vigencia y validez de la Posición Común.

En el año 2008, cuando los huracanes que azotaron el país profundizaron la crisis interna, el Gobierno firmó el restablecimiento de las relaciones con la UE y se acordó reiniciar el diálogo político. El Comisario Europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, firmaron una declaración dando a conocer la decisión, mientras el gobierno de España se empleaba a fondo para que la Posición Común fuera derogada. Sin embargo, en 2010, precisamente cuando España ocupaba la presidencia de la UE, dos sucesos echaron por tierra ese propósito: Cuba prohibió la entrada al eurodiputado español Luis Yáñez y al mes siguiente murió en una prolongada huelga de hambre el prisionero político Orlando Zapata Tamayo.

Si ahora el gobierno cubano aceptara la invitación de la UE, tendría que aceptar el diálogo sobre el tema de los derechos humanos y proceder al restablecimiento de lo que nunca debió ser barrido. Lo interesante es que no estamos en las mismas condiciones de aquel año, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, al referirse a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, declaró: "Si la UE se apartara de la votación estéril que genera enfrentamiento, Cuba estaría dispuesta a sentarse con la UE a acordar un programa". Y Que Cuba "se sentiría en la deuda moral de acompañar la decisión europea. Firmaría el pacto de derechos económicos, sociales y culturales al día siguiente, diciendo que hemos empezado una nueva etapa en nuestras relaciones".

De producirse la negociación, a juzgar por las palabras de Catherine Ashton, los países de la UE tendrían que poner sobre la mesa la siguiente exigencia:

Acoplar las leyes cubanas con la Carta de las Naciones Unidas y con todos los instrumentos de derecho internacional, como la Carta Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 30 reza: "Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración". Un enunciado que para Cuba tiene un significado especial, pues fue una de las naciones promotoras y firmantes de tan importante documento. Y también ratificar los pactos de derechos humanos, firmados desde el año 2008, que constituyen la base de la dignidad de la persona y garantía de que los cambios proyectados tengan un efecto positivo para la sociedad cubana.

Sobre esa primera exigencia, el Gobierno de Cuba tendría que suspender las represiones y el encarcelamiento por motivos políticos; los países de la UE podrían fomentar los intercambios con la sociedad civil para que los cubanos emerjan gradualmente de la marginalidad política y recuperen la condición de ciudadanos, todo lo cual coadyuvaría al fomento de la soberanía popular para que los cubanos puedan ser protagonistas de su historia y su destino.

A lo anterior se uniría el reclamo para que el Código de Trabajo —que será promulgado próximamente— recoja el derecho a la libre sindicalización y a la contratación libre de la mano de obra, dos aspectos contenidos en la Legislación Laboral de 1938 y en la Constitución de 1940; así como para que la nueva Ley de Inversiones incluya a los nacionales, pues los proyectos para los que se está invitando a los inversionistas extranjeros serán de utilidad sólo en la medida en que los cubanos se conviertan en sujetos de los cambios con derechos reconocidos. El caso particular del proyecto Zona Especial de Desarrollo Mariel podría ser de enorme utilidad para la economía cubana a condición de la democratización del país. Lo demás sería, de facto, fortalecer el actual modelo y condenar a los cubanos a permanecer en la marginalidad cívica, política y económica.