La Guardia Nacional de Venezuela ha visitado los principales puertos y aeropuertos el país para concretar una orden de captura emitida por un tribunal contra el líder opositor Leopoldo López. La búsqueda también se ha extendido al aeródromo privado Oscar Machado Zuloaga, localizado en Charallave, a las afueras de la capital venezolana, y a la sede del partido Voluntad Popular (VP), que fue allanada la tarde de este jueves.

La noche de este jueves el presidente Nicolás Maduro confirmó que el Gobierno está buscando a López. En un mensaje transmitido a todo el país el gobernante dijo sin mencionarlo por su nombre: “Pronto tendrá que conocer una cárcel por sus crímenes. Llueva, truene o relampaguee el prófugo fascista debe ir preso”. Poco antes el responsable nacional de VP había escrito en su cuenta de Twitter que estaba en el país y que seguiría en las calles. Pero esa versión fue refutada por el número dos del gobierno Diosdado Cabello, quien anunció, también en Twitter, que López tenía pasaje para viajar a Bogotá en el primer vuelo de la mañana.

El Gobierno responsabiliza a López, de 42 años, del violento desenlace de una protesta opositora ocurrida este miércoles en el centro de Caracas, que culminó con tres fallecidos. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro aseguró que ese evento forma parte de un golpe de Estado en desarrollo y llamó a la solidaridad de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Su paradero se desconoce, aunque Carlos Vecchio, otro de los dirigentes de la organización, dijo que López estaba en su casa en compañía de sus abogados. Este dirigente forma parte de un ala de la oposición -en la que también están la diputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma- que ha decidido promover manifestaciones callejeras hasta que caiga el régimen venezolano. El miércoles en la noche, durante una rueda de prensa, el dirigente restó importancia a esa posibilidad y dijo que permanecería en el país para enfrentar las consecuencias de las acciones que ha convocado.

El diario El Universal de la capital venezolana obtuvo una copia de la orden de captura. Según ese documento a López se le imputan los delitos de asociación para delinquir, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio y terrorismo.

“Cuando tomemos las medidas que vamos a tomar seguramente nos acusarán de antidemocráticos”, reconoció el canciller Jaua en una entrevista con el canal Telesur, de capitales estatales venezolanos. La primera de esas medidas parece ser la inminente detención de López. La otra es impedir la transmisión de las señales de los canales internacionales, que saltaron el cerco informativo impuesto por las plantas locales para informar en directo lo que estaba ocurriendo. La señal de la cadena colombiana NTN 24 ha sido sacada de la parrilla de programación de las compañías de televisión por suscripción Directv y Movistar después de una orden verbal dada por el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo. La página web de esa planta también ha sido bloqueada. “Fue una decisión de Estado”, reconoció Maduro. “Nadie va a venir desde el exterior a perturbar la paz de Venezuela”.

La mañana transcurrió en medio de una calma relativa. Piquetes y tanquetas de las Guardia Nacional venezolana custodiaban la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en la avenida Francisco de Miranda de Caracas y aquellas zonas de la ciudad donde suelen ocurrir manifestaciones. Usuarios de la red social Twitter reportaron la misma escena en la ciudad de Mérida, en los andes venezolanos, donde desde hace dos semanas los estudiantes protagonizan fuertes choques con la policía.

Hacia el mediodía, sin embargo, algunos estudiantes de una de las sedes de la Universidad Alejandro de Humboldt, localizada en la avenida Rómulo Gallegos, se lanzaron a la calle para protestar por la muerte del joven Basil Da Costa, por un disparo en la cabeza. Aunque en principio se informó que Da Costa era estudiante de Mercadeo en la institución, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, aclaró que era un carpintero que acompañaba a un primo. Igualmente otros jóvenes del Instituto Universitario de Mercadotecnia salieron a manifestarse frente a la sede de la institución en la avenida Casanova de Caracas.

En horas de la tarde los manifestantes se concentraron en la plaza Altamira del municipio Chacao, al Este de la ciudad, y esperaban la llegada de más personas. Un grupo de ellos caminaba por la avenida principal de Las Mercedes, en el barrio del mismo nombre, y planeaban sumarse a aquella aglomeración. El ambiente de relativa calma era interrumpido por cánticos alusivos a la represión del Gobierno y abucheos a los camarógrafos de Venevisión y Globovisión, las grandes villanas de esta historia, que a juicio de ellos “se han vendido a los intereses del Gobierno”. A primera hora de la noche interrumpían el tránsito en parte de la autopista Francisco Fajardo cerca del lugar de las aglomeraciones. Más tarde se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y policías en el sector de Los Ruices.

En varios puntos de la geografía nacional hubo pequeñas manifestaciones de estudiantes y espontáneos. En Punto Fijo, estado Falcón, al Occidente, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y en Maracaibo, estado Zulia. Estos actos desafían la orden dada por el presidente Maduro. Desde La Victoria, en el estado Aragua, el gobernante anunció que no permitiría protestas que no estuvieran permisadas. “Quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso de movilizarse será detenido” El alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma ha asegurado que esa medida es una suspensión de facto de las garantías constitucionales.

Hasta el momento, además de los tres fallecidos, el Ministerio Público venezolano ha confirmado las heridas de 66 personas y 69 detenciones por actos vandálicos, que incluyen daños a 54 vehículos. La fiscal general Luisa Ortega Díaz prometió en su programa de radio: “Esto no va a quedar impune”. Las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, aseveran que los detenidos son más de 200.

El secretario general de la OEA José Miguel Insulza condenó este jueves la violencia que sacude las calles de Venezuela y llamó a "todos los actores a evitar nuevas confrontaciones que puedan agravar las tensiones existentes, provocando más víctimas”. Human Rights Watch pidió investigar las muertes de forma oportuna e imparcial y no utilizar esa pesquisa como una excusa “para perseguir penalmente a opositores políticos o limitar la libertad de expresión”.

Es difícil anticipar cuál podría ser el desenlace de esta historia. En protestas anteriores la oposición se mantuvo en el mismo sector que hoy ocupa. Son sectores de clase media acomodada que en abrumadora mayoría rechazan el proyecto chavista. Con el paso de los días la indiferencia del gobierno y el desgaste terminaron por disolver la protesta. El gobierno por ahora actúa como en el pasado aconsejó el entonces vicepresidente y hoy periodista José Vicente Rangel cuando en 2002 un grupo de militares ocupó durante cuatro meses la plaza Altamira hasta que, debilitados, abandonaron la toma. “Déjalos, Hugo”, le dijo al presidente Chávez. “Que se cocinen en su propia salsa”.