El jueves, casi al final de una alocución transmitida a todo el país, el presidente Nicolás Maduro comentó que había conversado con su número dos Diosdado Cabello, máxima autoridad del Poder Legislativo. No tendría nada raro el intercambio entre los hombres más poderosos de Venezuela a no ser por la solemnidad que Maduro le confirió a un acto de rutina. “Diosdado me llamó por teléfono y me notificó oficialmente que la Asamblea Nacional iniciaría de inmediato la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Contralor General de
El anuncio fue una sorpresa. A pesar de las críticas de la oposición, durante más de un año el gobierno no mostró interés en promover la renovación de las autoridades con periodos vencidos o cargos vacantes. La Asamblea Nacional, por ejemplo, debió juramentar en febrero de 2013 al Comité de Postulaciones Electorales, formado por once diputados y diez representantes de la sociedad civil, que seleccionaría de entre una lista de postulados a los candidatos a suceder a la presidenta del CNE Tibisay Lucena, a la vicepresidenta Sandra Oblitas y al rector principal Vicente Díaz, cuyos mandatos expiraron hace once meses. El Legislativo también está en deuda porque ha permitido que una funcionaria encargada, Adelina Gutiérrez, ejerza durante casi tres años el cargo de Contralor General de la República, cuyo titular, Clodosbaldo Russian, falleció en junio de 2011. Y también ha ignorado que hay once magistrados del Supremo que cesaron en funciones desde hace más de un año y no se han reunido para escoger a sus sucesores.
Para nombrar a las autoridades del CNE y del Contralor se necesita un acuerdo de dos tercios de la plenaria -es decir, 110 votos de 165 escaños- que el chavismo no tiene. La mora les venía bien. En su gran mayoría los funcionarios salientes respondían a sus intereses y le daban el cariz legal necesario para hacer potables sus decisiones. No obstante, la crisis política desatada desde principios de febrero con los fuertes disturbios de la oposición le ha obligado a un retroceso táctico en la tenaz idea de concretar la inacababa obra de Hugo Chávez. Ha sido, además, la forma de conjurar esa extendida opinión que les retrata como una fuerza que no procura entenderse con su contraparte. También una manera de restarle argumentos a la Mesa de la Unidad que ha exigido condiciones para poder aceptar el diálogo propuesto por el chavismo con las llamadas Conferencias de Paz.
El gesto parece también la consecuencia inmediata de la reciente visita de la misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que llegó a Caracas con una agenda marcada por los intereses del Gobierno, pero se llevó, gracias a la insistencia de Colombia y Paraguay, una impresión mucho más amplia de lo que ocurre en el país. Aunque en el comunicado entregado este jueves no hay alusión a ese punto sino a su compromiso con el entendimiento entre las partes, es un síntoma muy revelador el hecho de que el anuncio hecho por el Maduro se produjera la noche que concluía el trabajo de la misión. Esto pudiera interpretarse como una oportunidad para reinstitucionalizar el país conformando ternas más representativas en los poderes públicos y también como la primera gran victoria obtenida por el ala opositora que presiona en las calles la salida del Presidente.
Ese grupo –liderado por el dirigente Leopoldo López, la diputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma- ha recibido con escepticismo el anuncio. Esa desconfianza tiene su origen en procesos de diálogo surgidos de crisis anteriores. En mayo de 2003 la Organización de Estados Americanos, con la mediación de su entonces secretario general César Gaviria, moderó las conversaciones entre el gobierno y la oposición luego del golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. La oposición siente que todo lo allí acordado fue traicionado por el Gobierno una vez que disminuía la atención de la comunidad internacional. Esto fue especialmente visible a partir de 2007 cuando el líder bolivariano declaró que su revolución bolivariana era socialista.
A pesar de esos antecedentes, la oposición que encabeza las protestas tiene un margen reducido de acción. No aceptar el diálogo después del gesto del gobierno equivaldría a reforzar la impresión de que sus convicciones no son democráticas, que anida en cierta parte de la comunidad internacional que respalda a Caracas en los foros internacionales. Aceptarlo podría llevarles a aislarse de las personas que protestan y que los tienen como sus guías. La buena acogida de la comunidad internacional a las gestiones de Unasur pesa mucho. Este viernes Washington calificó como “alentadora” la visita de la misión y el anuncio de que una comisión de cancilleres suramericanos se encargará de acercar a las partes. Según el diario local El Universal, los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia impulsarán el diálogo para poner fin a la ola de protestas que se registra desde el pasado 12 de febrero. Hasta el momento van 37 muertos, 559 heridos y 2.000 detenidos, de los cuales la mayoría han recuperado su libertad, aunque siguen sometidos a procesos penales.
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